El Gobierno foral no está de acuerdo con la Audiencia Nacional en considerar que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el pasado mes de octubre en Alsasua sea terrorismo. La portavoz del Ejecutivo, María Solana, ha anunciado que representantes del gabinete que preside Uxue Barkos acudirán este sábado a la manifestación convocada por el Ayuntamiento de dicha localidad para demostrar de forma pública su apuesta “por una convivencia en paz”.
“La presidenta ha tenido un contacto directo con la localidad y sus gentes y entendemos que en una convocatoria hecha por el Ayuntamiento de Alsasua la presencia del Gobierno de Navarra sería mostrar una vez más ese apoyo a la localidad y esa apuesta por una convivencia en paz en la localidad, que entendemos lo merece”, ha explicado Solana. Ha querido insistir en que, “desde el absoluto respeto a las decisiones judiciales, la discrepancia radica en que no compartimos que se trate de un acto de terrorismo”.
Este mismo lunes, la presidenta Barkos ya anunció que su gabinete iba a estudiar “los extremos” en los que el Ayuntamiento de Alsasua había convocado la manifestación para decidir si habría o no presencia oficial del Gobierno. Barkos aseguró tener “muy claro” que la agresión sufrida en Alsasua por dos guardias civiles “no es terrorismo”. “Entre una pelea tabernaria y el acto de terrorismo hay un amplio espacio en el que se inscribirían estos hechos”, consideró la presidenta. Matizó, no obstante, que será la Audiencia Nacional quien determine legalmente si existió o no delito de terrorismo. Pero también apuntó a que esto será posible por la modificación del Código Penal aprobada en 2015. “Si acaso es aquella modificación que se produce en la primavera del año 2015 del 573 del Código Penal la que nos ha traído hasta aquí, esa interpretación. Veremos cómo se resuelve en tribunales”, señaló antes de sugerir que “impere el sentido común”.
En cualquier caso, su gabinete será el primero de Navarra que acuda en una manifestación convocada a raíz de unos hechos que han sido calificados de terrorismo tanto por el fiscal como por la juez de la Audiencia Nacional que ha instruido el caso. La instrucción concluyó con el procesamiento de 9 jóvenes, siete de los cuales ya se encontraban en prisión sin fianza.