El máximo órgano consultivo de la Comunidad foral, el Consejo de Navarra, considera que el decreto del euskera que prepara el Gobierno de Barkos otorga demasiado peso al conocimiento de este idioma para el acceso a la función pública, hasta el punto de que hablar en euskera puede “incidir en el proceso de provisión de acceso a la función pública de una manera exponencial”. Se trata de un varapalo jurídico en toda regla, aunque el Gobierno le ha restado importancia y tras “agradecer y reconocer” el análisis, ha respondido que “no lo comparte. La consejera de relaciones Institucionales, Ana Ollo, ha anunciado, además, que el Gabinete que preside Barkos tiene intención de aprobar el citado decreto del euskera dentro de ”no mucho tiempo“.
El dictamen del máximo órgano consultivo de Navarra era el penúltimo trámite en el proceso de elaboración y aprobación del decreto del euskera. El texto que prepara el Gobierno ha recibido los parabienes de la mesa de la Función Pública, la Federación de Municipios y Concejos, la Comisión foral de Régimen Local y el Consejo del Euskera, entre otros organismos. Su objetivo, según explicó la propia Ollo cuando anunció su elaboración, es dar respuesta al incremento de la población que habla euskera en Navarra con una normativa que se adapte de forma global a dicho cambio. Además, el Gobierno quería “revertir” la restricción que UPN había establecido para el euskera durante sus años de Gobierno.
El decreto abarca una serie de cambios para la rotulación bilingüe, las señalizaciones, la existencia de circuitos bilingües y, sobre todo, establece nuevos baremos de puntuación para el conocimiento del euskera en la provisión de plazas de empleo público. Y es precisamente ahí donde el Consejo de Navarra alerta de que el decreto puede generar situaciones de desigualdad. El dictamen del Consejo señala concretamente que el Gobierno aborda en su decreto cambios “trascendentales” y lo hace sin aportar una “justificación” que los sustente. Por ello, recomienda que se varíen o, en todo caso, los porcentajes sean propuestos “como máximos y sin sentido imperativo”.
Ollo, en una primera valoración política, ha rechazado de plano este criterio fijado por el Consejo de Navarra, “salvo que se tenga en cuenta que venimos de la normativa del euskera en la Administración más restrictiva de los últimos 30 años”, ha dicho. Según sus datos, “incluso en la zona mixta, donde está la mayor parte de los servicios públicos que proveen a toda la ciudadanía navarra, ahora mismo un concurso valora el conocimiento de lenguas extranjeras con 2 puntos, y el euskera con entre 1,38 y 2,76 puntos”. En la Ribera, el conocimiento de inglés, francés o alemán aporta dos puntos y el conocimiento de euskera ninguno, a pesar de ser “una lengua propia de Navarra”, ha lamentado Ollo.
Ante esta realidad que el Gobierno quiere “revertir” con un decreto foral, la consejera entiende que “no se puede estudiar la valoración el euskera sin ponderarla y sin tener en cuenta el contexto global”, en referencia al informe contrario del Consejo de Navarra. Ollo también ha expresado sus “discrepancias” con el máximo órgano consultivo cuando éste habla de “proporcionalidad”: “También la proporcionalidad hay que verla en el contexto general”, ha señalado.