Dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) que muchas mujeres sufren un trato “irrespetuoso, ofensivo o negligente durante el parto”. La organización habla de “el maltrato físico, la humillación y la agresión verbal, los procedimientos médicos coercitivos o no consentidos, la falta de confidencialidad, el hecho de no obtener el consentimiento plenamente informado, la negativa a suministrar medicación contra el dolor o las graves violaciones de la intimidad” como una “violación de los derechos de las mujeres”. En 2019 la ONU calificó esta violencia obstétrica como un “fenómeno generalizado”.
Ninguno de estos pronunciamientos es nuevo pero el anuncio del Gobierno de que quiere incluir este concepto en la modificación de la Ley del Aborto que prepara ha levantado muchos apoyos y también algunas suspicacias. Es el caso del Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos, que en un comunicado señaló que el término “no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto en nuestro país y criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica”. El organismo garantiza “la inexistencia de actos violentos en la atención a las pacientes” asegura que, en todo caso, todas las acciones están guiadas por el “principio de beneficencia”.
Las asociaciones de matronas han rechazado la posición de los Colegios de Médicos y reconocen la existencia de esta violencia. “Queda demostrado que en nuestro país se ha ejercido, se ejerce y se seguirá ejerciendo violencia obstétrica si no actuamos de forma contundente y firme. Es hora de dejar de mirar para otro lado y que todos los profesionales implicados en la obstetricia atajemos de raíz el problema, llamando a la violencia obstétrica por su nombre, sin eufemismos”, dice la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME). La Asociación Gallega de Matronas se mostraba rotunda: “La violencia obstétrica sí existe”. Pedían a su vez la aplicación efectiva de la Estrategia de Atención al Parto Normal, aprobada hace diez años.
La ginecóloga Miriam Al Adib, autora de varios libros y de un artículo científico sobre la violencia obstétrica, señala que el término produce rechazo porque mucha gente “lo asocia a que vamos a pegarle una paliza a una embarazada o a un ánimo violento o malo por parte de los profesionales y no, es otra cosa, a veces es incluso sutil o simbólica, y ni quien la sufre la reconoce.” La abogada especializada en atención al paciente y violencia obstétrica Emilia de Sousa menciona, por ejemplo, las episiotomías rutinarias, la maniobra de Kristeller (ejercer presión sobre el abdomen para intentar que el bebé baje hacia el canal del parto) o los fórceps didácticos, que se aplican sólo para que un residente vea o practique la técnica. Al Adib añade comentarios que culpan a las mujeres de hecho sucedidos durante el embarazo o el parto: “Si no estuvieras tan gorda no hubiera pasado esto”.
“Hay mujeres absolutamente traumatizadas. A veces hay partos complicados que pueden traumatizar pero muchos otros lo son porque ha habido un trato deshumanizado en el que las mujeres se encuentran en una situación de sujeto pasivo que no sabe lo que le está pasando, lo que le están haciendo, nadie le explica, no puede tomar decisiones informadas... En los hospitales ha habido protocolos y se han hecho cosas por rutina que ahora ya no se hacen o no tanto porque son una barbaridad, como por ejemplo aplicar un enema y rasurar nada más entraba una mujer, inducciones al parto innecesarias, separaciones de madre y bebé que no eran necesarias...” , describe Al Adib.
La ginecóloga pide al sector autocrítica para “reconocer errores e intentar mejorar” pero reclama también comprensión por la presión que sufren muchos profesionales: “Al final se aplica medicina defensiva para evitar un problema o una demanda, pero no podemos funcionar así. Para eso están los protocolos de atención al parto normal, para actuar conforme a esas indicaciones”.
La abogada Emilia de Sousa diferencia entre mala praxis o negligencia y violencia obstétrica. “Una cosa son los comportamientos puntuales o excepcionales, bien por un error o por falta de medios o pericia, pero la violencia obstétrica es algo más, es algo sistémico, estructural, continuado. Debajo de esas actuaciones subyace esa idea de superioridad médica, del abuso de la doctrina de la necesidad médica y de la vulnerabilidad de la mujer, es continuar con actuaciones e intervenciones que están desaconsejadas desde hace mucho tiempo”, explica. La violencia obstétrica no solo se refiere al parto, sino también a lo que puede suceder durante el embarazo, el postparto y la lactancia.
La indefinición actual del término en la legislación española dificulta la posibilidad de reclamar ante las administraciones o de acudir a los tribunales. “Cuando tenemos que reclamar o demandar por daños causados a las mujeres o a sus bebés nos cuesta mucho trabajo. Nos encontramos con que la parte contraria, incluso el mismo juzgado, no saben muy bien qué les estamos contando cuando hablamos de violencia obstétrica”, relata De Sousa. Incluso cuando hay comprensión, apunta, no saben dónde situar esa violencia en nuestra legislación, por eso, defiende, será importante conceptualizarla y regularla.
La Federación de Asociaciones de Matronas menciona algunos de los instrumentos internacionales que, no solo reconocen, sino que alertan sobre el impacto de la violencia obstétrica y piden la revisión de prácticas y protocolos. Es el caso del informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas de 2019, una resolución del mismo año del Consejo de Europa, o la Estrategia para la Igualdad de Género de la UE hecha por el Parlamento Europeo.
Una abogada, Francisca Guillén, ha llevado ante la ONU los casos de cuatro mujeres de distintos puntos de España que sufrieron violencia obstétrica y cuyas denuncias no fueron estimadas por los tribunales españoles. Finalmente, en 2020 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reprobó a España por uno de estos casos. En su dictamen, aseguraba que la mujer fue sometida a diversas intervenciones, como la inducción de su parto, “sin aparente justificación” y calificaba los hechos como violencia de género.
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