El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social lleva 28 años luchando para que el Gobierno de Navarra cumpla las leyes que el propio Gobierno aprobó. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha emitido dos sentencias que anulan 22 decretos forales relativos a 19 zonas básicas de salud. ¿El motivo? Que los decretos que regulan la organización de esas zonas no incluyen a los trabajadores sociales en los centros de salud, o no respetan el número de asistentes sociales mínimo que tiene que haber de acuerdo con su población.
En estos 28 años, el Colegio acumula sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, incluso del Tribunal Supremo, y siguen sin comprender por qué no se han ejecutado esas sentencias y se permite que el Gobierno siga incumpliendo la ley. “Se está ‘cronificando’ una situación social visiblemente injusta y escandalosa además de inadmisible. Se está desoyendo el mandato que impone el cumplimiento de las sentencias de manera sistemática y, a sabiendas, el Gobierno se resiste a llevar a efecto un fallo judicial”, denuncia Marian Sainz, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Navarra, que agrupa a 660 profesionales.
La postura del departamento de Salud es clara: falta presupuesto. El 30 de octubre representantes del Colegio de Trabajadores Sociales se reunieron con Marta Vera. La consejera únicamente hizo referencia a que con presupuestos prorrogados no contaban con dinero para incluir la figura del trabajador social en todos los centros de salud según establece la ley. “Apelan a la falta de presupuesto, pero es sorprendente que en 20 años no haya habido presupuesto”, dice Marian Sainz, presidenta del Colegio profesional. “Esta situación se está dando desde hace 28 años. Los primeros decretos son de los años 1986 - 1988 y en esas primeras estructuras ya se omitía la plaza de trabajador social, y no teníamos presupuestos prorrogados”.
Se muestran indignados porque, aseguran, ven cómo el número de otros profesionales aumenta en los centros de salud, como el personal administrativo o de enfermería y, sin embargo, los trabajadores sociales son “omitidos”, así que, el argumento del presupuesto no les convence: “Se escudan en que no hay dinero, pero otros profesionales sí aumentan”, asevera Sainz.
Pérdida de derechos ciudadanos
Pero no solo les preocupa su situación, sino lo que conlleva en la pérdida de derechos ciudadanos. “Cuando yo atiendo a una mujer víctima de violencia de género o visito a alguien para tramitar la dependencia o ayudo a una persona en situación de exclusión social, presto un servicio al ciudadano y todo esto incide directamente en la población”, advierte Marian Sainz que ve cómo, sin trabajador social en una zona básica de salud, estos servicios quedan desatendidos. Asegura Sainz que el Gobierno “vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía en el ámbito de la salud y también la tutela judicial efectiva porque no se cumplen las sentencias”.
Tras 28 años recorriendo los tribunales y acumulando sentencias que anulan decretos del Gobierno de Navarra por no cumplir su propia ley, el Colegio de Trabajadores Sociales ha acudido al Parlamento que intentará que el ejecutivo ponga orden en esta cuestión. Las próximas semanas se reunirán con directivos de Atención Primaria, y verán qué pasos se dan desde la administración. Los profesionales tienen claro que van a defender su trabajo y el servicio que prestan a la sociedad, y si el Gobierno sigue sin cumplir con la normativa, acudirán a la vía penal para exigir responsabilidades por estos casi 30 años de “incumplimiento sistemático” de una ley foral.