1.- El 23J constató el fin de los tres ciclos de movimientos populares que han marcado la política española en la última década: el 15M, el 1-O en Cataluña y la España de los balcones. Los tres han cambiado España (y Cataluña) de forma importantísima, muchas de sus consecuencias están absolutamente presentes, pero no son ciclos que se puedan estirar más sin negar la realidad.
2.- El 15M ya formaba parte de nuestra historia desde hace tiempo (los nuevos votantes de estas elecciones tenían 6 años cuando las plazas de toda España pedían más democracia) y, sin haber logrado revoluciones ni victorias completas, sí ha dejado consecuencias importantísimas para la democracia española. Pero hace años que quien apela al 15M como argumento para legitimar o exigir cualquier actuación política muestra, en el mejor de los casos, una gran desubicación temporal. Las dos consecuencias institucionales principales de este ciclo y de su fin son el buen entendimiento entre las fuerzas progresistas (sería dificilísimo encontrar votantes del PSOE o de Sumar que no muestren una cierta simpatía por Yolanda Díaz o Pedro Sánchez respectivamente) y la consciencia de que no cabe inmovilismo (la coalición de gobierno está obligada a conquistar derechos sociales y libertades tangibles) pero tampoco las ensoñaciones revolucionarias: el momento populista hace tiempo que dio paso a un momento cívico republicano en el espacio progresista.
El 1-O terminó también hace tiempo, pero los resultados en Cataluña de las elecciones del 23J (y del 28M) lanzan un mensaje desde Cataluña muy notable: el PSC y Sumar han sido los partidos más votados por encima de ERC y Junts, mostrando que la población catalana ve hoy más urgente (o simplemente posible) construir una España habitable que buscar un colapso de España que acaso facilitara la independencia de Cataluña. La conversión de los resultados en escaños hace convivir esa lógica política con la necesidad parlamentaria de que ERC y Junts formen parte de esa “España habitable”: o ambos apoyan la investidura y gestión de un gobierno progresista o el bloque reaccionario y centralista tendrá una segunda oportunidad.
La España de los balcones (aquella que respondió desde el Estatut y el 1-O llenando de millones de banderas rojigualdas los balcones de España) tenía la convicción de que iban a arrasar en las elecciones. PP y Vox confluían en lemas contundentes, ajenos al matiz y a la lógica democrática como “derogar el sanchismo” y “que te vote Txapote”. La bofetada de realidad es tremenda: si se creían sus lemas, hoy deben de pensar que la mayoría de España vota con Txapote y en defensa de ese sanchismo en el que nos encontramos todos los enemigos de España: debe de ser difícil de gestionar intelectual y moralmente que la mayoría de España sea enemiga de España.
3.- Así las cosas, el nuevo ciclo político institucional nace sobre escombros y sin un GPS en el que nadie sepa muy bien qué dirección poner. Si los últimos años no nos hubieran vacunado contra las predicciones, pensaríamos que vamos a un tiempo de mayor estabilidad (esperemos que sin pandemias y ojalá con un final aceptable de la guerra en Ucrania) con un nuevo gobierno de coalición progresista.
Los buenos datos macroeconómicos y esa deseable estabilidad permitirían profundizar en nuevos avances sociales y medioambientales y en el blindaje de los derechos ya conseguidos y amenazados por los gobiernos autonómicos y municipales que PP y Vox consiguieron el 28M. Ello será difícil sin el apoyo legislativo y presupuestario de todos los partidos llamados a apoyar una investidura de Pedro Sánchez.
La máxima dificultad del nuevo ciclo la plantea el desbloqueo territorial. Pero es, a su vez, una condición de posibilidad para el desbloqueo de España. Y de Cataluña. Y pasa por dos momentos muy diferentes pero ambos necesarios: el cierre del proceso del 1-O y la apertura de un nuevo diseño territorial de España, pactado, acordado y votado.
