La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, affna36, se ha reunido este jueves con el Gobierno Foral para trasladarle la necesidad de poner en marcha las exhumaciones pendientes en fosas comunes de la comunidad, para lo que sería necesario introducir una partida económica en los Presupuestos Generales de Navarra para 2016.
Representantes de la asociación han mantenido un encuentro en el Palacio de Navarra con la consejera de Igualdad, Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, para repasar los apartados que todavía no se han cumplido de la ley foral de reconocimiento y reparación moral de las víctimas del golpe militar de 1936.
Esta ley, aprobada el 26 de noviembre de 2013, todavía tiene pendiente la ejecución de varios de sus artículos, como por ejemplo el de la actuación directa de la Administración en la recuperación de los restos de personas desaparecidas, algo que la pasada legislatura no se materializó.
Eneko Arteta, representante de la asociación, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el trabajo de exhumaciones es una prioridad. Según ha señalado, habría todavía unos 1.000 cadáveres por recuperar en Navarra y ha citado por ejemplo que en Ibero está localizada una fosa con unas 20 personas en la que ya se podría intervenir.
Arteta ha explicado que la asociación está a la espera de que el Gobierno de Navarra designe al director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos para mantener una nueva reunión con más concreción y poder establecer un calendario de trabajo en esta materia.
El representante de la asociación ha señalado que para poder realizar las exhumaciones se debería incorporar una partida a los Presupuestos de Navarra de 2016 y ha apuntado además que querrían recuperar el dinero que la propia asociación ha ido adelantando para realizar otras exhumaciones previas.
A la espera de que se puedan concretar los hechos, Arteta ha valorado que la consejera ha mostrado “una muy buena actitud, abierta y sensible con el tema”.
Otros puntos pendientes
Arteta ha recordado otros apartados de la ley que se deberían ir cumpliendo, como la elaboración de una relación de lugares de memoria histórica de Navarra, señalizados y acondicionados, o la colocación de placas en los campos de concentración europeos donde hubo presos navarros.
Asimismo, la asociación también considera prioritario que la propiedad del fuerte de San Cristóbal, actualmente del Ejército, pase a manos del Gobierno de Navarra.
La ley aprobada por el Parlamento de Navarra prevé otras medidas, como por ejemplo habilitar los instrumentos necesarios para realizar un correcto acompañamiento psicológico a los familiares durante el proceso de localización y en su caso exhumación de los restos de las personas desaparecidas.
También contempla la ley la creación de un Banco de ADN, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, en el que se conservarán muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones llevadas a cabo en la Comunidad, con su secuencia de ADN.
Del mismo modo, cualquier persona que tenga víctimas en su familia podrá solicitar que le sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y compararlo con los datos que se almacenen en este organismo. Desde la asociación, apuntan que es “urgente” activar este medida debido a la edad de los descendientes.