Una adjudicación hecha a última hora, como si fuera un regalo envenenado para el próximo Gobierno Foral. Fuentes sindicales se refieren de esta forma a la polémica derivación de las ecografías encargadas por el personal médico de Atención Primaria al centro médico privado Centro de Diagnóstico Radiológico de Navarra (Medicis), una decisión que esta semana, coincidiendo con el arranque de los sanfermines, ha sido publicada en el portal de contratación. Las mismas fuentes ven complicado por tanto que ahora haya marcha atrás, a pesar de que uno de los compromisos de las cuatro fuerzas que negocian el próximo Gobierno Foral, alternativo a UPN, sea precisamente revisar las derivaciones sanitarias.
La noticia, adelantada por pamplonaactual.com, se produjo este pasado 6 de julio, cuando el portal de contratación publicó la finalización de los trámites para adjudicar estas derivaciones, a las que también aspiraban la clínica San Juan de Dios (que las había venido prestado durante más de veinte años a través del concierto económico contemplado en la Ley Foral de Salud de 1990) y la clínica Universidad de Navarra. En concreto, se trata de una adjudicación que se ciñe a 2015, pero que puede ser prorrogada durante otros dos años, hasta el final de 2017. Incluyendo esas posibles extensiones, se estima que el coste sería de 1.801.238 euros (IVA excluido). Además, se calcula que, solo en 2015, podrían superarse las 14.000 exploraciones realizadas a través de estas derivaciones, y en los siguientes dos ejercicios la cifra podría aumentar un 11% anual.
Esta propuesta ya generó debate, en primer lugar, según adelantó eldiarionorte Navarra en enero, cuando arrancó el proceso, porque suponía formalizar un sistema que hasta entonces se hacía de forma puntual para aliviar las listas de espera. Fuentes sindicales del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) denunciaron que se iniciaran estos trámites cuando había ecógrafos del CHN cerrados por las tardes por falta de personal; así, ya se criticaron las derivaciones que, por ejemplo, había habido desde el Hospital Reina Sofía de Tudela y el García Orcoyen de Estella. En cualquier caso, el servicio ahora adjudicado se ciñe a ecografías solicitadas dentro de la Atención Primaria, y no las que se tengan que realizar dentro del Complejo Hospitalario, para pacientes ya ingresados o que acudieran a Urgencias.
La decisión también es polémica al existir un vínculo familiar indirecto entre la actual consejera de Salud en funciones, la regionalista Marta Vera, y la dirección de la empresa finalmente seleccionada. Vera, en cualquier caso, alegó que no se trata de un familiar suyo, sino uno “de cuatro grado” de su cónyuge y que, por tanto, se estaba cumpliendo de forma estricta la Ley de Contratos.
Las promesas de revisión
La consejera atribuyó entonces esas dudas a la cercanía electoral, porque la fase crucial del concurso se produjo a apenas cinco días de la cita con las urnas. Otra de las críticas a esta gestión han sido precisamente los plazos: el 22 de enero se publicaron estas condiciones, se esperaron las ofertas y finalmente se ha anunciado la adjudicación durante el arranque de los sanfermines, con el actual ejecutivo en funciones y con las cuatro formaciones (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) que negocian un gobierno de cambio incluyendo en su acuerdo programático la necesidad de revisar las privatizaciones y derivaciones en materia sanitaria.
Fuentes sindicales del Complejo Hospitalario ponen este caso como un ejemplo de la necesidad de que las negociaciones del nuevo ejecutivo se solventen cuanto antes, para evitar nuevas actuaciones de UPN sobre la bocina contrarias a las promesas que está planteando el gobierno del cambio.