A menudo es fácil identificar a la Unión Europea, o esa idea difusa que llamamos Bruselas, con las resoluciones del Parlamento Europeo, lo que dicen los dirigentes de Francia y Alemania, el informe de cualquier subpanel de un grupo de trabajo o, si estás perdido o eres partidista, la comisión de peticiones (un ente irrelevante). Los políticos más visibles en Bruselas son los que encabezan las instituciones, aunque la mayoría sean meros portavoces de un esquivo consenso, y los que ocupan las carteras que más se parecen a primera vista a las de los gobiernos nacionales, como Exteriores o Justicia, aunque decidan poco.
Pero pocas figuras tienen tanto poder, de manera clara, con responsabilidad personal y capacidad de influir en lo que pasa en Europa y en el mundo como la persona que ocupa la cartera de Competencia de la Comisión Europea. Es “uno de los trabajos de regulación más influyentes del mundo”, recordaba el Financial Times, cuando hace unos días adelantó que Teresa Ribera sería la elegida por Ursula von der Leyen para ocupar el puesto, que tiene que ser confirmado tras una audiencia en el Parlamento Europeo.
Las decisiones sobre fusiones, adquisiciones, prácticas comerciales y hasta diseño son las que marcan por dónde va la tecnología y el desarrollo empresarial que marca la vida cotidiana de los europeos, y, a diferencia de casi todo en la UE, esta cartera tiene poderes bastante exclusivos con el complemento o el freno del Tribunal de Justicia de la UE. Las andanzas de Google, Apple, Facebook y antes General Electric, Endesa, Microsoft y otras grandes compañías tiene que ver con decisiones tomadas por esta cartera presente desde la fundación de la Comunidad Europea y que tiene uno de los equipos más extensos y preparados de la Comisión. Según los datos de julio, casi 900 personas trabajaban para la dirección de Competencia. Está por ver cómo quedará el equipo tras la versión de esta cartera incluyendo la responsabilidad sobre políticas de transición climática, algo inédito hasta ahora y, sin duda, un reto.
La misión que le ha encomendado la presidenta de la Comisión a Ribera incluye modernizar la política de competencia, cooperar con otros reguladores y ayudar a que las empresas produzcan más, pero con menos emisiones, simplificar las reglas para lograr subsidios verdes y proteger a los más vulnerables en el caso de los servicios básicos, según dice la carta sobre su amplia misión (una lista donde sólo falta la paz en el mundo).
Ribera, también vicepresidenta de la Comisión, tendrá poderes en la práctica como pocas personas en Bruselas. Cabe recordar que no representa al Gobierno español ni los intereses de España, que pasa a ser “el país que mejor conoce” la comisaria, según manda la tradición y la cortesía.
Su función es representar los intereses de los ciudadanos europeos, una abstracción que requiere el esfuerzo extra de olvidarse de las pequeñas peleas de la política nacional, dirigida por tantos líderes que a veces parecen empeñados en quedarse en su rincón periférico en lugar de pensar en los asuntos de fondo que afectan de manera parecida a todos los países europeos.
Las audiencias parlamentarias, como parte del proceso de escrutinio, están para pedir cuentas a las personas elegidas y considerar posibles conflictos de interés. Llama la atención que el Partido Popular ya haya decidido cómo votar y hacerlo en contra. El precedente que cita el PP es el de Miguel Arias Cañete, que fue designado para la cartera de Cambio Climático en la Comisión presidida por Jean-Claude Juncker pese a su poca experiencia en este asunto y mientras tenía inversiones en petroleras, que vendió antes de asumir el cargo. El PSOE, en todo caso, votó en contra después de semanas de debate.
El PP parece olvidar, además, que la función de Ribera ya no tendrá que ver con Pedro Sánchez ni con nadie de su Gobierno. Será una comisaria europea y, si hace bien su trabajo, esa será su principal identidad profesional. Pensar que va a ser de otra manera es no creerse esta idea complicada, pero todavía idealista de lo que es Europa.