Queremos responder a la carta abierta que escribió la alcaldesa de El Gordo ante la futura demolición, tras sentencia del Tribunal Supremo, del complejo Marina Isla de Valdecañas, así como a muchos otros artículos que cuestionan tanto la decisión judicial como la actuación ecologista. No será por parte de Ecologistas en Acción que se evite un diálogo constructivo, que consideramos necesario para que, como dice la alcaldesa, “hagamos un mundo donde podamos convivir todos: la fauna, la flora y el ser humano”. Y por supuesto, como razonamos más adelante, que defienda el mundo rural, que cree empleo digno y apueste por los servicios públicos.
Precisamente para fomentar esa convivencia existen las áreas protegidas, como la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Marina de Valdecañas. Por desgracia, el modelo de desarrollo actual está impidiendo esta coexistencia y ha provocado la sexta extinción masiva, un problema que puede poner en peligro a la propia población humana, pues sin ecosistemas sanos que depuren bien las aguas, fertilicen las plantas que comemos o eviten la aparición de plagas se pone en riesgo nuestra propia existencia, especialmente las de las generaciones ahora más jóvenes.
Las zonas de protección de la naturaleza no son un capricho ecologista. Están avaladas por la comunidad científica y reguladas a todos los niveles legislativos. Las necesitamos para seguir viviendo, más aún en un país enormemente vulnerable al cambio climático y fuertemente dependiente de recursos del exterior. Que podamos seguir viviendo bien dependerá de preservar espacios naturales que permitan la regeneración de la vida. Estos no se pueden poner y quitar caprichosamente al albur de la especulación urbanística. Queremos recordar que fue la Junta de Extremadura quien decidió que era un espacio digno de conservar por sus valores naturales. Por ello, no tiene sentido decir que era un vertedero, y si en ocasiones no estaba bien cuidado no cabe otra hipótesis que la de la negligencia, en este caso de la Junta, ya que se trata una zona que por ley debía ser protegida, tanto de vertidos como de incendios y del Ayuntamiento, encargado de la gestión de residuos sólidos urbanos.
Como deja claro el informe del CSIC, no es compatible una urbanización con la preservación de ciertas especies silvestres. Por mucho césped verde que tenga un campo de golf, no es un espacio en el que especies amenazadas en Extremadura, como el águila imperial, el águila perdicera, la cigüeña negra, la garza imperial o el milano real, puedan nidificar, algo que no debería ser un problema en una Zona de Especial Protección de Aves (el subrayado es importante). El ruido, la iluminación, las embarcaciones de recreo, la eliminación de flora autóctona o la presencia humana ostentosa aleja a estas especies, que son necesarias en los equilibrios ecosistémicos.
La sentencia del Tribunal Supremo es clara. El complejo de lujo Marina Isla de Valdecañas es ilegal, algo que sabían la Junta, la promotora y quienes compraron las viviendas desde el mismo inicio del proyecto. Así, no hay otra salida que la demolición, el desmantelamiento selectivo –para aprovechar al máximo los materiales y generar más puestos de trabajo– y la renaturalización. De lo contrario supondría una aplicación de la justicia basada en hechos consumados, algo ya grave de por sí, además de una justicia que mira diferente a la pequeña porción de la ciudadanía adinerada que puede permitirse la compra de chalets ilegales por valor de 600.000 euros frente al resto, que sí que tiene que cumplir la ley. Esto agravaría la situación de un país ya marcado por la corrupción inmobiliaria, donde el problema no es precisamente la falta de viviendas ni de espacios urbanizados sino la falta de viviendas accesibles y de zonas silvestres en buen estado de conservación.
