Entre el año 2021 y 2022 todos los países del mundo -sin excepción- fueron golpeados duramente por la inflación debido a las consecuencias de la pandemia del Covid-19 y de la guerra de Ucrania, pero, mientras que en la actualidad el crecimiento de los precios viene mitigándose en la mayoría de economías, en Argentina continúa aumentando a un ritmo desorbitado (superior al 100% en el último año). El dolor social y la indignación que esta situación económica provoca está siendo aprovechado por algunos para captar el voto protesta en torno a medidas económicas disparatadas haciéndolas pasar por la única solución al episodio inflacionario. El sorprendente apoyo que recibió en las pasadas elecciones primarias el economista anarcocapitalista Javier Milei, que promete la dolarización del país y un hachazo tremendo al Estado social, sólo se puede entender en este contexto de hastío y desesperación. Pero lo cierto es que dichas disparatadas promesas económicas sólo empeorarían las cosas; básicamente porque parten de un diagnóstico erróneo sobre el actual crecimiento de los precios en Argentina. Y con un diagnóstico erróneo, el tratamiento está destinado al fracaso.
Tanto en la academia como en el imaginario colectivo hay un cierto consenso en considerar que los episodios de inflación galopante se deben a una excesiva creación de dinero y/o a unas cuentas públicas desbocadas. De ahí las salvajes propuestas que pasan por dolarizar la economía (para que no se pueda crear más moneda nacional) y por reducir el Estado a su mínima expresión (para acabar con el déficit público). Sin embargo, ese diagnóstico no es más que un mito económico sin respaldo teórico ni empírico serio que se repite una y otra vez por todos los poros del sistema (facultades, medios de comunicación, redes sociales, espacios de debate de todo tipo…) como si fuese un axioma incuestionable. Porque basta mirar los datos para darse cuenta de que hay muchos países que han creado muchísimo más dinero y que tienen peores cuentas públicas que Argentina y que, sin embargo, experimentan muchísima menos inflación. El caso paradigmático (pero ni mucho menos el único) es el de Japón: ha creado 10 veces más dinero que Argentina, lleva décadas con un déficit público promedio del 7% del PIB (Argentina del 3%), una deuda pública del 250% del PIB (Argentina del 80%), y su inflación promedio ha estado cercana al 0% y sólo recientemente ha aumentado al 3%. Así que esos factores no pueden explicar la inflación de Argentina (tampoco la de otros países, claro).
Las causas reales son otras y la teoría económica las suele ignorar básicamente por ideología, como veremos a continuación. En primer lugar, la inflación en Argentina ha sido históricamente muy alta porque siempre ha sufrido una -insultantemente- elevadísima concentración empresarial en determinados sectores estratégicos. Por poner sólo algunos ejemplos extraídos de un informe del Instituto de Pensamiento y Política Públicas, sólo 1 empresa controla el 98% de la producción del aluminio, 3 empresas el 85% producción del cemento, 2 empresas el 70% del sector de extracción de petróleo, y sólo 1 empresa controla el 43% mercado de las telecomunicaciones. Los precios en estos sectores clave para la economía argentina no responden a la ley de la demanda y a la oferta; responden simplemente a lo que sus propietarios decidan. Por ejemplo, cuando los costes de productos importados aumentan, estas empresas simplemente los trasladan al precio de sus productos para mantener o elevar sus beneficios, porque nadie les puede toser.
En segundo lugar, la deuda en dólares contraída con el Fondo Monetario Internacional es una losa que promueve la inflación indirectamente. De hecho, el episodio hiperinflacionario de Argentina durante los años 80 estuvo directamente relacionado con la crisis de deuda externa, y lo mismo está ocurriendo en la actualidad por culpa del acuerdo que firmó con esta institución Mauricio Macri durante su anterior mandato (2015-2019), tirando por tierra todo el desapalancamiento externo que lograron sus antecesores peronistas. No son palabras menores: hablamos de un incremento de 45.000 millones de dólares; ningún otro expresidente argentino endeudó tanto a su país en moneda estadounidense -y con muchísima diferencia. Estamos hablando de que Argentina es ahora el país que más le debe al FMI (supone el 29,3% de todos sus créditos), mucho más que cualquier otra economía en desarrollo.
El problema de tener que pagar tantos dólares al FMI es que provoca que a la economía le queden menos para otros menesteres, como, por ejemplo, para las importaciones, cruciales para una economía tan poco diversificada. Y aquí está el quid de la cuestión: cuantos más escasos son los dólares, que son necesarios para comprar productos en el exterior, más pesos argentinos necesitan los agentes económicos para comprarlos, más se deprecia la moneda local y más se encarecen los productos importados. Si a este proceso, que comenzó ya en 2018, le sumas las consecuencias de una pandemia y una guerra que dispara el precio de la energía internacional, tienes la tormenta perfecta: necesitan más dólares para importar, los dólares se hacen todavía más escasos, el peso argentino se deprecia, las importaciones se encarecen, las empresas con poder protegen sus beneficios elevando precios y la inflación se traslada a toda la economía. Este bucle lo acabamos de experimentar en todo el mundo tras la pandemia, pero en Argentina ha sido mucho peor debido a su débil estructura productiva, a la enorme dependencia del exterior, a su deuda externa con el FMI, a la concentración empresarial, y también, por supuesto, a la histórica animadversión del pueblo argentino a huir de su propia moneda y a refugiarse en el dólar, lo que no hace sino retroalimentar todavía más el círculo vicioso descrito.
Por último, pero no menos importante, están los intereses que paga el Estado por su deuda pública. El FMI obligó al gobierno argentino a elevar los tipos de interés, y estos superan actualmente el escalofriante 209%. Esto implica que cada día el Estado paga casi 50.000 millones de pesos en intereses de deuda pública a sus acreedores, lo cual es una ingente cantidad de dinero nuevo que se inyecta en la economía. Si este dinero sirviese para estimular la economía no habría ningún problema inflacionario, pero el problema es que la mayor parte de los beneficiarios son clases económicas pudientes (esto ocurre en todos los países), que utilizan sus nuevos pesos recibidos para cambiarlos por dólares, lo que no hace sino hundir todavía más el valor de la moneda local, y vuelta a empezar.
Así que ahí tenemos las verdaderas causas de la galopante inflación argentina. Por supuesto, la élite dominante, que es quien controla el relato, siempre va a preferir echar la culpa de la inflación al Estado social y a su creación de dinero -pues compite con sus negocios productivos y financieros- antes que a la concentración de poder de las grandes empresas, a la concentración de riqueza en pocas manos, y a la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, pues eso conllevaría tirar piedras contra su propio tejado y el de sus aliados. Como siempre, nos disfrazan de ciencia económica lo que no es otra cosa que ideología y lucha de clases.