El uso de cebos envenenados para el control de depredadores u otros animales considerados dañinos para la caza, la agricultura o la ganadería, es una actividad prohibida en España desde 1983. La legislación nacional y europea lo considera un método de control de fauna masivo y no selectivo, es decir, que puede afectar a muchos individuos de especies que no son objetivo, y por esa razón está terminantemente prohibido. Sin embargo el veneno se sigue utilizando ilegalmente en nuestros campos por parte de gente sin escrúpulos, de forma que continúa siendo una de las principales amenazas para nuestra biodiversidad, especialmente para las grandes rapaces y los carnívoros.
Según datos de SEO/BirdLife en la última década casi 7.000 ejemplares de especies amenazadas se han encontrado muertos en España a causa del veneno. Y eso es solo la punta del iceberg, ya que solo se detecta una pequeña proporción de todos los animales que mueren en el campo. Además, el veneno causa la muerte de cientos de animales domésticos cada año y supone un grave riesgo para la salud pública. Este es el caso del aldicarb, retirado del mercado desde 2007 por su elevado riesgo para la salud humana y que no obstante sigue siendo la sustancia más utilizada en los cebos.
Por esta razón, en 2004 la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente aprobó de acuerdo con las comunidades autónomas la “Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados en el Medio Natural”. En dicha estrategia se estipulaba que las comunidades aprobaran planes de acción o estrategias regionales para luchar contra este delito.
La Comunidad de Madrid es una de las comunidades que menos acciones realiza contra esta práctica, hasta el punto de haber sido colocada en los últimos puestos en el ránking que periódicamente publica WWF España (La Lucha contra el Veneno en España 2011-2016), e incluso ha bajado puestos desde 2010. Madrid no tiene plan de lucha contra el veneno, ni tampoco legislación específica en la materia. Tampoco se toman acciones administrativas contra los cotos o fincas donde se ha detectado veneno como ocurre en muchas otras comunidades, a pesar de ser históricamente una comunidad con un alto número de envenenamientos de dos de las especies más sensibles: el águila imperial y el buitre negro.
Las autoridades madrileñas además dejaron de informar de los envenenamientos producidos en su territorio desde 2013, con lo que el seguimiento por parte de las ONGs se hacía imposible. Por esta razón, elevé al Gobierno de la Comunidad una serie de peticiones de información como diputado de la Asamblea de Madrid. Tuve que preguntar y repreguntar debido a las discrepancias entre las respuestas que recibía, y la escasa información que me remitían cada vez, muy lejos de la cacareada transparencia de la que presume cada día el gobierno. El resultado proporcionado por el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad fue de 35 ejemplares envenenados entre 2011 y 2016, entre ellos 2 águilas imperiales en 2016, 5 buitres negros y 9 milanos reales, 6 de estos en los últimos tres años lo que es un dato muy preocupante, dado que esta especie está en franco declive en toda España. Estos son animales en los que se han detectado sustancias tóxicas, pero muchos otros, seguramente cientos, habrán quedado sin analizar, por lo que en realidad nos encontramos ante solo una muestra de lo que debe ser una práctica bastante habitual. Más adelante he podido averiguar las fechas exactas y localización de cada uno de los envenenamientos de los 24 ejemplares de especies protegidas, siendo el resultado el que se puede ver en el mapa adjunto.
Se percibe claramente que hay cuatro zonas donde se concentra este problema, coincidentes con las zonas más importantes para este tipo de aves en la Comunidad, tres de las cuales son además Zonas de Especial Protección. Además los envenenamientos se concentran en otoño-invierno, entre los meses de diciembre y marzo (62,5%), en plena temporada de caza. En el mes de marzo aparecieron un tercio de los animales (8 de 24). Nos parecen particularmente significativas las concentraciones de rapaces envenenadas en la comarca esteparia de Daganzo-Alcalá de Henares (ZEPA de las Estepas Cerealistas del Jarama y Henares), una zona teóricamente protegida que sirve de cazadero para muchas especies, donde se ha localizado el 25% de los casos, y en la comarca agrícola de Pinto-Valdemoro, al oeste del Parque Regional del Sureste, coincidente en parte con el Área Importante para las Aves ES393, denominada Secanos de Valdemoro y catalogada por SEO/BirdLife en 2009, con otro 25%. Se trata de dos zonas ricas en caza menor que acumulan el 50% de los casos y donde las especies más afectadas son los milanos, aunque también se han encontrado tres buitres negros y una de las águilas imperiales de 2016. Tal concentración de ejemplares en un reducido número de municipios y cotos de caza merece la apertura de una investigación en profundidad por parte de guardería especializada en este tipo de delitos.