El lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio a los ocho jóvenes de Alsasua que presuntamente atacaron a dos guardias civiles y sus parejas en el bar Koxka de la localidad navarra durante la madrugada del 15 de octubre de 2016. La Fiscalía pide un total de 375 años de cárcel por los delitos de lesiones y amenazas terroristas. Del caso, más allá de la gravedad de la petición de pena, destaca la división social e institucional que ha generado tanto en la Comunidad foral como en el resto de España.

Las calles de Pamplona se llenaron el sábado de manifestantes que desfilaban con la pancarta Justicia. No es terrorismo. No sería una novedad si tras ella, además de ciudadanos de a pie, no se encontraran representantes de las principales instituciones navarras: Parlamento, Gobierno, Ayuntamiento de Pamplona, europarlamentarios, partidos políticos, sindicatos… mientras que la oposición de UPN, PSN y PP ha criticado que “se erijan en jueces” y que duden de la labor del Poder Judicial.

También Amnistía Internacional -en su informe de 2017, La situación de los derechos humanos en el mundo- considera que el Poder Judicial español “continúa aplicando de manera desproporcionada la legislación antiterrorista”, en referencia a los detenidos en Alsasua. La ONG, que asistirá como observadora al juicio, ha expresado su preocupación por que “las autoridades judiciales hayan rechazado, sin haber motivado de manera suficiente su decisión, importantes pruebas y testigos presentados por las defensas”.

El Minisferio Fiscal atribuye a O.A.C. la autoría de cuatro delitos de lesiones terroristas, por los que le pide 50 años de cárcel (12,5 años por cada delito), así como de otro delito de amenazas terroristas por lo que exige también la misma pena. En total le reclaman 62,5 años de prisión. Asimismo, el Ministerio Público solicita otros 50 años de cárcel para cada uno de los seis acusados restantes, que son J.U.G., J.A.C.A., J.G.L., A.R.P., I.A.O. y A.U.O. También a una joven A.U.G., le exige 12,5 años de cárcel por amenazas terroristas. Indemnizaciones aparte.

Una “barbaridad jurídica” en opinión de la abogada de la defensa, Amaia Izko: “La denuncia de Covite convirtió una pelea de bar en terrorismo. Así de simple y de alucinante”, relata. La letrada recuerda que Policía Foral y Guardia Civil realizaron sendos atestados sobre los hechos en un primer momento. “Son análisis exhaustivos, que concluyen que los supuestos delitos son de atentado y lesiones. La Guardia Civil plantea también la posibilidad de que exista un delito de incitación al odio. Hasta ahí. Punto. La cuestión ya estaba analizada y la mandan al juzgado de Pamplona, a nadie se le pasa por la cabeza implicar a la Audiencia Nacional”, subraya la letrada.

Rubén Múgica, abogado de Covite, explica que la “extraordinaria gravedad” de lo que ocurrió aquella madrugada llevó que a los pocos días la presidenta, Consuelo Ordóñez, pusiera en la Audiencia Nacional una denuncia por un delito de terrorismo. “Ese criterio jurídico de Covite ha sido avalado por el Juzgado Central de Instrucción, por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por el Tribunal Supremo -que determinó la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar este caso porque podría haber un delito de terrorismo-, por las acusaciones particulares y por la otra acción popular”, remarca.“El Supremo es el más cualificado intérprete de la ley en España. Y resulta que los malos somos nosotros. ¡Hombre ya está bien!”, se queja.

Para la defensa, resulta inaudito el giro que toman los hechos tras la denuncia. “¡La opinión de Covite enmienda los atestados de Guardia Civil y Policía Foral!”, denuncia Izko. “Y entonces la Audiencia Nacional encarga un informe ad hoc que justifique la imputación por terrorismo. Donde dije digo, digo Diego. Y de ahí a la Audiencia Nacional, al artículo 573, y toda esta barbaridad que puede llegar a los 50 o 62 años de condena. La cosa es muy seria”, critica.

El artículo 573, que preocupa a Amnistía Internacional y ha permitido recientemente plantear la imputación por terrorismo a los Comités de Defensa de la República catalanes, es la respuesta que PP y PSOE dieron en el Código Penal al hilo de los ataques al semanario satírico francés Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015. Aquel atentado fue perpetrado por lobos solitarios: fanáticos terroristas sin una organización estable detrás. Mataron a 12 personas e hirieron a otras 11. Desde esa reforma legislativa, los delitos de “desórdenes públicos” orientados a “subvertir el orden constitucional” pueden ser considerados terrorismo en España.

El parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde considera que la aplicación del artículo 573 a los acusados de Alsasua “es una auténtica barbaridad desde todos los puntos de vista”, ya que solo en el año 2016 “hubo otros 9.000 sucedidos similares”. Un punto de vista compartido por juristas de prestigio en el ámbito del antiterrorismo, como el exjuez Baltasar Garzón, quien también ha tildado de “sobreactuación judicial” el proceso.

Síntesis de 40 años de historia en Navarra y País Vasco

Opiniones todas muy alejadas de la del abogado de Covite, que considera que se juzgan unos hechos “de magnitud gravísima” e incluso extrapolables para comprender la historia del terrorismo etarra: “Alsasua es la síntesis de la historia del País Vasco y de Navarra en los últimos 40 años. Hay un grupo de matones que se lanzan en tromba, como autómatas, contra dos guardias civiles y sus parejas. Y hay unas instituciones que lejos de salir en auxilio de las víctimas salen en auxilio de los agresores. Está por ver todavía que el Parlamento de Navarra, o el Gobierno de Navarra, o el Ayuntamiento de Alsasua hagan un mimo, una caricia, un comentario de simpatía o de cercanía para con las víctimas. ¡Está por ver! Cuando todo son mimos y miramientos hacia los agresores”, clama. Covite ha convocado una concentración de apoyo a los guardias civiles y sus parejas el próximo martes en Pamplona.

Para Amaia Izko todo el caso, especialmente desde la intervención de la denuncia de Covite, no es sino “un elemento de presión política contra el Gobierno de Navarra”. Mira lo que pasa con estos nacionalistas: vuelve la kale borroka, el acoso a la Guardia Civil… “ese es el objetivo de manipular un sucedido más o menos grave, que ha ocurrido en Nafarroa y otras partes de Euskal Herria miles de veces, y convertirlo en lo que no es”, denuncia. “Ha habido miles de incidentes, pero miles, similares. Y otros tantos procedimientos por atentado a la autoridad, no por terrorismo”, insiste.

“Pero cuando la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela pide un informe sobre la naturaleza terrorista de los hechos, cambian la versión y relacionan la dinámica Alde Hemendik! y el Ospa Mogimendua con ETA”, afirma Izko.

Ambas plataformas piden la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y de Navarra. “Nacen, crecen y se desarrollan dentro de la estrategia de ETA, por indicación de ETA según su interpretación. Una ETA que, recordemos, ya ha dejado de actuar para cuando se forma el Movimiento Ospa. Así llegamos a que a unas personas que no han conocido a ETA prácticamente se les relacione con la banda. Es el único elemento nuevo que introducen en el juego”, denuncia la abogada.

Múgica considera que “en ese submundo, y esto es ya una interpretación política, a las víctimas del terrorismo y a nuestras asociaciones no se nos pueda ni ver. Porque ellos siempre han querido víctimas dóciles, silenciosas e incluso silenciadas, que no tengan derecho a opinar sobre nada. Y Covite no se caracteriza precisamente por callarse, eso es lo que realmente les molesta”.

Y va más allá: “Aquí la primera forma de banalizar y rebajar la gravedad de lo ocurrido fue hablar de los chavales o de los chicos de Alsasua. Como si su juventud fuera portadora por definición de cosas benéficas. Cuando los hechos son gravísimos. Aquí hay que invertir los términos: las víctimas fueron los guardias y sus novias, que por cierto también son muy jóvenes, también son cuatro chicos”, remarca.

El relato del fiscal

El fiscal José Perals relata en su escrito de acusación que el 15 de octubre de 2016 que el teniente y el sargento de la Guardia Civil atacados se encontraban, de paisano y fuera de servicio, realizando unas consumiciones en el bar Koxka de Alsasua. Alrededor de las tres y cuarto de la madrugada entró en el bar uno de los detenidos acompañado de una menor y se dirigió al segundo para decirle que no tenía derecho a estar allí.

En este momento intervino el teniente, diciéndole que les dejara en paz, pese a lo cual insistió en su actitud. Entre tanto “se fueron acercando entre veinte y veinticinco personas que les rodearon y comenzaron a amenazarles e insultarles” con expresiones como “esto os pasa por venir aquí”, “tenéis lo que os merecéis”, “iros de aquí”, “hijos de puta”, “cabrones fuera de aquí”, “perros”, “putos pikoletos”, “txakurras”, “alde hemendik (fuera de aquí)”, “utzi pakean” (dejadnos en paz), para a continuación “comenzar a golpearles”.

