El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, siempre mezcla la rabia ante la injusticia y la esperanza por un mundo mejor, cristalizada desde hace años en manifestaciones históricas convocadas en nuestro país por el movimiento feminista. Este año tenemos, además, una buena nueva que celebrar: el pasado lunes, gracias a la lucha histórica de las mujeres francesas, Francia blindó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en su Constitución. Desde España, millones de mujeres y hombres lo hemos vivido con enorme alegría y admiración.
La historia de la lucha de las mujeres por su derecho al aborto es larga. Desde Federica Montseny y su compromiso con la libertad, la salud y la autonomía de las mujeres, pasando por las 11 de Basauri o los colectivos feministas que sostuvieron las movilizaciones para conseguir la pionera ley de 1985, hasta la nueva ola de cientos de miles de mujeres que salieron a la calle en toda España en 2014 para evitar recortes y retrocesos en ese derecho o el feminismo imparable que se abrió paso a finales de la década pasada, revelándose como motor de las transformaciones sociales de nuestro país.
Inspiradas en las conquistas de derechos y libertades de las mujeres feministas de nuestro país vecino, y recogiendo la extensa genealogía de lucha por los derechos de las mujeres que tenemos en España, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar hemos querido seguir ese ejemplo inspirador. El pasado miércoles decidimos lanzar una propuesta de reforma de la Constitución para abrir el debate al conjunto de la sociedad española y compartirla con el resto de Grupos Parlamentarios.
Estos días, y como cada año cuando el 8M se acerca, he tenido la oportunidad de encontrarme con mujeres diversas de nuestro país para reivindicar, entre otras muchas cosas que nos atraviesan a las mujeres por el mero hecho de serlo, la consagración de este derecho. Hemos hablado de la imperiosa necesidad de una política útil, bonita, que cuida a la gente y que pelea firmemente por los derechos de todas; de que no cabe retroceder ni un paso atrás, porque la libertad o es de todas o no es de nadie. Recordamos juntas que lo queremos todo, el pan y las rosas; que toca hacer realidad el grito contra la injusticia que tantas mujeres han hecho suyo en los últimos meses: #SeAcabó. Hemos hablado de lo público y de la necesidad de cuidarnos las unas a las otras. Y blindar el aborto también significa cuidarnos: protegernos ante cualquier retroceso futuro, hacer del feminismo un pilar de nuestra democracia, luchar por todas las mujeres cuyo techo es la vida cotidiana o asegurarnos de que nunca más una mujer se ve obligada a abortar en condiciones precarias, oscuras, clandestinas, como era el caso hace no tanto tiempo, en una España en blanco y negro a la cual hay quien parece querer devolvernos.
Creemos que es el momento de blindar constitucionalmente el derecho a la libre interrupción del embarazo. No solo porque queremos convertir lo que ya es un acuerdo de país y un consenso del sentido común en un nuevo derecho constitucional, sino porque nos parece una herramienta imprescindible para acabar de hacer realidad el derecho al aborto en España. Frente a las amenazas de las fuerzas reaccionarias en todo el mundo, que señalan los derechos de las mujeres como su objetivo prioritario una vez llegan al Gobierno, España tiene la oportunidad de ser una referencia feminista y democrática. Esta reforma será la garantía de que no volveremos hacia atrás: de que hemos aprendido del pasado y trabajamos en construir un presente feminista, asegurándonos de que lo será también el futuro.
Blindar el derecho al aborto sería un paso determinante en el largo proceso de reconocimiento y protección de un derecho que le ha sido negado a las mujeres españolas durante demasiado tiempo. Quiero recordar que recientemente el Gobierno de coalición progresista aprobó, a iniciativa del Ministerio de Igualdad, la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que reformaba la anterior legislación sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, con la voluntad de asegurar la gratuidad, accesibilidad y proximidad en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, así como promover la educación en materia afectivo-sexual.
Blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución española supondría, además, la primera reforma constitucional feminista de la última etapa democrática. Con la modificación del artículo 49, gracias a la sociedad civil organizada y a la lucha de las personas con discapacidad, hemos demostrado que el texto constitucional no es letra muerta, sino que puede adaptarse al signo de los tiempos y servir como herramienta de reconocimiento de derechos.
Somos conscientes de las dificultades que implica una reforma constitucional en España. Por eso, queremos hacerlo a la manera de Sumar: con diálogo social, escuchando al movimiento feminista, a las juristas, a las expertas y, por supuesto, al conjunto de los Grupos Parlamentarios.
La gente está cansada de mirar a la política oficial y solo ver ruido, disputas entre políticos y crispación, en lugar de acuerdos para avanzar. Con esta propuesta, señalamos el camino de un gran acuerdo de país: trasladar a las instituciones lo que ya es el consenso de una sociedad que ha cambiado, de una España que hoy se reconoce feminista. El feminismo nos ha enseñado muchas veces el camino para avanzar en derechos. Esta puede ser otra oportunidad de caminar juntas como país y dar una lección de madurez, de serenidad y de fuerza.
Este es nuestro pequeño aporte a esa lucha, convencidas de que no hay mayor fuerza que la de los derechos, que son la garantía de nuestra libertad. Y que la mejor manera de defenderlos, cuando hay quien ansía recortarlos, es ampliándolos y ensanchándolos.