“La N-121-A terminará por ser de pago. Tiempo al tiempo. Y no habrá de pasar mucho”. El temor expresado por este camionero autónomo se ha generalizado en el sector del transporte navarro. La entrada en funcionamiento del peaje en la N-1, en Guipúzcoa, el próximo 1 de enero, no sólo encarecerá los trayectos de los transportistas, sino también podría ser el precedente para que el Gobierno navarro termine imponiendo un peaje en las carreteras de la Comunidad foral para los vehículos pesados. Entre otras razones, además de la recaudatoria, porque la entrada en vigor del peaje en la N-1 guipuzcoana supondrá un incremento del tráfico pesado que ya soporta la N-121-A, con lo que el pago de un peaje podría constituirse como una medida disuasoria para que más transportistas utilicen esta ruta.
Según los cálculos guipuzcoanos, unos 12.000 camiones atraviesan a diario la frontera francesa por Irún. De ellos, 9.000 pagan el primer peaje de la AP-8, sentido Bilbao; Casi el 37% de ellos continúa por dicha autopista para enlazar en Eibar con la AP-1. Pero más del 63% del tráfico pesado se desvía por la N-1. De forma que, a partir del 1 de enero, como tendrán que pagar peaje por usar esta última carretera, muchos de ellos optarán por seguir por la AP-8 y enlazar con la AP-1 en Eibar para seguir hacia Vitoria. La Diputación de Guipuzcoa quiere orientar hacia la autopista a 1.500 camiones al día. De los 12.000 camiones que cruzan a diario la frontera francesa, 2.300 giran hacia la N-121-A para seguir su trayecto. El temor entre los transportistas navarros y los vecinos de los pueblos colindantes es que el peaje en Guipúzcoa incremente el tráfico pesado por la carretera navarra.
El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha tenido que dar razón sobre si su Gobierno quiere instalar peaje en dicho tramo varias veces durante esta legislatura. Aunque sabe que se trata de una medida impopular, nunca se ha negado de forma rotunda a implantarla. El vicepresidente siempre enmarca la posibilidad de un peaje en el tramo navarro de Etxegarate dentro del debate sobre la financiación para el mantenimiento de las carreteras en Navarra. El estado de los firmes, la señalización y el estado del resto de las infraestructuras que forman la red viaria de la Comunidad foral lleva años con un presupuesto por debajo de lo necesario para su correcto mantenimiento. El propio Ayerdi reconoce que el empeoramiento del estado de las carreteras, sobre todo las vías secundarias, supone un incremento de los accidentes de tráfico en la Comunidad foral.
Así las cosas, el vicepresidente encargó el año pasado un “estudio preliminar” para conocer qué dinero podría recaudarse si se instalaran peajes en la N-1 (conexión con la Autovía de la Sakana), en la A-15 y en la N-121. Una de las variables estudiada arrojaba unos ingresos anuales de 32 millones de euros. Un dinero que vendría como llovido del cielo para un Gobierno que acomete en estos momentos los estudios para adecuar los túneles de Belate a la normativa europea. Con fecha límite en 2019, las dos galerías deberán cumplir la directiva europea de seguridad en rutas transeuropeas. Se barajan dos opciones, desdoblar los túneles (con un coste estimado entre 150 y 200 millones de euros) o construir una galería de evacuación (un trabajo que supondría desembolsar entre 25 y 30 millones de euros).
Los túneles de Belate son la principal ruta de comunicación entre Pamplona y la frontera francesa. Casi el 30% de los 8.055 vehículos que circula a diario por estos túneles es transporte pesado. El temor de los transportistas navarros es que esta cifra se incremente de forma notable a partir del 1 de enero.