Desde el tres de febrero el Parlamento de Navarra no ha parado de solicitar información a distintas entidades para intentar esclarecer cómo fue el final de Caja Navarra, sin embargo, solo han llegado al legislativo 33 respuestas con la información solicitada de las 266 peticiones que se han realizado. Caixabank, por ejemplo, ya anunció que no iba a responder a la información, así no ha llegado ninguna documentación de las 80 solicitudes realizadas. Algo similar pasa con la Fundación Caja Navarra que ha respondido únicamente a 7 de las 123 solicitudes enviadas.
En total, sumando las demandas de información de todos los grupos parlamentarios se han registrado 266 solicitudes que han salido del Parlamento en 6 ocasiones entre el 3 y el 25 de febrero, aunque la inmensa mayoría han quedado en la comunicación de solicitud. Solo ha llegado a la cámara un 12% del total de las peticiones realizadas, en concreto, 33, un gran impedimento para continuar con la investigación en la que los parlamentarios pretendían esclarecer cómo fue la desaparición de Caja Navarra y a quién se podían atribuir responsabilidades.
Entre las entidades más cumplidoras está el juzgado número 6 de la audiencia Nacional, que ha enviado los autos solicitados excepto uno, alegando que no está la institución competente, SODENA, que ha remitido las dos peticiones que se le han enviado o la Cámara de Comptos y Osasuna que han respondido a las peticiones pese a haberlas realizado la semana pasada.
Lo más preocupante son las instituciones de la propia Comunidad Foral que no han enviado la información. Por ejemplo, la Fundación Caja Navarra, que ha respondido a 7 de las 123 solicitudes, alegando que no pueden facilitar más información por la ley de protección de datos, o el Gobierno de Navarra que ha respondido a 5 de las 14 solicitudes enviadas, alegando que no es aplicable el decreto de competencias de la comunidad foral en las cajas de ahorro. Un laberinto entre la Fundación y el Gobierno que impide que el Parlamento acceda a informes sobre, por ejemplo, créditos concedidos a familiares de miembros del Consejo de Administración o a altos cargos de la Comunidad o si el Gobierno ha realizado alguna fiscalización sobre Caja Navarra.
“No obra esa información”
El otro motivo para no facilitar documentos es admitir que “no obra esa información” en cuestiones como la autorización de la Comunidad Foral de Navarra al contrato de Integración para la Constitución de Banca Cívica o el acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se autoriza la fusión de Caja Navarra, Caja de Burgos y Caja Canarias. El veto del Gobierno para facilitar determinada información, sobre todo de la Fundación, ya ha sido criticado por la oposición, aunque UPN ha negado que no quiera facilitar los documentos.
En el último mes de actividad de la comisión de investigación, el muro con el que se han topado los grupos parlamentarios para investigar Caja Navarra no hace más que crecer y entorpecer otra oportunidad para esclarecer cómo desapareció la CAN. Una comisión que desde su nacimiento ha contado con acusaciones de ser “boicoteada” o con UPN, principal responsable de lo sucedido en Caja Navarra intentando restar credibilidad aunque, finalmente, se quedara con la presidencia del órgano parlamentario.