El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha presentado al Consejo Navarro de Bienestar Social una propuesta de mecenazgo social para incentivar, a través de ventajas fiscales, las aportaciones económicas de la ciudadanía y empresas a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de los servicios sociales, la cooperación al desarrollo o la igualdad entre mujeres y hombres.
Laparra espera que este nuevo modelo suponga una vía de financiación para las entidades sociales “que les permita desarrollar su trabajo en esas condiciones de libertad y de autonomía que estaban reclamando”.
El Consejo Navarro de Bienestar Social ha aprobado por unanimidad esta iniciativa y algunas de las entidades sociales presentes en la reunión han mostrado su satisfacción por el nivel de participación y de acuerdo en la elaboración de esta propuesta.
Con el mecenazgo social se sustituye el Sello 'Socialmente Comprometido' puesto en marcha en la pasada legislatura por el anterior gobierno, que, según el vicepresidente Laparra, establecía un “complejo procedimiento para poder optar a los incentivos fiscales, ya que los condicionaba a la obtención de un sello que venía desarrollado anualmente como si de una convocatoria de ayuda pública se tratase”. Además, “se fijaba un filtro político-administrativo que restaba la autonomía y la libertad de actuación que la sociedad civil debe tener en su propio ámbito de actuación”.
“Esta complejidad restaba eficacia y eficiencia a las medidas fiscales adoptadas, a la vez que no se conseguía el objetivo de incentivar la participación de la sociedad civil en dichos proyectos. De hecho, la mayoría de las entidades eran contrarias a este procedimiento y bajo el punto de vista administrativo todavía se está trabajando en la cumplimentación de estos expedientes”, ha afirmado Miguel Laparra.
La propuesta presentada este jueves al Consejo Navarro de Bienestar Social ha sido elaborada por un grupo de trabajo en el que han participado representantes del Gobierno foral y de entidades sociales. Se materializará en un proyecto de ley que se enviará al Parlamento para su debate y votación con el fin de modificar la norma que regula el régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio.
Por su parte, en el Impuesto de Sociedades, los sujetos pasivos que realicen donaciones a las entidades beneficiarias tendrán los siguientes beneficios fiscales: para la determinación de la base imponible, los importes de las cantidades donadas tendrán la consideración de partida deducible; y, además, tendrán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del impuesto del 30% en los primeros 300 euros. Los importes superiores a 300 euros tendrán derecho a una deducción de la cuota líquida del 20%.
Si se comparan estos beneficios fiscales con los establecidos para el extinto Sello “Socialmente Comprometido” se observan mayores incentivos para las pequeñas donaciones, el llamado micromecenazgo. Así, en el caso del extinto Sello, las deducciones en el IRPF eran siempre del 40%, en cambio ahora podrán ser de hasta 80% en los primeros 150 euros. Respecto al impuesto de sociedades, la deducción se incrementa hasta el 30% en los primeros 300 euros, cuando anteriormente eran siempre del 20%.
Donaciones a entidades, no a proyectos concretos
Los incentivos fiscales del mecenazgo social se aplicarán a las donaciones que se efectúen a las entidades beneficiarias, no a proyectos concretos, que hayan obtenido por parte del Departamento de Derechos Sociales o del Instituto Navarro para la Igualdad el preceptivo reconocimiento.
Los requisitos que deben cumplir las entidades son carecer de ánimo de lucro y estar constituidas como fundaciones, asociaciones declaradas de interés público, ONG inscritas en el correspondiente registro del Ministerio o cooperativas de iniciativa social, así como las federaciones y asociaciones de las entidades anteriores.
Sus fines serán sociales y deben realizar su labor en el ámbito de los servicios sociales, la cooperación al desarrollo o la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, tienen que haber realizado actividades en Navarra durante los últimos cuatro años, destinar al menos el 70% de las rentas e ingresos percibidos a fines de interés general, y cumplir las obligaciones de la Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto.
Por otra parte, se simplifican los trámites administrativos y no será preciso que las entidades aporten, junto con la solicitud para optar al mencionado reconocimiento, la documentación que acredite que se reúnen los requisitos cuando esa información se deduzca de la inscripción en un registro dependiente de alguna administración pública, de la recepción de subvenciones públicas en Navarra o de la documentación ya aportada a alguna Administración.
Una vez que se haya accedido al régimen establecido, las entidades deberán solicitar al Departamento de Derechos Sociales, en los ocho primeros meses del ejercicio siguiente, el mantenimiento de dicho régimen en una declaración responsable de que siguen cumpliendo los requisitos. El Departamento resolverá las solicitudes en el plazo máximo de 3 meses.
Finalmente, se añade una disposición transitoria para aquellos proyectos que hubieran obtenido con anterioridad el Sello “Socialmente Comprometido”, para que puedan acogerse a los mismos beneficios fiscales que los establecidos para el Mecenazgo Social.
Grupo de trabajo
Como se ha indicado, en el seno del Consejo Navarro de Bienestar Social se constituyó un grupo de trabajo mixto entre representantes de la Administración y de las entidades sociales para estudiar una normativa que regulara el Mecenazgo Social.
Por parte del Gobierno ha participado personal de la Dirección General de Inclusión y Protección Social, de la Dirección General de Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales, de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, de la Hacienda Tributaria de Navarra, y del Instituto Navarro para la Igualdad.
Las entidades sociales han estado representadas por el Cermin, la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza, la Coordinadora de ONGD de Navarra; y REAS.
Además, el grupo de trabajo ha estado asistido por un letrado de la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales