La pobreza severa afecta en Navarra a unas 30.000 personas, es una bolsa que está “enquistada” y cuya situación sigue agravándose, ajena a la anunciada recuperación económica. Estas son las conclusiones principales de un nuevo informe de la Universidad Pública de Navarra, elaborado por la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social (CIPARAIIS), dirigida por Miguel Laparra, y que ha levantado ampollas en el Departamento navarro de Políticas Sociales. Porque, además de las cifras, la investigación también apunta a posibles causas, y denuncia las dificultades que supone el desempleo, las malas condiciones de los nuevos trabajos y las políticas de austeridad y los recortes en políticas sociales.
En un e-mail enviado a miembros del Consejo de Bienestar Social y cargos de UPN, al que han hecho referencia medios como el Diario de Navarra, el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, puso en cuestión el “rigor” de esta investigación, correspondiente al II informe sobre Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social de esta cátedra. Y el consejero deslizaba que estas críticas podían obedecer a un asunto económico, ya que una investigación anterior (el Plan de Lucha conta la Exclusión, de 1996) sí se encargó a la UPNA y en este caso no. El propio Laparra, en la presentación pública de las conclusiones de este pasado jueves, ha defendido que aquel trabajo, según ha recogido Diario de Noticias, conllevó la realización de cuestionarios a 2.300 hogares y que sus conclusiones supusieron, más que un gasto, una inversión rentable socialmente. Así, Laparra ha hecho referencia a las palabras del consejero para atribuirlas a su “nerviosismo” y, a la vez, a su “fracaso” en la gestión social de la crisis. Desde el PSN se han pronunciado en esa línea, al criticar a Alli por intentar desprestigiar una investigación porque sus conclusiones “no le resultan favorables”.
En realidad, las advertencias del informe no son muy diferentes a las anunciadas antes por entidades como Cáritas, Cruz Roja Navarra o la Red de Lucha contra la Pobreza, que también participan en la Cátedra, y que han alertado en diversas ocasiones sobre el hecho de que, a pesar de que en Navarra la situación de exclusión social es sensiblemente menor que en otras autonomías, esta exclusión resulta más intensa para quienes la sufren.
El Gobierno Foral, por su parte, ha dado una visión completamente distinta uno día después a la presentación del informe, como parte de una conferencia de prensa en la que anunció los 51 millones de años destinados en 2014 a la Renta de Inclusión Social. En ese acto, el director general de Política Social, Mariano Oto, ha insistido en que Navarra cuenta con la menor tasa de riesgo de exclusión social de España (un 14,5%) y es la cuarta región europea con menos pobreza severa (un 0,6%), según la tasa AROPE, a la que el propio consejero Alli ha hecho referencia en diversas ocasiones.
A este respecto, entidades como Cáritas o el propio Laparra ya habían respondido anteriormente que Navarra debería compararse no tanto con otras autonomías como con regiones europeas con la misma riqueza (por ejemplo, se mencionó Trento en Italia, así como regiones de Rumanía, Suecia o Noruega) y ahí es donde se refleja que “en cuestiones de exclusión estamos peor”.
Necesidades más prolongadas
De ahí que en el nuevo informe de la UPNA se insista en advertir de esta situación, a través de dos conceptos clave: esa bolsa cronificada y el llamado círculo de la escasez. Porque para Laparra, más allá de esas 30.000 personas en las que se ha cifrado la pobreza severa en la Comunidad Foral, la clave está en la “tendencia”, y esta es a un “aumento espectacular” de la pobreza severa, a un enquistamiento de la misma y a que este proceso “prolonga su duración”. De ahí que se hable de ese “círculo de la escasez”, que hace referencia a aquellas personas vulnerables que, con la crisis, han acumulado problemas de privaciones de alimentación, residencia, ocio o sanidad, una situación que, como ya apuntó la UPNA a través de un comunicado, “se ha hecho más grande” ante la dificultad para incorporarse a un trabajo o contar con unas prestaciones sociales.
Las conclusiones de la investigación aseguran que no pretenden ser simplemente un documento de denuncia, sino que aporta referencias para “buscar soluciones”. Y de ahí que destaque la reducción de la protección de la Renta de Inclusión Social (que ahora, al final de la legislatura, ha vuelto a modificar y ampliar el Parlamento), así como de otras medidas de atención, a pesar de las necesidades crecientes. El informe apuesta, en cambio, por aumentar los sistemas de protección frente a la austeridad, y este es uno de los puntos que ha levantado ampollas en el Gobierno Foral. El debate sobre los casos graves de pobreza en Navarra, al menos, ya se ha iniciado.