4.- El cierre del 1-O exige dos movimientos: por un lado, la cancelación de sus consecuencias penales y por otro, la incorporación sin complejos de los independentistas catalanes a la construcción de una solución compartida.
De la legislatura pasada, se puede concluir que los indultos no sólo no tuvieron un coste electoral grave para el PSOE sino que, en buena parte, han sido entendidos como una aportación positiva a la convivencia. Ni siquiera la derecha más autoritaria los ha usado como protagonista de su campaña antisanchista. En cambio, la modificación de la malversación en el Código Penal sí que generó heridas e incomprensión popular y, al tiempo, fue completamente ineficaz puesto que ningún tribunal ha aplicado la reforma con las consecuencias que pretendía el legislador. Por ello, una Ley de Amnistía es un instrumento mucho más limpio política y legislativamente y es inevitable para dar un cierre inequívoco al 1-O, sin que dependiera de interpretaciones de jueces hostiles y sin que supusiera grandes costes electorales para un gobierno al que el 23J ha legitimado para ser valiente. Obviamente tal Ley de Amnistía contaría con la agria oposición (aunque sea meramente teatral) de toda la derecha española y de los sectores del PSOE que nunca fallan en estas citas. Igual que sucedió con los indultos.
5.- La segunda fase tiene que ser la de poner en marcha una reforma territorial de España en clave (con)federal. Para ello es imprescindible que tanto ERC como Junts interioricen el mensaje que lanzó el 23J y el fin del ciclo del 1-O y tengan la valentía de buscar avances posibles para Cataluña: enrocarse en que la única solución es un referéndum sobre la independencia que saben que no va a suceder es, hoy, impedir que Cataluña tenga un mejor marco institucional y político para el futuro sabiendo que no hay una alternativa mejor.
A diferencia de la Ley de Amnistía, si el PP tuviera capacidad para identificar sus opciones de futuro, se incorporaría de forma constructiva a ese diálogo: una nueva normalización territorial de España con la participación del PP es imprescindible para que el PP pueda salir de su rincón y recupere la posibilidad de entenderse con alguien más que con la ultraderecha irracionalista que le condena a la oposición. Por ponerlo en términos de la Transición, Alianza Popular pudo aspirar al gobierno cuando decidió parecerse más a UCD que a Blas Piñar; y hoy el PP sólo es capaz de hablar (en secreto en el reservado de un restaurante) con Blas Piñar. Sólo así el PP podrá salir mirando al futuro del cierre del ciclo de la España de los balcones y de su derrota traumática el 23J. Salvo que el PP quiera mantenerse en la cómoda pero estéril ficción de que la mayoría de España es enemiga de España.
Así, una solución estratégica para todos (menos para Vox y para quienes aún quieran simular que los ciclos cerrados sigan abiertos) debe ser una mesa de partidos (no sólo de gobiernos) que busque acuerdos en la reconfiguración territorial de España. Tal mesa no puede ser sólo una sucesión de reuniones sin conclusiones sino que debe plantearse un calendario (lo más cerrado posible) del que salgan nuevas recetas territoriales. Obviamente tales recetas tendrán que ser votadas por los ciudadanos y ciudadanas afectadas, tal y como mandan la Constitución de 1978 y casi todos los Estatutos de autonomía en vigor.
El 23J dejó a España en una sorprendente situación de paz social, prosperidad macroeconómica y reconocimiento internacional, pero también de bucle político cuyo enquistamiento amenaza con una italianización de la política española que sólo beneficia al fanatismo irracional. Existe la posibilidad de abrir un nuevo ciclo que incorpore a todos los actores democráticos, pero para ello cada uno de ellos tiene que ser valiente y mirar más allá de la inmediatez y superar las presiones de sus retaguardias más conservadora, no sólo en beneficio de su país sino incluso (y esto es lo que hace posible esta receta) para la supervivencia de cada uno de los partidos.