La defensa de Txuma Peralta ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Navarra el auto que decreta prisión para este exdirectivo de Osasuna, que por el momento es la única de las doce personas imputadas por la investigación sobre la supuesta extracción de dinero de las cuentas del club y una presunta trama de partidos amañados que sigue en prisión. Esta, precisamente, es una de las razones que argumenta el abogado para recurrir la decisión: la diferencia de trato con respecto al resto de los imputados, en libertad con cargos, y especialmente con el expresidente de Osasuna Miguel Archanco, para quien sí se estableció una fianza, y al exgerente del club Ángel Vizcay, quien tampoco ingresó en prisión, según da a entender el magistrado en el auto, porque ninguna de las partes (como la Fiscalía, la Liga de Fútbol Profesional u Osasuna) así lo solicitó.
La argumentación del magistrado, Fermín Otamendi, en ese auto ha sido clave para este recurso de apelación, puesto que en el texto, el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Osasuna, da a entender que Vizcay no merecía un trato distinto que el de los otros dos imputados en ese primer momento, Archanco y el propio Peralta. Por eso y porque el magistrado refleja el contraste entre la memoria del exgerente para unos asuntos y sus relatos increíbles para otros, la defensa de Peralta considera que la toma de decisiones del juez, y la petición de cárcel que planteó la LFP, tampoco se pueden guiar por una confesión (la de Vizcay) que “está contaminada”.
El juez justifica en su auto el ingreso en prisión de Peralta por la posibilidad de que el exdirectivo pudiera influir en el testimonio de otros testigos. Cabe recordar que el magistrado asocia directamente al exdirectivo de la Junta de Archanco con la entrega de 400.000 euros a, presuntamente, jugadores del Betis, y que también habría mediado para que dos agentes inmobiliarios, Cristina Valencia y Alberto Nolla, firmaran que habían recibido un pago de 900.000 euros por una gestión inmobiliaria, aunque en realidad ese dinero estaba presuntamente destinado a primas a terceros. Los dos agentes, que finalmente habrían recibido únicamente 30.000 euros, comparecieron este martes ante el juez y también fueron imputados y quedaron en libertad con cargos.
Otro de los hilos de los que ha tirado el magistrado, en relación a Peralta, ha sido el presunto préstamo de su padre, quien también compareció ante el juez, en este caso como testigo, por un pago que había recibido del club de 60.000 euros. Según publicó Diario de Noticias, el exdirectivo justificó ese pago ante el juez porque su padre había prestado ese dinero al club cuando tenía problemas de tesorería. Una operación similar es la que motivó que el cuñado de otro directivo de Archanco (y también imputado), José Manuel Purroy, testificara en el Juzgado por una salida de unos 600.000 euros.
Con todo, la defensa alega que esa investigación ya está avanzada, por lo que Peralta no podría influir en esos testimonios. La decisión estará en manos de la Audiencia Provincial, que por ley tiene un plazo de un mes para estudiar el recurso, aunque el plazo podría ampliarse.
¿Más acusaciones particulares?
Por otro lado, este viernes está previsto que continúe la investigación en el Juzgado. Ya se ha anunciado que dos futbolistas del Betis, Jordi Figueras (señalado por Vizcay en su declaración ante la LFP como uno de los jugadores que, supuestamente, recibió el dinero) y Jorge Molina (capitán del club verdiblanco, y hasta ahora no mencionado en este caso) van a comparecer en el Palacio de Justicia, un listado que puede aumentar puesto que el exgerente de Osasuna mencionó a varios futbolistas (Patxi Puñal, Damià, Sergio García…) en esa confesión clave ante la LFP.
Además, aún está pendiente de concretarse si finalmente tanto el Gobierno Foral como el Comité de Empresa de Osasuna deciden personarse como acusación en este caso. Los primeros alegaron que lo valoraban para defender sus intereses; los segundos, ante la “preocupación”, aseguran, que sienten ante las noticias que asolan al club. Y, por último, el PSN, a través de un comunicado, ha pedido al Parlamento de Navarra que se persone como acusación particular, por el interés que suscita el club y porque en la Cámara se aprobó la llamada ley de Osasuna que permitió reestructurar la deuda de la entidad rojilla con la Hacienda foral, que hasta el momento se ha cifrado en 53 millones.