La legislatura llega a su final, y el Parlamento foral apura sus últimas sesiones y proyectos. Uno de ellos es la llamada ley de las otras víctimas, que de salir adelante puede hacerlo sobre la bocina. Su promotor, Izquierda-Ezkerra, ha dilatado los plazos para así intentar ganar apoyos, y la clave estará en la posición final del PSN, con el que esta semana se seguían negociando detalles. Hasta el momento, aseguran desde la coalición, la disposición es positiva, pero dado el tema delicado que aborda, no se descarta ninguna posición final. En principio, este próximo lunes el tema se abordará en comisión (donde se presentarán las enmiendas de los grupos) y ya el jueves se procederá a su debate en el Pleno. Sus defensores insisten en que una aprobación, y especialmente si fuera por unanimidad, sería un “colofón” a la legislatura y al nuevo tiempo político.
Pero, ¿a quién hace referencia la ley? ¿Por qué parece un tema que era inabordable en legislaturas anteriores? La ley de las otras víctimas plantea ayudas, equiparables a las de las víctimas del terrorismo, para personas que hayan sufrido abusos por cuestiones de motivación política (los ejemplos más claros utilizados durante el debate han sido Germán Rodríguez, Gladis del Estal, Mikel Zabalza y José Luis Cano) y, en particular, por parte de las fuerzas de seguridad. El tema es sensible porque puede incluir, por ejemplo, a terroristas que hayan sufrido torturas.
Estos trámites afrontan su recta final en una semana en la que la Junta de Portavoces, con los votos de UPN, PSN y PPN, ha aprobado una declaración institucional que condena el “genocidio” de ETA y que hace corresponsable de esos actos a la izquierda abertzale. El texto, propuesto por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (conocida, por ejemplo, por criticar el anuncio de Coca Cola en el que aparecía un actor que respaldaba a la organización abertzale Herrira, de apoyo a los presos), ha sido criticado por EH Bildu por rescatar términos que considera desfasados. Está por ver ahora si esta aprobación enrarece las negociaciones en la Cámara para aprobar la ley de las otras víctimas. Estas son sus características principales.
¿Quiénes son las otras víctimas?
Esta proposición de ley pretende ser un complemento a leyes de víctimas ya aprobadas, como las relacionadas con la memoria histórica y las víctimas del terrorismo. En este caso, se centra, según recoge el texto, en la reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. La lucha contra ETA, el GAL y las “tropelías” cometidas están ampliamente mencionadas en la norma, pero también muertes pendientes de aclaración como las conocidas de Germán Rodríguez, que falleció de un disparo durante los Sanfermines del 78 después de que los grises intentaran disolver en la plaza de toros una concentración de apoyo a los presos, o José Luis Cano, quien, según los relatos realizados durante el proceso de la ley de otras víctimas en el Parlamento, falleció durante un enfrentamiento con la Policía en 1977.
¿Cuál ha sido la reacción de la Cámara?
La propuesta es de Izquierda-Ezkerra, y todos los grupos se mostraron a favor de tramitarla, salvo por la abstención de UPN y PPN. Fuentes regionalistas ni confirman ni desmienten su oposición a la proposición, que dependerá, aseguran, de los apoyos que tenga la norma y de su contenido final; lo previsible es su negativa, que sí ha hecho más evidente el PPN. El PSN, así, resultará clave para sacar adelante un texto que, en principio, sí cuenta con los apoyos de Bildu, Aralar y Geroa Bai (todos han propuesto cambios). El grupo socialista no ha presentado enmiendas hasta el momento y espera anunciarlas, según apuntan fuentes del partido, durante el desarrollo del debate.
¿Cómo se decide quiénes son las víctimas?
Este es uno de los puntos que ha generado más dudas. ¿Pueden acceder a estos derechos personas que no han podido probar ante los tribunales una supuesta tortura? Esa posibilidad, según el texto actual, podría producirse. La propuesta de Izquierda-Ezkerra es que quien decida quiénes son las víctimas que pueden acogerse a esta ley sea, tras la pertinente solicitud de esos posibles beneficiarios o beneficiarias, una comisión integrada por personalidades expertas e independientes (se evita así a los partidos políticos) que estudien las pruebas presentadas y comprueben su veracidad.
Quién componga esa comisión sería una decisión del Parlamento, aunque también hay propuestas de los grupos para que sea otro sistema, como por ejemplo una composición propuesta por el Gobierno y nombrada por la Cámara. La previsión que maneja Izquierda Ezkerra es que habría menos de una decena de víctimas mortales reconocidas por estas ayudas, mientras que sobre el campo de la tortura no se concretan datos. Desde el PSN reconocen que este tema, el de cuántas víctimas tendrían cabida en la ley, es uno de los puntos más cuestionados.
¿A qué medidas tendrían acceso?
Las condiciones son las mismas que las víctimas del terrorismo: una reparación moral y una ayuda económica. El parlamentario de Izquierda-Ezkerra Txema Mauleón insiste en que se equiparan los derechos, pero no las violencias. No se iguala, por ejemplo, la violencia de ETA con “los desmanes” de unas fuerzas de seguridad amparadas por el Estado, por lo que el parlamentario insiste en una salvedad: “Un verdugo que ha sido víctima tiene derecho como víctima, pero no puede ser una figura homenajeada o ensalzada”.