Frenar las privatizaciones en Sanidad, estudiar la recuperación de las cocinas, asegurar el modelo D para quien lo desee estudiar en Navarra, recuperar la Renta Básica en los primeros seis meses de gobierno e impulsar una nueva reforma fiscal. Estas son algunas de las claves del acuerdo programático alcanzado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y que regirá el Gobierno Foral durante la próxima legislatura. Las cuatro fuerzas, que ahora siguen negociando cuál será el formato de ese nuevo ejecutivo (la fecha para la investidura de la cabeza de lista de Geroa Bai, Uxue Barkos, apunta al 23 de julio), confirmaron este martes el pacto, y ahora se conoce su contenido. Este se compone de seis grandes bloques (servicios públicos, economía, autogobierno, administración local, pluralidad, función pública), en sintonía con los ejes del gobierno ya anunciados, y además el documento especifica cómo funcionará la Comisión de Seguimiento, el órgano que dirimirá posibles diferencias entre las cuatro fuerzas. Este se reunirá al menos una vez cada tres meses y estará compuesto por cuatro representantes de cada formación.
¿Y cuáles son esas diferencias? Por el momento se enumeran ocho: una nueva Ley del Euskera, la concertación y la convivencia de diferentes modelos lingüísticos, cómo se aseguraría que en todas las poblaciones y barrios hubiera viviendas en alquiler, la petición de la transferencia de competencias vinculadas al trabajo y la Seguridad Social, el modelo de gestión destinado a las políticas activas de empleo (el Consejo de Diálogo Social es solo la punta del iceberg en este debate; por cierto, en el programa se incluye la eliminación de los 900.000 euros concedidos durante la pasada legislatura a este foro), el PSIS de Aroztegia, el sistema de elección de las direcciones generales en Función Pública y, por último, otro de los asuntos más delicados: los “mecanismos para facilitar la reflexión individual y colectiva de las personas condenadas por su relación con ETA”.
El terrorismo y su condena era uno de los temas más analizados en este entendimiento entre cuatro fuerzas, y EH Bildu dio un paso importante al incluir en sus propuestas para este acuerdo programático la condena de cualquier tipo de violencia “que se produzca, incluida la de ETA”. Una fórmula que concreta más la condena pero que también controla los tiempos.
Violencia, en pasado
En el bloque dedicado en el acuerdo programático a la pluralidad y la paz, en cualquier caso, se incluye el compromiso de las cuatro fuerzas contra el uso de la violencia con fines políticos, “sea esta de ETA, de grupos de ultraderecha o de funcionarios del Estado”. Por ello, se insiste en promover la reparación de todas las víctimas, “sin excepción”. Y se habla de la violencia en pasado.
Otras cuestiones destacadas de este apartado son la anunciada creación de una Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, impulsar una Oficina de Atención a las Víctimas, además de participar en las exhumaciones (una de las reivindicaciones clave de colectivos vinculados a la memoria histórica era cumplir la ley en este sentido, que exige a las arcas forales costear estas intervenciones) e impulsar la colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Recuperar la Renta Básica
El apartado destinado a los servicios sociales es uno de los más extensos del acuerdo. Las cuatro fuerzas critican la gestión “nefasta” de UPN durante la anterior legislatura y proponen “darle la vuelta”. Para ello, se creará un Observatorio de Bienestar Social, también habrá una vicepresidencia de rescate ciudadano (una de las exigencias de Podemos), se oponen a la privatización de servicios que sean prestados por la Administración y apuestan por recuperar los subcontratados (las cocinas del Complejo Hospitalario son una de las claves, que en el programa se mencionan expresamente) allí donde sea “factible”.
El programa también incluye delimitar el copago, potenciar la atención primaria, dotar de más personal a los servicios sociales de base y, otro de los acuerdos vitales, recuperar la Renta Básica en los seis primeros meses de la legislatura. Y para obtener esta prestación, destinada a garantizar unos ingresos mínimos, se exigirá un mínimo de residencia de un año y no habrá límite de tiempo en su concesión. Por otro lado, el acuerdo programático se compromete a recuperar los presupuestos en cooperación al desarrollo, y tender al 0,5% para alcanzarlo al final de la legislatura, como había exigido la Coordinadora de ONGD.
Contra la LOMCE
El programa también deja claro, por otro lado, el rechazo de la Ley Wert de Educación, la LOMCE, paralizando sus desarrollos en Navarra, así como su oposición al modelo de 3+2 en la universidad. El programa defiende que habrá una posición “clara” por cumplir la ley que impide hacer convenios con centros que segregan por sexo, y se pide una moratoria de “al menos un año” del PAI, el programa de aprendizaje de inglés que fue uno de los proyectos más destacados de la última legislatura.
En cuanto el euskera, se pretende asegurar que “cualquiera que lo desee” pueda estudiar en modelo D, que es uno de los objetivos de la nueva Ley del Vascuence (la promovió I-E y se aprobó al final de la legislatura), y se apuesta por garantizar la presencia del euskera “en todos los actos públicos”.
En Sanidad, otro de los asuntos en los que más sintonía habían mostrado las cuatro fuerzas, al menos durante la campaña electoral, se quiere garantizar la universalidad de la atención, independientemente de la situación administrativa de las personas atendidas, y también se promete realizar una “OPE inmediata” en el Servicio Navarro de Salud.
Otro de los temas que había generado más debate era la dificultad para alcanzar un acuerdo sobre la reforma fiscal. En este caso, se apuesta por la progresividad y por un cambio que “entre en vigor en 2016”. En el Impuesto de Sociedades, se concreta que el general debería ser del 28%, el de las pymes del 23% y el de las micropymes del 19% (el último acuerdo, apoyado por PSN y UPN, planteaba rebajas de forma progresiva para que el general bajara en dos años del 30 al 24% y las pymes, al 19%).
Una “salida” para el Reyno Arena
Entre las medidas incluidas en las 74 páginas del acuerdo, también se incluye una defensa del autogobierno navarro, na normalización de las relaciones con la CAV (como ya había insistido Barkos), promover una nueva comisión de investigación sobre lo sucedido en Caja Navarra (arrancó casi al final de la pasada legisaltura y la presidió UPN), limitar los mandatos en las consejerías y la Presidencia del Gobierno a dos y, además, dar marcha atrás en la Ley de Símbolos (una de las cuestiones que ha centrado las críticas de UPN, contrario al uso de la ikurriña).
En materia de infraestructuras, en el acuerdo destaca la revisión de algunos de los proyectos estrella deUPN. Así, se buscará una “salida” para el Reyno de Navarra Arena que cueste menos que tenerlo cerrado y se seguirá de cerca la gestión del circuito de Los Arcos. Por otro lado, también se exigirá al Estado que desmantele el polígono de tiro de Las Bardenas y que cese el recrecimiento del embalse de Yesa. En cuanto al TAV, se opta por una vía intermedia. A pesar de que se señalaba que esta era una de las diferencias clave para el acuerdo, la fórmula adoptada finalmente consiste en abogar por lograr “una solución ferroviaria compatible con los estándares internacionales”. De ahí que, desde EH Bildu, se insistiera en que el acuerdo alcanzado era lo suficientemente equilibrado como para que las cuatro fuerzas lo pudieran apoyar.