No somos ajenos al problema de la despoblación rural ni a la deuda histórica que tienen las ciudades (que han absorbido población, inversión, infraestructuras) con el medio rural (que se ha visto desestructurado y vaciado por este modelo). Creemos que es hora –de hecho ya vamos tarde– de cambiar las tornas y reconocer y dignificar la importancia del medio rural y de sus conocimientos como eje fundamental de la transición ecológica, no solo de manera literaria sino con políticas activas para ello. Pero no puede ser a costa de atajos como el proyecto de Marina Isla de Valdecañas. En primer lugar, porque es ilegal. En segundo lugar, porque no es extensible al resto de zonas rurales: no se puede poner al lado de cada pueblo una urbanización de lujo; no hay ni espacio ni ricos suficientes. No puede ser que las propuestas para solucionar los problemas del medio rural pasen por absorber la industria o agroindustria más contaminante o el turismo más depredador. Luchar contra la despoblación tampoco puede ser la excusa para volver a la especulación inmobiliaria. Esto no es más que “dar una patada a seguir” que no evitará los problemas en el futuro.
Dar acceso a la tierra, pagar precios justos a agricultores y ganaderos, evitar la competencia desleal que promueven los tratados comerciales (que arruinan a los agricultores locales), favorecer la implantación de pequeña y mediana industria, el consumo local, apoyar fiscalmente la descentralización de empresas, facilitar el acceso a la vivienda o promover la restauración y custodia del medio natural son medidas que pueden generar empleo y fijar población, de hecho mucha más que los megacomplejos turísticos. Propuestas que no han querido desarrollar desde la Junta de Extremadura ni desde el Gobierno central, pese a que han llegado millones de euros de Europa para la protección y desarrollo de zonas protegidas, pero que han sido desviados a otros objetivos. Sería bueno pedir cuentas a las administraciones sobre el destino de estos fondos.
El turismo puede tener cabida en el medio rural. De hecho el turismo de observación de la naturaleza, bien desarrollado y dimensionado, puede ser positivo para las zonas rurales. Una ZEPA puede ser un atractor de ingresos, más allá de las ayudas europeas. La restauración de viviendas rurales (por mucho menos de 600.000 euros), tanto para vivir como para segundas residencias, también genera empleo y permite una mejor y deseada mezcla de la población residente con la población visitante. En El Gordo y Berrocalejo hay espacio para las familias que deseen vivir o tener una segunda casa. Sería positivo que las familias residentes de Marina Isla de Valdecañas se mudaran a estos lugares. Esto siempre que no les importe convivir con población menos adinerada (no hay socarronería en esta frase sino la denuncia del triste y contrastado hecho de que a las clases altas les cuesta vivir en sitios con otro tipo de población).
Tampoco debería ser necesario que haya un gran complejo turístico para que lleguen servicios públicos al medio rural. Las escuelas, los centros de salud y el transporte público son un derecho fundamental que debería garantizar la administración en todas las poblaciones. Por desgracia, el modelo neoliberal, cuyo objetivo es multiplicar los beneficios económicos y no garantizar las condiciones de vida dignas de todas las personas, ha provocado la merma del acceso a estos servicios. No olvidemos que El Gordo tiene una residencia de ancianos que debería haberse estrenado hace una década, pero que aún no está terminada por la mala gestión del gobierno municipal. Sin olvidar que si la Junta hubiera puesto tanto empeño y recursos en conseguir estos servicios públicos como en promover una urbanización ilegal, la situación sería radicalmente distinta.
Por ello, todo intento de culpar al ecologismo no es sino una forma de desviar el foco del verdadero problema. Nos parecen especialmente desafortunados los artículos que arremeten y faltan el respeto a las personas que han estado en la primera línea. Ellas han sido la cara visible de un proceso de denuncia impulsado por organizaciones que tienen detrás a miles de personas. Apuntar contra ellas es mezquino y lamentable. Apuntemos a la verdadera causa: tenemos un modelo de desarrollo que no respeta los límites de la naturaleza, que provoca desigualdad social y que socava los servicios públicos. Algo que han promovido las políticas privatizadoras como las de la Junta de Extremadura y los gobiernos nacionales. No tiene sentido el enfrentamiento de las población de las zonas rurales con el ecologismo. Hablemos, pensemos y luchemos conjuntamente por un mundo donde podamos convivir todos: la fauna, la flora y el ser humano en libertad e igualdad.