Los agentes y sus parejas “intentaron entonces abandonar el bar y ya en la calle se encontraron con otro grupo de entre 15 y 20 personas que junto con los anteriores continuaron insultándoles y golpeándoles hasta que llegaron los agentes de la Policía Foral”, según la juez. La agresión les provocó múltiples contusiones y uno de los dos agentes resultó herido en el labio superior y se fracturó un tobillo.

518 días de prisión preventiva

Más allá de los hechos, mañana comienza el juicio, y tres de los acusados llevarán entonces 518 días en prisión preventiva. “Desde el principio hemos denunciado que se está haciendo un uso absolutamente abusivo de la prisión provisional. Por el tiempo que está transcurriendo, pero también por la forma en que se adoptó y se mantiene. Los objetivos de la prisión provisional es evitar que una persona se fugue o destruya pruebas, no pueden ser otros. En este caso constituye una pena adicional, uso que está totalmente proscrito”, recalca la abogada de la defensa.

“En el caso de estos tres chavales, ni hay riesgo de fuga, ni se puede presumir. Uno de ellos fue detenido mientras cumplía con todas las obligaciones que le impuso el juzgado de Iruña, y detenido al mes sabiendo perfectamente que la causa estaba en la Audiencia Nacional y no se iba a ninguna parte. Otro de ellos compareció voluntariamente ante el juzgado para ponerse a su disposición cuando se entera de que le mencionan en el atestado y otro incluso acude a la Audiencia Nacional dos veces para decir: Oye, que estoy aquí, que no me han podido detener. En esas circunstancias, y dada la coyuntura histórica generada por ETA, no es de recibo mantenerles en prisión ante la amenaza de que se fuguen. No tiene base, ni rigor. Es una vergüenza. Es un uso abusivo, excesivo y vengativo de la prisión provisional”, recalca Izko.

La abogada reconoce que la preocupación por el futuro de sus representados “es enorme”. Denuncia que durante la fase de instrucción “no se nos permitió presentar pruebas porque decían que eso no iba a cambiar la calificación de los hechos y que esperáramos a juicio. Y cuando lo presentamos en juicio se nos rechaza la inmensa mayoría y nos dicen que no es necesaria para determinar la naturaleza de los hechos”. “Vamos a un juicio con unas peticiones de pena de cadena perpetua prácticamente con dos testigos y poco más”, denuncia.

Sus dos testigos declararán que fue “una cosa de muchísima menos magnitud de lo que cuentan. Que duró muy poco tiempo y que no tuvo esa naturaleza de asalto organizado que ellos quieren ver. Si no es una masa de personas organizadas rodeando a las víctimas y dándoles una paliza brutal y tratando casi de matarlas, el terrorismo es difícil de entender. Y gente que estaba en el bar llegó a no enterarse de la bronca”, remarca.

Para Covite, el proceso judicial “tiene todas las garantías, por supuesto. La inadmisión es lo que ocurre cuando uno propone pruebas no con el ánimo de ejercer su defensa sino de salsear. Eso ocurre en la Audiencia Nacional y en todos los tribunales serios”, recuerda Múgica.

Los familiares, hundidos

Edurne Goikoetxea es madre de una de las detenidas. Su hija no está en prisión preventiva, pero se enfrenta a 12,5 años de cárcel por espetar una frase a los heridos –“Esto os pasa por venir aquí”- porque puede constituir un delito de amenazas terroristas. Reconoce que a pesar de los apoyos institucionales y sociales están “hundidos” por la magnitud de las penas a las que se enfrentan sus familiares.

Achaca a “estrategias políticas” todo el caso. “Si te dan una paliza 40 terroristas que te quieren matar la mayor lesión no es un tobillo”, se queja. “¿Qué nos han preparado? Están hundiendo la vida de nuestros hijos”.

Goikoetxea se queja también de la imagen que se ha proyectado de Alsasua. “Merece la pena venir a Alsasua y conocer el pueblo. Somos gente unida, hospitalaria, acogedora. Es un pueblo mezclado, porque la Renfe se situó en Alsasua, alrededor se instaló mucha industria y hubo mucha inmigración. Siempre ha sido un cruce de caminos, con más gente venida de fuera que de aquí”, subraya.

Un relato que concuerda con el expresado por el que era coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra en el momento de producirse los hechos, Javier Hernández. Aseguró días después que la Benemérita “no se siente especialmente incómoda en Alsasua”, y se mostró en desacuerdo con “la manera en que se ha presentado a la población de Alsasua, como una población especialmente complicada”.

Goikoetxea considera que se enfrentan a la “indefensión”, y recalca que los apoyos a los detenidos “provienen de gentes de todas las ideologías, que saben las burradas y las mentiras que se han dicho sobre este pueblo y nuestros familiares”.