El día 16 de Octubre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una moción presentada por Unidos Podemos instando al Gobierno a adoptar medidas contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esta noticia no tiene nada de novedosa; el pasado mes de febrero ya se aprobó, también por unanimidad, una moción similar presentada por el PSOE.
Pero lo peor es que la noticia tiene aún menos de esperanzadora. Claro que en principio no está mal que el Congreso de los Diputados reconozca que las mujeres cobran mucho menos que los hombres y que deberían tomarse medidas contra esta injusticia manifiesta. Sin embargo, reconocer un problema y decir que hay que hacer algo no es garantía de nada. Más aún, según lo que se haga puede terminar bien o mal.
El último ejemplo es el del pacto de Estado contra la Violencia Machista, que terminó mal, como se explica en este artículo. Es más, este resultado tan decepcionante de un proceso que ha tenido esperanzadas a tantas personas puede generar la falsa impresión de que, si después de tanto tiempo y energías no se ha arreglado nada, quizás será verdad que se ha hecho todo lo posible por eliminar “la lacra” de la violencia de género pero, ¡ay! quizás será que no tiene solución. Así, ahora solo quedaría pasar a la siguiente “lacra”, que después de mucho ruido puede terminar igualmente desactivada (que no eliminada).
Esta teoría de las lacras es precisamente la trampa en la que estamos. Porque ahora parece que se avecina todo un proceso contra “la lacra” de la desigualdad salarial. Y para ello se nos presenta como un gran salto adelante esa nueva ley de igualdad salarial que incorpore “medidas de transparencia” para las empresas, pero sin abordar las causas de las diferencias salariales. Tanto PSOE como Unidos Podemos están preparando sendas Proposiciones de Ley al respecto.
La directriz viene de Europa. De hecho, las medidas que ahora el Congreso reclama al Gobierno son las de la Recomendación de la Comisión Europea (CE) de 2014 “sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia”. Leer esa Recomendación es un ejercicio muy recomendable para todas las personas que hayan concebido alguna esperanza en este nuevo proceso que se avecina; la mejor prevención para luego no quedar decepcionadas cuando se convierta también en agua de borrajas.
Resumiendo, la CE “facilita orientaciones” a los Estados miembros y recomienda (que no insta ni obliga) que “apliquen al menos una de las medidas básicas para reforzar la transparencia que se establecen en esta Recomendación”. No se puede decir que, de entrada el objetivo sea muy ambicioso. Pero es que además, al estilo del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, algunas de estas medidas ya están legisladas, como mejorar la disponibilidad de datos desagregados por sexos (en España ya tenemos esa obligación desde la Ley de Igualdad). Otras son bastante etéreas, como “animar a los empresarios y a los interlocutores sociales a introducir sistemas de evaluación y clasificación de empleos no sexistas”.
Otras, las medidas propiamente llamadas “de transparencia”, consisten en recomendar que se realicen auditorías salariales en empresas de más de 250 trabajadores, con análisis de la proporción de mujeres y hombres en cada categoría; y que las empresas de más de 50 trabajadores informen de la remuneración media por categoría y por sexo.
Si estas medidas fueran de verdad algo más que balas de fogueo se encontrarían con grandes resistencias, lo que exigiría todo un ejército de inspectores y jueces para obligar a las empresas (repito: si hubiera algo verdaderamente obligatorio). Además, si después de tanto debate y esfuerzos se consiguiera realizar esas auditorías, descubriríamos lo que ya sabemos: los mozos cobran más que las limpiadoras. A nosotras nos parece que no debería ser así porque esos dos son trabajos de igual valor, pero hasta ahora no hay ninguna experiencia de que se haya obligado a una empresa a modificar su estructura salarial en ese sentido; y la Recomendación de la CE no lo propone.
Pero el problema más grave es que concentrarse en las “medidas de transparencia” tendrá el efecto boomerang de esconder la naturaleza del fenómeno y sus verdaderas causas, porque la realidad es que la diferencia de remuneración por trabajos de igual valor no supone más que una parte pequeñísima de la brecha salarial.
