La PAH tiene previsto presentar esta ley el próximo 14 de mayo en el Congreso de los Diputados a través de los partidos políticos que se muestren dispuestos a registrarla.
En apoyo de esta iniciativa, la plataforma ha convocado para el próximo miércoles 26 de abril una manifestación en Pamplona que saldrá a las 19 horas desde la Plaza de Toros.
Los sindicatos que apoyan la iniciativa son UGT, CCOO, ELA, LAB, ESK, Steilas, CGT, CNT, Solidari y EHNE. También han dado su apoyo entidades como Traperos de Emaús, Medicus Mundi, Paris 365, Médicos del Mundo Navarra, Sos Racismo, Martes al Sol, KEM-MOC, el Consejo de la Juventud y la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Los pormenores de la ley y la campaña de apoyo han sido presentados en rueda de prensa por los representantes de la PAH Ángel Larrea, Begoña Alfaro y Carlos Oiz.
Con esta iniciativa, la PAH quiere que se establezca la dación en pago retroactiva, un mecanismo de “segunda oportunidad” que debería ir acompañado de la “eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas”.
Para fomentar el alquiler asequible, la plataforma reclama un marco de regulación de los precios que “corresponda a los ingresos de la población” y la puesta en marcha de fórmulas por las cuales el contrato de alquiler solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia.
Asimismo, la PAH pide que se establezca una moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda y “la obligación a bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio”. También quieren que la Administración pública ofrezca realojos inclusos frente a casos de ocupación.
Igualmente, la ley que está impulsando la plataforma plantea también medidas para movilizar vivienda vacía mediante la “cesión obligatoria”, el incremento del parque público y alquileres sociales no superiores al 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
Por último, la PAH quiere garantías para que no se corten los suministros de agua, luz y gas “sin antes tener información sobre la situación de las personas afectadas” y que no se asuman las deudas con recursos públicos, sino que “se obligue a las suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar”.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha destacado que, después de que en 2013 fuera rechazada su iniciativa legislativa para cambiar la normativa frente a desahucios hipotecarios, el contexto político ha cambiado dado que el Partido Popular ya no cuenta con mayoría absoluta.
Por ello, considera que “es posible cambiar las leyes para hacer frente a la emergencia habitacional que sufren miles de familias que han perdido su vivienda y se han quedado con deudas impagables, y a las que tan insensible ha sido este Gobierno, que ha legislado para favorecer a la banca”.