“A mí las ayudas económicas no me importan, eso es algo adicional. Para la familia lo importante es el reconocimiento, que podamos lavar el nombre de mi hermano, que ha quedado mancillado”. Lourdes Zabalza seguía este jueves en el Parlamento de Navarra el debate sobre la llamada ley de las otras víctimas, la iniciativa que reconoce a víctimas de actos por motivación política de grupos de derecha extrema o funcionarios públicos. La medida, que ha contado con los votos en contra de UPN y PPN, ha salido adelante finalmente en el ocaso de la legislatura, tras dilatar los plazos para lograr los apoyos necesarios (la propuesta original es de Izquierda-Ezkerra), y en concreto del PSN, que, entre otras cuestiones, tenía dudas sobre a qué víctimas se podía reconocer a través de esta proposición de ley. Ahora ya es una realidad, y los familiares piensan en nuevos pasos.
Izquierda-Ezkerra abrió este debate al considerar que las víctimas de, por ejemplo, torturas y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad habían quedado fuera de otros reconocimientos a víctimas, como las vinculadas a la memoria histórica y las víctimas del terrorismo. El debate es sensible, puesto que equipara a los beneficiarios y beneficiaras de esta ley con las de las víctimas del terrorismo. El parlamentario Txema Mauleón insistió, en cualquier caso, en que las medidas podían equiparse, pero las violencias no. Con todo, UPN y PPN siempre se han mostrado en contra de la propuesta, no así de las comparecencias de familiares de las otras víctimas, que acudieron al Parlamento para relatar qué sucedió. Unos casos en los que, a menudo, se ha hablado por ambas partes de versiones, sentencias, silencios e, incluso, manipulaciones.
Uno de estos testimonios fue el de la familia del comerciante Ángel Berrueta, que el 13 de marzo de 2004, después de los atentados del 11-M, recibió disparos de un policía nacional fuera de servicio en Pamplona. Antes, una vecina le habían exigido que colocara en su tienda un cartel de ETA no por lo sucedido en Madrid; no accedió y el hijo y el marido de esta mujer bajaron a la tienda: el primero le provocó dos heridas por arma blanca; el segundo, cuatro disparos. La vida de Berrueta afirmó ante el Parlamento foral que el juicio se resolvió “a medias”, que las condenas fueron insuficientes (veinte años para el asesino, Valeriano de la Peña; 15 para el hijo, Miguel José de la Peña; y 10 para la mujer, María Pilar Rubio) y que las instituciones nunca se preocuparon por cómo estaban los familiares de la víctima.
En ese caso se reconoció la motivación ideológica del suceso. La hija de Berrueta, Aitiziber Berrueta, reconoce ahora que la medida aprobada en el Parlamento es “un paso adelante”, aunque quería comprobar su contenido para conocer qué víctimas quedan dentro y cuáles fuera. Aitziber valora que esta ley permita reconocer a su padre como “víctima del Estado”.
El punto que genera más dudas de esta iniciativa aprobada por el Parlamento (al final, sin preámbulo, una parte que había generado críticas entre algunos grupos) entre la asociación Sanfermines 78 Gogoan es si supondrá un impulso para el esclarecimiento. La entidad, que en anteriores ocasiones ha pedido que se investigue aquella irrupción de la Policía en la plaza de toros durante los Sanfermines del 78, un suceso que acabó con una carga en la avenida de Roncesvalles y la muerte por un disparo de Germán Rodríguez, cree que la norma aprobada “es mejor que lo que había antes, que era nada”, pero que también tiene sus carencias.
“Es un paso, pero no un punto final”
Uno de sus integrantes, Ramón Contreras, considera que el hecho de que el proyecto haya salido adelante al final de la legislatura ha hecho que le falten aportaciones de, por ejemplo, los colectivos sociales. Contreras tiene dudas sobre si se podrá boicotear la conformación de la comisión que decida qué víctimas son reconocidas y sobre si se reconocerá a las personas torturadas y, en general, insiste en que “este paso, que sin duda es un paso, no es un punto final. No acaba con la necesidad de seguir conociendo la verdad”.
Lourdes Zabalza lamenta que, a menudo, “no nos hemos sentido apoyados por las instituciones”, con la excepción de las medidas impulsadas por el Gobierno Vasco y, ahora, por el Parlamento foral. Su hermano Mikel fue arrestado en 1985 por la Guardia Civil y, veinte días después, apareció muerto en el río Bidasoa. La versión de las fuerzas de seguridad fue que Mikel logró huir. Lourdes, por su parte, cree que medidas como la impulsada en el Parlamento prueban que “ocurrió algo raro” y que “la versión oficial no es cierta”. Por ello, insiste en que quedan muchas medidas por lograr, y espera que la comisión que se forme en el Parlamento para determinar qué victimas pueden acogerse a esta ley investigue y “saque a la luz todo. Lo bueno y lo malo”.