Las situaciones degradantes para la democracia y la política que vivimos con frecuencia en los plenos del Congreso exigen que la presidenta de la Cámara y los grupos reflexionen sobre las medidas a adoptar. Entre ellas, la reforma de su reglamento mediante la tramitación de la proposición de ley presentada por el grupo socialista, una iniciativa cuya toma en consideración por el pleno fue aprobada hace 18 meses.
La activación de esta proposición permitiría debatir, en ponencia y con calma, sobre los incidentes que se repiten en las intervenciones y sobre las respuestas que debe aplicar la Mesa. Parece que no nos damos cuenta de la gravedad de la situación a la que hemos llegado y que afecta a la calidad de la democracia.
Desde la más alta institución política del sistema democrático, hay grupos que promueven, hacia la sociedad, la crispación, la polarización extrema y la confrontación sin ningún recato, repitiendo discursos de odio y violencia que calan en la calle.
Desde octubre de 2020, y después de que instancias europeas como GRECO del Consejo de Europa nos lo reclamaran con insistencia, el Parlamento dispone de un Código de Conducta que enumera seis principios, pero no desarrolla pautas de comportamiento de sus señorías en plenos, comisiones y en los diferentes ámbitos de la vida parlamentaria. No incorpora sanciones para los comportamientos contrarios a los principios del Código, incumplimiento de algunas obligaciones y de deberes relacionados con la transparencia, porque lo deja como materia propia del reglamento.
Por otra parte, en mayo de 2021 el pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley, presentada por el grupo socialista, en la que se planteaba la regulación con detalle de la actividad en el Congreso de los grupos de interés o lobbies.
Pero, además, con esa proposición el PSOE pretendía aprovechar la oportunidad para incorporar un apartado al reglamento que clarifique las reglas a seguir en los debates y en el trabajo parlamentario, así como una ampliación de las sanciones (añadir las de tipo económico y ampliar los supuestos de suspensión del art. 101) para quienes incumplan esas reglas de conducta, los deberes establecidos y las faltas de transparencia. También procedería efectuar una mayor concreción del procedimiento sancionador.
En la actualidad, el reglamento del Congreso contempla como sanciones (en sus artículos 16, 70.3 y del 99 al 106) la retirada de la palabra, las llamadas al orden, la expulsión del pleno por una sesión o por más tiempo y la suspensión. Sin embargo, estas sanciones raramente se aplican y no sirven como respuesta a diferentes actitudes e infracciones.
Sin duda, una revisión de las normas de autorregulación sobre la disciplina parlamentaria debe contar con el consenso y el compromiso político de la inmensa mayoría de la Cámara. Se trata de garantizar la supervivencia, por largo tiempo, de lo que se apruebe.
Sin embargo, después de año y medio, la proposición socialista permanece atascada y aún no ha podido tramitarse para debatir las enmiendas de los grupos. Hace falta una labor de mediación para lograr el encuentro de posiciones, en especial entre el PP y el PSOE, que permita que avance la tramitación.
Son necesarias normas y criterios de interpretación que pongan límites a los excesos verbales de los oradores, los discursos de odio, las expresiones de violencia política y los insultos a gritos hacia el interviniente y, también, los incumplimientos éticos.
Es imprescindible un acuerdo compartido por la gran mayoría de la Cámara sobre cómo evitar la degradación de la institución por culpa de comportamientos parlamentarios extremistas. Un acuerdo que podría recogerse en el actual Código de Conducta. Sin ese acuerdo y sin incorporar los mecanismos precisos de sanción en el reglamento, a la presidenta y a la Mesa del Congreso le resultará difícil acertar en la toma de decisiones.
En la reflexión pendiente juega un importante papel la dimensión a respetar de la libertad de expresión, que ha de ser amplia, pero no absoluta. Dicho sin complejos, ha de tener algún límite ante el papel y los valores que tiene que representar un Parlamento democrático que no puede funcionar como si buscáramos la captación de espectadores ávidos de bronca.