Durante las últimas semanas hemos continuado siendo testigos del discurso misógino y de negación de los derechos de las mujeres. La derecha y la ultraderecha quieren menospreciar y ridiculizar a las feministas que ejercen la política. Y así lo hacen desde sus escaños. Quieren que todo siga igual, siguen sin propuestas que pongan fin a las violencias machistas, un problema de seguridad pública que sufre la mitad del país, tampoco para garantizar los derechos del 51% de la población. Pero no, no nos van a parar. El impulso del movimiento feminista, en el que me incluyo, ha abierto camino ante quienes se resisten a los avances en derechos. Y siendo conscientes de la fragilidad de cada paso que damos adelante, esto es ya imparable aunque les pese.
Lo hemos dicho muchas veces desde la tribuna, y lo haremos las que hagan falta: Las mujeres tenemos derecho a caminar por la calle sin miedo. Tenemos derecho a vivir una vida sin violencias. Tenemos derecho a vestir como queramos y que no se nos juzgue por ello. Tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Tenemos derecho a un trabajo digno, en condiciones justas, sin brechas de ningún tipo y sin el cuestionamiento constante sobre nuestra vida personal. También tenemos derecho a ejercer cargos de responsabilidad sin toparnos con los obstáculos y las violencias que enfrentamos por el simple hecho de ser mujeres.
En este sentido, en los últimos días hemos visto un nuevo ejemplo con la pregunta a la ministra Belarra por su baja de maternidad, que se suma a una larga lista que las mujeres que ejercen la política reciben habitualmente. Este cuestionamiento, no es otra cosa que el reflejo del papel que se sigue reservando exclusivamente a las mujeres en la esfera privada y que claramente penaliza a quienes se significan desde la esfera pública o política. Y de ahí que se infiera con estas preguntas -que nunca se plantean a los hombres de igual rango- que la maternidad y los cuidados forman parte de esa esfera doméstica que las mujeres deberían seguir anteponiendo a sus compromisos profesionales. Ahí es donde nos sitúan.
Decía Clara Campoamor que “la libertad se aprende ejerciéndola” y a la vista está el cuestionamiento constante a los avances en derechos y las violencias que pretenden obstaculizar la participación política de las mujeres. Y ante estos ataques, que no debemos tolerar, ante esta negación de derechos a las mujeres que incide sobre la calidad de las democracias, las feministas y las instituciones, tenemos la obligación de llevar a cabo políticas que nos permitan garantizar y avanzar en derechos.
La violencia machista que se produce de manera evidente en los espacios de la vida pública y política y de la que somos testigos ya fue legislada en Catalunya con la modificación de la ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. La norma catalana reconoce la violencia que se produce contra las mujeres en las instituciones políticas y las administraciones públicas, en los partidos políticos, los medios de comunicación o las redes sociales. Es evidente que el cambio no solo debe ser normativo, sino que debe ser también cultural. En una sociedad que reclama más derechos y más libertades para las mujeres, que ya ha salido a la calle para decir “yo sí te creo”, no podemos tolerar más prácticas y discursos que tienen como objetivo obstaculizar nuestra plena participación política, nuestra presencia en la esfera pública. Son muchas las mujeres que nos abrieron camino y nos quedan muchos caminos por abrir a las mujeres que vendrán. Por ellas, seguiremos alzando la voz, legislando derechos, plantando cara al fascismo.