La cuenta atrás hacia las elecciones forales está en marcha. La cita con las urnas establece una fecha de caducidad al actual Parlamento de Navarra, que será disuelto en marzo tras la convocatoria de los comicios. Pese a que varios grupos parlamentarios coinciden en que los deberes de la Cámara están hechos, esos tres meses de actividad son el límite para lograr acuerdos en diversas iniciativas, como la comisión de investigación sobre Caja Navarra, el urbanismo sostenible, la Ley del Vascuence, los guardas forestales o la Ley de Policías. Está por ver si la influencia de las elecciones dificulta los pactos, ante la necesidad de marcar posiciones, o bien todo lo contrario, abre una rendija a apoyos sobre la bocina. Estos serán cinco de los debates principales.
La comisión de investigación de la CAN
Desde UPN, su portavoz, Carlos García Adanero, reconoce que, “si el final de la legislatura ha estado marcado por la cita electoral, el arranque de 2015 lo estará mucho más”. Y en este sentido se refiere a la comisión de investigación de la CAN. Después de tres intentos fallidos en ocho meses, parece que por fin la oposición se puede poner de acuerdo en crear este ansiado foro, que incluso ha ensombrecido la reciente puesta en marcha de la ponencia contra la corrupción. Con todo, desde EH Bildu y PSN ya han cruzado reproches sobre esta comisión, unas diferencias que han demorado hasta enero su creación. En principio, según apuntan desde el grupo socialista, no deberían ser un obstáculo para que se pueda aclarar qué ocurrió en Caja Navarra, pero está por ver si también habrá decisiones sobre las responsabilidades del caso.
La Ley del Vascuence
Este es uno de los proyectos que ha puesto en evidencia la situación en minoría de UPN durante el final de la legislatura. La iniciativa impulsada por Izquierda-Ezkerra equipara la zona no vascófona de Navarra a la mixta al promover la educación en modelo D allá donde haya demanda. Esta semana han seguido presentándose mejoras y la medida, en principio, podría tramitarse entre enero y febrero. Tanto sus impulsores como sus detractores ya han admitido que se trata de un cambio “histórico”. El parlamentario de Izquierda-Ezkerra Txema Mauleón confía en que, en este caso y a falta de que se incorporen las últimas modificaciones, el acuerdo de los grupos está cerrado.
Violencia contra las mujeres
El consejero navarro de Políticas Sociales, Íñigo Alli, ha adelantado esta misma semana varias de las novedades que pretende impulsar el Gobierno Foral en el anteproyecto de la ley foral contra la violencia hacia las mujeres. La principal, que también incluye la violencia psicológica y económica. Hasta el próximo 17 de enero, la ciudadanía en general puede hacer aportaciones al proyecto, que en principio será debatido en marzo. Esta lacra, según han reconocido desde el Ejecutivo, necesita estas actuaciones, tras comprobar que, por ejemplo, hasta septiembre de este año se presentaron 836 denuncias vinculadas a la violencia machista en Navarra, casi un 12% más que en el mismo periodo de 2013.
La ley de otras víctimas
Izquierda-Ezkerra ha propuesto esta medida para ampliar a las víctimas de violencia por cuestiones políticas (como actos policiales o de grupos de ultra derecha) los derechos que ya se aplican a víctimas del terrorismo o del Franquismo. Se trata de un tema delicado, pero desde la oposición se han mostrado de acuerdo en no excluir de estas medidas a las víctimas, según han defendido las voces más críticas con la situación actual, que no sean de ETA. Toda la oposición, salvo el PPN, parece de acuerdo en su tramitación, aunque para ello resultará clave el PSN, que ya se ha mostrado de acuerdo con varios aspectos de la ley. Una vez sea tomada en consideración, su debate puede producirse entre febrero y marzo.
Ley de Policías
El grupo parlamentario del PSN propuso, allá por junio de 2013, modificar la Ley de Policías de Navarra, una medida que sobre todo afecta a la Policía Foral porque, más adelante, se abordarían otros cambios en los cuerpos locales. La medida intentaba remediar la falta de consenso con la que se impulsó la anterior ley, en 2007, y prevé poner orden en diferentes condiciones laborales, como los derechos y deberes, el calendario o el régimen disciplinario. Pero su principal novedad está en el nuevo sistema de retribuciones. La iniciativa, largamente debatida, pretende reducir las diferencias salariales dentro del cuerpo, y sus defensores argumentaron que sería a coste cero. Sin embargo, sindicatos como APF y SPF se han opuesto a este punto porque, en su opinión, supone “subir un poco el salario a muchos y bajárselo mucho a unos pocos”. Partidos como UPN o PPN han sido críticos con esta ley a la que, según fuentes consultadas, le faltará tiempo para ser aprobada en esta legislatura. Este, en cualquier caso, es solo uno más de los cabos que faltan por atar en esta Cámara.