Se cumple poco más de un año de la publicación de la carta de Pedro Sánchez en la que expresaba sin ambages el apoyo español a la iniciativa diplomática marroquí de un plan de autonomía para el Sáhara. Aunque con un trabajo político mucho más amplio, lo inesperado de la carta parecía subrayar el elemento contextual de la misma y su objetivo de poner fin a la crisis diplomática que había caracterizado las relaciones entre España y Marruecos el año anterior. No en vano, la carta venía precedida por un año de tensiones diplomáticas, provocadas por la decisión de conceder asistencia sanitaria a Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, y la consiguiente llamada a consultas de la embajadora marroquí.
La publicación de la carta tuvo consecuencias inmediatas, principalmente el restablecimiento de las relaciones con Marruecos y, sin embargo, el estallido de una nueva crisis diplomática, esta vez con Argelia. Este reequilibrio de relaciones da cuenta del complicado escenario regional que presenta el norte de África, marcado por la ruptura de relaciones entre Argelia y Marruecos.
Un año más tarde, este escenario diplomático permanece inalterado.
¿Se ha pagado un coste demasiado alto?
La publicación de la carta ha logrado, sin duda, aplacar la crisis diplomática entre España y Marruecos. Es más, la nueva postura publicada presenta una cierta continuidad con la política mantenida por España en los años anteriores, que reconocía los “esfuerzos serios y creíbles de Marruecos” en la búsqueda de una solución al conflicto del Sáhara (no hay más que consultar las declaraciones de las Reuniones de de Alto Nivel -RAN- de los años anteriores, e incluso las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde 2007). La carta, sin embargo, iba más allá y, por primera vez, apoyaba de manera explícita la propuesta marroquí de autonomía. Ese “giro”, que ha generado un gran disenso entre la clase política, rompe con la tradicional postura española de equidistancia (al menos en teoría) en torno al conflicto. La decisión adopta una posición con respecto a la posible resolución de la cuestión saharaui que difícilmente podrá ser revocada.
Cabe señalar que no se trata de un giro únicamente español, sino que se enmarca en una tendencia internacional de alineamiento con las tesis marroquíes en torno al Sáhara. En los últimos años, una veintena de países han establecido una representación consular en este territorio, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el territorio en diciembre de 2020, y, recientemente, la propuesta marroquí ha recibido un impulso europeo de la mano de países como Alemania, Países Bajos o España.
Aún parece pronto para realizar un balance de las repercusiones que este apoyo explícito a Marruecos puede tener. Por el momento, parece que lo fundamental era lograr una distensión con el país vecino y abrir una ventana de oportunidad a la mejora de las relaciones entre ambos países. El presidente Sánchez ha hablado de una “nueva etapa” en las relaciones hispano-marroquíes. Lo cierto es que la celebración de la RAN en febrero de 2023 –el mayor hito logrado en el último año, que retoma una iniciativa estancada desde el año 2015– abre un campo de amplias posibilidades de colaboración para los años venideros, que puede permitir profundizar en el tradicional “colchón de intereses” entre ambos países. Sin embargo, también mantiene muchas incertidumbres, entre ellas, la fecha definitiva de apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, qué ocurrirá si (como parece probable) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalida definitivamente los acuerdos comerciales con Marruecos para el Sáhara Occidental, o el propio alcance que tendrán las medidas sobre las que se están negociando.
La persistencia de la suspensión de las relaciones comerciales con Argelia contribuye a aumentar la percepción del coste de la decisión tomada por España y la incertidumbre sobre el futuro.
La asertividad de la política exterior marroquí
Este cambio de postura con respecto a la resolución del conflicto saharaui parece ser una condición sine qua non para mantener buenas relaciones con Marruecos. En noviembre de 2021, en el aniversario de la Marcha Verde, el rey Mohamed VI dejó clara su decisión de no comprometerse “en ninguna actividad económica o comercial que excluya al Sáhara marroquí”. Las acciones diplomáticas antes enumeradas a favor de la iniciativa marroquí con respecto al Sáhara parecen reflejar la voluntad de sus socios de aceptar este filtro, priorizando preocupaciones económicas, migratorias o securitarias a la búsqueda de una resolución conjunta para los territorios del Sáhara.
Sin embargo, por muy grande que sea la dependencia de Marruecos en estos ámbitos, este país también necesita a sus socios europeos. Entre otras cosas, para hacer frente a su deteriorada situación económica y para desarrollar los ambiciosos proyectos anunciados en los últimos años. Sin ir más lejos, el acuerdo de cooperación alcanzado en marzo entre la Unión Europea y Marruecos permitirá a este último impulsar una reforma de la administración que los gobiernos marroquíes llevan prometiendo desde hace varios años. Esta medida constituye una de las grandes líneas propuestas por el “nuevo modelo de desarrollo de Marruecos”, en el que el reino basa sus expectativas de mantener la estabilidad política del país.
Esto significa que, en la construcción de ese colchón de intereses, todos los socios pueden obtener ganancias e imponer condiciones. Una postura menos transigente por parte de los socios europeos puede conducir a mayores concesiones, sea un impulso a las políticas que afectan a Ceuta y Melilla, sea una exigencia de mayor respeto de los derechos humanos.
La mención los derechos humanos no es baladí. No solo por la reciente condena por parte del Parlamento Europeo de la vulneración de derechos humanos que se vive en el país, también porque la propuesta marroquí de resolución del conflicto del Sáhara se basa en el reconocimiento de un estatuto de autonomía para estos territorios. Un proceso de regionalización avanzada de Marruecos formulado desde hace años y que, sin embargo, a día de hoy y con la restricción de derechos y libertades políticas existente, carece de sentido.