En la Comunidad de Madrid sabemos por la vía de los hechos y con la práctica diaria que muchas mujeres sufren en sus carnes lo que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quiere que también sea una realidad para aquellas que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo en la comunidad donde el PP gobierna con Vox.
De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha venido a reprocharle que haya dado explicaciones públicas, cuando podía habérselo ahorrado. “¿Qué necesidad había?”, le ha respondido literalmente. En realidad, lo que quería decir la señora Ayuso era: ¿qué necesidad había… cuando lo puedes hacer como yo, sin rueda de prensa y con medidas mucho más efectivas para dejar este derecho transformado en un calvario para las mujeres?
En Madrid, decidir que tienes que interrumpir tu embarazo de forma voluntaria es para las mujeres el inicio de un calvario ideado y financiado por el gobierno regional del PP. En este sentido, García-Gallardo es un aprendiz de Ayuso.
¿Cómo es posible que en los hospitales públicos de Madrid no haya nadie dispuesto a practicar abortos? Pues porque en Madrid hay una práctica admitida que también vulnera la Ley estatal que es permitir las objeciones de conciencia en bloque firmadas por el jefe del servicio. No hay nada más contradictorio que una conciencia colectiva. La conciencia es individual y fruto de una reflexión interna del profesional. De hecho, la normativa española señala que la objeción es individual, anticipada y por escrito, y se prevé en un futuro crear un Registro de objetores. Ahora bien, si tú permites que los jefes de servicio fijen la postura individual de todo su equipo, jefes de los que depende la carrera profesional e incluso la fijeza en la plantilla de los profesionales, no hace falta ser muy avispado para saber que nadie discrepará, que nadie mostrará su disposición a hacer unas prácticas que están rechazadas por tu superior.
Luego, ya tenemos a la mujer a la que han negado la asistencia sanitaria pública yendo a la oficina de la calle Sagasta para su derivación a un centro privado, con su dolor a cuestas y el reloj avanzando en cuenta atrás. Finalmente, recalan en las clínicas privadas que practican abortos y ahí se encuentran, contraviniendo la ley penal que prohíbe las concentraciones que intentan coaccionar, a asociaciones bien alimentadas por la Comunidad de Madrid que les esperan, les amenazan, les hablan de futuros daños psicológicos y que no tienen reparo alguno en torturar psicológicamente a mujeres que ya llegan frágiles, cansadas, sin dormir y con un estado anímico muy afectado.
El gobierno de la señora Ayuso ha triplicado la partida de ayudas a proyectos de asistencia a mujeres pasando de los 500.000 al millón y medio de euros. Del total, un 54% de ese dinero público, 855.668 euros, ha ido a parar a entidades contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo.
Llama la atención, por ejemplo, cómo la Fundación Madrina, conocida por sus prácticas y técnicas para convencer a las mujeres para que no interrumpan su embarazo, ha pasado de recibir 478.177 euros a 654.146 en subvenciones de un año para otro.
Esto no es de ahora ni es nuevo. En Madrid, estamos acostumbrados a esta política que se ha implantado sin protocolo por la vía de los hechos. ¿Ya no nos acordamos de las ayudas por el concebido no nacido y los titubeos ante el estupor de todos los que estaban presentes?
Desde el principio, lo importante siempre ha sido dejar claro que desde la Comunidad de Madrid se haría todo lo posible por ponérselo aún más difícil a todas las mujeres que estuvieran en esta situación. Hablamos, además, de la única comunidad autónoma que no financia métodos anticonceptivos ni la píldora postcoital o del día después.
Su única respuesta ha sido anunciar como nuevo un teléfono para embarazadas cuando en Madrid sabemos que desde 2019 (año de los concebidos no nacidos) ya existe ese teléfono. ¿Dónde está la novedad? No la hay.
La señora Ayuso debería saber que las mujeres que hemos tenido embarazos y, sobre todo, las que hemos criado a nuestros hijos (muchas solas, absolutamente solas) sabemos lo que es un embarazo desde bien pronto, nadie nos lo tiene que explicar.
Lo que necesitan las mujeres es un teléfono que dé soluciones y haga más fácil la vida. Desde una buena educación infantil a un apoyo pediátrico de calidad y no tener urgencias cerradas; desde un trabajo digno a que las clases de inglés de los hijos no dependan de las propinas; desde una educación con igualdad de oportunidades a una salud bucodental para todos.
A las mujeres no hay que explicarles nada, sabemos muy bien de qué va esto. Y a usted, se le ha caído la careta, porque el anuncio de su aprendiz en Castilla y León lo llevamos sufriendo en Madrid con hechos consumados desde hace años.