La comida de hospital siempre ha acarreado, por sistema, la mala fama de ser una alimentación de baja calidad. En el caso del Complejo Hospitalario de Navarra, esas críticas se acentuaron desde la privatización del servicio de alimentación, que desde 2013 recae en la empresa Mediterránea de Catering, recientemente sentenciada por una jueza a abonar 6.000 euros por una multa del Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea) ante sus errores “constantes” al preparar este tipo de menús. La cifra, en cualquier caso, ha llamado la atención entre la Comisión de Personal del CHN, que considera en general que esa cuantía se queda corta para un servicio que se adjudicó para cuatro años por un importe de 22,8 millones de euros (IVA excluido) Y porque, según aseguran, la sanción “debería ser mayor. La gente ya asume que la calidad de la comida no va a ser buena”.
Este malestar ya se tradujo, durante la puesta en marcha del servicio privatizado, de un aluvión de quejas y reclamaciones. En concreto, en 2013 (Mediterránea de Catering, tras una inversión de más de seis millones, empezó en febrero de ese año a gestionar las comidas de Virgen del Camino, Hospital de Navarra y Clínica Ubarmin), según las reclamaciones presentadas ante Atención al Paciente, hubo un total 2.278 quejas, la mayoría vinculadas a la mala calidad de la alimentación (1.140), pero también a errores en la dieta (260 casos), la temperatura (79), el horario (66), una alimentación insuficiente (40) o, directamente, una combinación de las anteriores (405). Esta situación supuso que desde la Administración se interpusieran varias sanciones contra la empresa, como una de 20.000 euros por errores en la temperatura, otro por valor de 48.017 euros por ocho infracciones leves y siete graves, y un tercero de 6.000 euros por errores en productos, en las cantidades, en los horarios…
Esta última sanción es la que ha sido ratificada por la titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona, que se hace eco precisamente de los errores “continuados” cometidos por Mediterránea de Catering, que debió cumplir las condiciones del contrato desde el primer día. Este periódico ha intentado, sin éxito, contar con una valoración de la firma al respecto.
En cualquier caso, el exgerente de Osasunbidea, Juan José Rubio, quien dejó el cargo en septiembre de 2014 por sus diferencias sobre la gestión, y no lo hizo precisamente alabando al equipo responsable del SNS, aseguró que el problema de las cocinas estaba solucionado. En concreto, por medidas como la instalación de unos carros nuevos que aseguraban la temperatura adecuada de las comidas. Los niveles de quejas sobre la alimentación que maneja el Gobierno Foral ratificarían, sobre el papel, esta mejoría. Así, frente a las 2.278 reclamaciones registradas en 2013, la cifra se redujo a 303 en 2014 y, en enero de 2015, ha habido 20. En cualquier caso, cabe recordar que esta última cifra ya supera a las que hubo en los tres años anteriores a la privatización: según recogió un informe de la Cámara de Comptos, el órgano que fiscaliza las cuentas públicas de Navarra, hubo cuatro quejas en 2010, tres en 2011 y ocho en 2012.
¿Quiere esto decir que el servicio ha mejorado? Los sindicatos aseguran que no. La portavoz del Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE), Begoña Ruiz, atribuye ese descenso en las quejas a un malestar constante de los y las pacientes: “Ya no presentan quejas, pero es porque no confían en que sirvan para algo. La realidad es que la comida no tiene la misma calidad que antes, y debería haber un mayor control para que se sirviera mejor”. Desde LAB, su delegado sindical, David Mendaza, también cree que, por parte de la Administración, y pese a esos expedientes antes mencionados, “no se están poniendo lo controles con el rigor que se debería dar para mantener la calidad alimentaria y nutricional que requiere el servicio”.
El informe de Comptos
Estas dudas se suman a las ya mostradas por los grupos parlamentarios por la privatización del servicio, que en julio de 2012 se concedió a Mediterránea de Catering por cuatro años y los mencionados 22,8 millones de euros, IVA excluido. El objetivo que alegó el Gobierno Foral era que esta concesión permitiría ahorrar unos 2,8 millones el año, una cifra que puso en duda un demoledor informe de la Cámara de Comptos: este concluyó que en 2013, por ejemplo si el servicio de cocina se hubiera prestado con medios propios, el coste anual habría sido 670.000 euros menor que con la privatización. El Gobierno Foral, por su parte, cuestionó públicamente estos cálculos y se reafirmó en que esta externalización fue la decisión adecuada, al asegurar que se salvaron 2,8 millones.