Veamos. La primera componente de esta brecha es la diferencia entre los salarios medios por hora entre hombres y mujeres, que crece con la edad hasta situarse en un 20% a los 30 años, y permanece estable a partir de esa edad. Esto no se debe fundamentalmente a la diferencia de remuneración por trabajos de igual valor sino a la enorme segregación laboral por sexos, tanto vertical como horizontal: las mujeres evolucionan menos que los hombres hacia categorías laborales mejor pagadas.
Dicho de otra manera: no tiene nada de ilegal pagar más a un director general que a una cajera; y se demuestra que las mujeres tienen más probabilidad de quedarse en cajeras, mientras que los hombres tienen más probabilidad de promocionarse a directores generales. Tampoco tiene nada de ilegal que en una empresa del metal se gane más que en una de la limpieza, y resulta que las mujeres están concentradas en la limpieza.
La segunda componente, que se añade a la diferencia en el salario medio por hora, es que las mujeres trabajan menos horas que los hombres (el 27% de las asalariadas trabaja a tiempo parcial, frente al 8% de los asalariados). Además, las mujeres tienen más periodos de ausencias (su permiso de maternidad es 4 veces más largo que el de paternidad, y el 95% del total de las excedencias no pagadas son tomadas por mujeres). Todo esto tampoco tiene nada que ver con los trabajos de igual valor.
En resumen, si según la Agencia tributaria el monto total de los salarios percibidos por los hombres es un 54% mayor que el de los salarios percibidos por las mujeres (en las pensiones esta diferencia es de un 47%), la inmensa mayor parte de esa brecha se debe a causas identificables y fáciles de atajar, pero no con esas medidas cosméticas que desvirtúan el problema.
La principal causa, la que nos coloca a todas las mujeres la etiqueta de “menos disponible para el empleo” es que los hombres no asumen su parte del cuidado. Y no lo van a hacer si lo que se les ofrece es asumir el cuidado familiar en las condiciones de esclavitud en las que ahora lo asumen las mujeres. Sin embargo, sí existen medidas efectivas para que todos y todas lo hagamos en igualdad y con condiciones dignas. La primera, la más emblemática, efectiva, barata, popular y fácil de implementar, es la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad (ambos intransferibles y pagados al 100%), tal como propone la PPIINA. ¿Por qué sigue paralizada en el Congreso la Proposición de Ley para esta reforma, si el Pleno ha votado a favor por unanimidad ya varias veces?
Además, es necesario proveer los servicios públicos cuyo escandaloso déficit están supliendo las mujeres con trabajo no pagado. Según el INE, solamente el 16,4% de los hogares españoles con alguna persona dependiente recibe cuidados a domicilio (el número de plazas de centros de día cubre menos del 3%, y el de plazas residenciales menos del 8%). Solamente el 43% de los menores de 3 años están escolarizados, y los horarios son más que insuficientes. ¿Para cuándo una Ley que establezca el derecho universal a la escolarización a partir de los cero años y un plan para un verdadero sistema de educación infantil de calidad? ¿Para cuándo una reforma de la Ley de Dependencia que establezca el derecho universal a la atención por parte de los servicios públicos, de calidad y suficiente para suplir la falta de autonomía funcional?
Finalmente, es necesario revocar las últimas reformas laborales y acabar con las interminables e inestables jornadas de trabajo (¡malditos cuadrantes semanales!), que hacen el empleo incompatible con la vida. Para ello es crucial la jornada máxima de 35 horas semanales a tiempo completo.
Estas son las principales medidas, aunque no las únicas. Sin ellas, ningún gobierno ni partido puede decir que tiene la voluntad política de erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres
En resumen: una nueva ley contra la igualdad salarial no solamente no arreglaría el problema sino que serviría como coartada para su permanencia. Sería muy triste que todos los partidos contribuyeran unánimemente a este nuevo maquillaje de la desigualdad, sin que ni uno solo denunciara esta nueva operación y opusiera a ella las medidas efectivas para combatirla.