Esgrimir motivos humanitarios para tratar de justificar o, al menos, otorgar cierta legitimidad a intervenciones internacionales en ciertos países, forma parte del kit de herramientas habitual de los gobiernos poderosos y sus aliados, desde hace ya varias décadas, y de la retórica que defiende este tipo de actuaciones. Decisiones tomadas claramente por motivos políticos, tratan de hacerse pasar por “humanitarias” o que pretenden objetivos de ese tipo, buscando así que sean mejor aceptadas por la ciudadanía y por la comunidad internacional en general, otorgándoles un barniz bondadoso, ¿quién en su sano juicio puede oponerse a fines tan benéficos y solidarios como buscar la mejora de las condiciones de vida de la población?
Sin embargo, el análisis que de muchas de estas actuaciones pretendidamente humanitarias se ha realizado, tanto desde las organizaciones humanitarias y de cooperación como desde instituciones académicas, deja lugar a pocas dudas: las justificaciones humanitarias no han sido, en general, más que la coartada para intervenciones, en su mayor parte militares, con objetivos de cambio de régimen, aumento del peso geoestratégico y económico ¿alguien dijo petróleo?, o de los equilibrios en una región, entre otros. Desde el droit d'ingérence de la época de Miterrand hasta la obscena manipulación de lo humanitario en la invasión de Irak en el año 2003, entre otros ejemplos, las organizaciones humanitarias hemos visto como en nombre de nuestras ideas se violaba el derecho internacional y se empeoraba la situación de las poblaciones a las que aparentemente se quería ayudar. Por ello, un mínimo principio de precaución nos hace ser cautelosos con este tipo de planteamientos.
Lo que está sucediendo estos días en Venezuela tiene poco de original y lo único que sorprende es que el manoseo de las razones humanitarias haya logrado influir, finalmente, en ciertos sectores progresistas que se han apuntado a esas tesis sin apenas matización. ¿No resulta sorprendente que el gobierno que promete 20 millones de ayuda humanitaria a Venezuela sea el mismo que ha suprimido 300 millones a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Medio)?.
La grave crisis política, económica, social e institucional que sufre Venezuela tiene, evidentemente, entre otros muchos efectos, consecuencias humanitarias. Especialmente en el sector de la salud como ha sido puesto de manifiesto por la Alianza Venezolana por la Salud (AVS) que, desde hace meses, lleva realizando llamamientos a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante la “crisis humanitaria compleja” en materia de salud que se sufre en el país. En esa materia, los datos son, desde hace tiempo, alarmantes y el desabastecimiento de medicinas en muchos hospitales impide una atención mínimamente digna. Para paliar esta situación algunas organizaciones humanitarias llevan tiempo trabajando de modo discreto en colaboración con las autoridades hospitalarias. En materia alimentaria la situación es grave aunque la falta de acceso a datos contrastables dificulta abordar el tema de modo adecuado. Esta falta de datos claros se ha convertido en uno de los temas clave que está siendo manipulado, en sentidos opuestos, tanto por el gobierno de Maduro como por la oposición.
Si analizamos la crisis venezolana con las herramientas que se han ido construyendo en el sector humanitario para valorar la gravedad de las diferentes situaciones, para evitar los sesgos de politización, instrumentalización, etc., que en este caso están siendo enormes desde ambos lados, nos encontramos algunas sorpresas: según los recientes datos de INFORM, herramienta apoyada por la Oficina Humanitaria de Comisión Europea (DGECHO) para valorar las diversas crisis humanitarias a nivel mundial, Venezuela aparece en el año 2019 en el puesto 64 como de riesgo medio con un índice de 4,5, mientras que Colombia aparece como de riesgo alto con 5,5 de índice de riesgo.
Por ello, si de verdad se quiere contribuir a mejorar la situación lo primero que habría que hacer, como se hace en cualquier otra situación de posible crisis, es tener un diagnóstico claro de las situaciones de vulnerabilidad más acuciantes, hacer un mapeo de los sectores más afectados, definir prioridades de actuación, establecer alianzas con posibles socios… en fin, el trabajo de planificación y gestión en este sector como en cualquier otro. Y eso con los criterios de actuación humanitaria fundamentales y con un respeto escrupuloso de los principios humanitarios de imparcialidad, neutralidad e independencia. Que a estas alturas, cuestiones tan elementales como los mecanismos de distribución de la ayuda, los censos de las poblaciones beneficiarias, las herramientas de rendición de cuentas y control, la participación de los grupos afectados… no estén claros y se dé por hecho que “deben ser los militares quienes lo autoricen”, es algo que supone un desconocimiento absoluto de lo que es el quehacer humanitario y sus modos de acción. Alentar este tipo de “ayuda”, como se está haciendo desde algunos gobiernos, supone una irresponsabilidad enorme que solo se explica por el oportunismo de utilizar la “ayuda” como instrumento de propaganda y confrontación política. Los riesgos que ese tipo de manipulación entraña son enormes y deben ser denunciados por los que creemos que la acción humanitaria debe seguir representando un esfuerzo de humanidad en medio de situaciones tan polarizadas como la venezolana.
Claro que numerosos sectores de la sociedad venezolana tienen carencias fundamentales y necesidades humanitarias sin cubrir, y han visto vulnerados muchos de sus derechos. Pero, precisamente por eso, deben ser tratados con la dignidad y la profesionalidad que merecen. El sector humanitario ha cometido importantes errores en el pasado y ha tratado de aprender de ellos. No permitamos que se repitan espectáculos pretendidamente solidarios que buscan fines bien distintos. No en nuestro nombre.