Según las fuentes de que dispongo, el famosísimo Motín de Esquilache fue instigado por grupos de poder nobiliarios y eclesiásticos y estuvo planificado por los jesuitas y personalidades como el Marqués de la Ensenada. Fue instrumentalizado políticamente para dirimir la lucha por el poder entre dos facciones de la Corte. Al parecer el Marqués de la Ensenada ha impregnado su vocación conspirativa en las paredes del edificio, en la calle del mismo nombre, que actualmente ocupa el Consejo General del Poder Judicial.
Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial designados por el Partido Popular se han levantado en armas (se entiende jurídicas y legales) para apoyar las tesis del partido político que les ha propuesto (de bien nacidos es ser agradecidos) sobre una cuestión con tantos matices constitucionales, legales y políticos como una ley de amnistía que, de momento, ni siquiera se ha propuesto y por tanto no ha llegado al Boletín Oficial del Estado. La amnistía es una institución de gracia de largo arraigo histórico en nuestro país que nunca había suscitado un debate tan enconado como el provocado en estos momentos. Cuando se anunció la inminencia de una ley de amnistía apoyada por una mayoría parlamentaria –que la considera como una decisión política útil, necesaria y justa para afrontar las consecuencias de todo orden derivadas de una sentencia que condena a los lideres independentistas catalanes a fuertes penas de prisión-se abrió la caja de los truenos.
Ocho vocales han propuesto una reunión extraordinaria del pleno del Consejo para hacer una declaración institucional en contra de la amnistía. Su tono apocalíptico y tremendista no lo superaría el histórico predicador dominico Girolamo Savonarola en sus soflamas anunciando toda clase de desgracias e incluso el fin del mundo. Parece mentira que unas personas que están formadas en las ciencias jurídicas afirmen que una medida de gracia como la amnistía supone degradar el Estado de derecho y va en contra del interés de España. Si no fuera por su propósito de dificultar la formación de un gobierno con mayoría parlamentaria que impide la constitución del gobierno de la derecha extrema y la extrema derecha, resultaría conmovedor observar su preocupación y desolación ante la posible promulgación de una ley que, según ellos, acabaría con el Estado de derecho y la disolución de España como nación integrada en la Unión Europea.
Cuando afirman que “la amnistía de los políticos contribuye a generar una casta jurídicamente irresponsable por sus delitos”, no sé si se están refiriendo a la impunidad de la secretaria general y el presidente del Partido Popular, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy, que quedaron al margen del sumario de la Gürtel a pesar de las abrumadoras pruebas que evidenciaban su participación, no solo por los hechos que fueron objeto de condena sino también por el intento mafioso de utilizar el aparato del Estado para impedir que se investigase la Caja B del Partido Popular.
El escrito, o más bien el panfleto, intenta revestirse con ropajes jurídicos. Invoca los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea. El artículo 2 es mucho más amplio, dice: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos”. El articulo 19 se refiere al papel del Tribunal de Justicia, y no entiendo qué tiene que ver con una ley aprobada por un Parlamento y que goza de la presunción de constitucionalidad mientras no se diga lo contrario. ¿En qué parte del derecho de la Unión están prohibidas las amnistías?
Ante una ley elaborada por el Parlamento en el uso de las potestades prioritarias que le concede la Constitución como depositario de la soberanía popular, lo único que se puede hacer en un Estado de derecho, si llega el caso, es plantear una cuestión de inconstitucionalidad, que sería absolutamente innecesaria si el Tribunal Constitucional se pronuncia por la adecuación de la amnistía a los principios constitucionales. A la vista del contenido del subversivo desplante de los vocales de la mayoría, creo que es absolutamente innecesario cualquier dictamen. Ya lo han formulado, siguiendo literalmente los argumentos del Partido Popular.
Lo más grave para la salvaguarda del Estado de derecho procede de la utilización servilista de una institución como el Consejo General del Poder Judicial sin haberse leído las objeciones que el Tribunal Europeo de Derecho humanos ha formulado al contenido de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. No me parece lo más edificante que los que tienen la misión, según su Ley Orgánica, de velar por la independencia de los tribunales y por la división de poderes dirijan acerbas censuras al Parlamento y al Ejecutivo por tramitar una ley dentro de sus exclusivas competencias. El espectáculo que están dando es demoledor para la confianza de los ciudadanos en la justicia y refuerza el sentimiento muy arraigado, según algunas encuestas, que tienen los ciudadanos sobre la independencia del Poder Judicial.
Antes de lanzarse a la arena política con el fervor y arrojo de unos cruzados por la defensa de la Patria y del orden constitucional, deberían repasar la Ley Orgánica para contener sus impulsos partidistas y meditar sobre las sanciones disciplinarias que ellos pueden aplicar a los jueces y magistrados por la provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades o por dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos felicitaciones o censuras por sus actos.
La sentencia del Tribunal Supremo se ha dictado con absoluta independencia de los componentes de la Sala, ha tenido acceso al Tribunal Constitucional, que la ha ratificado, y en estos momentos está en manos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el órgano al que, según nuestra legislación, le corresponde dictaminar sobre su adecuación o no al Convenio Europeo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La acción de la justicia ha seguido su curso y no vemos por ningún lado la necesidad de restaurar un orden jurídico que en ningún momento ha sido quebrantado.
El Tribunal Constitucional ya ha tenido oportunidad, en varias ocasiones, de pronunciarse por la posibilidad de elaborar una ley de amnistía. Cuando el texto haya pasado al Boletín Oficial del Estado, 50 senadores o 50 diputados disponen de tres meses para denunciar su inconstitucionalidad. Los jueces deberán respetar y acomodarse a lo que decida el máximo intérprete de la Constitución. Conviene recordarles que su legitimidad democrática, que no les concede directamente la soberanía popular, solo la alcanzan si se someten al imperio de la ley y son capaces de razonar y motivar sus resoluciones. Hasta que llegue ese momento, me parece que lo único que pretenden los vocales insurrectos es participar en la confrontación política de forma partidista vulnerando la ley y la Constitución.