I.- Después de una intensa semana en Bogotá, de múltiples reuniones con partidos políticos, fuerzas sociales, congresistas, incluyendo representantes de las FARC, llego a la conclusión de que hay voluntad, y necesidad, de que se cumpla lo pactado en la Habana pero, también, de que existen poderosos enemigos de la paz.
Terminar con 52 años de conflicto armado no es nada fácil sobre todo cuando fracasaron los numerosos intentos anteriores. Colombia sigue siendo un país en vías de desarrollo, con una renta por habitante un poco por encima de 6000 euros, uno de los más desiguales de América Latina que, a su vez, es la región más desigual del mundo. Si nos fijamos en las zonas agrarias, donde vive casi la mitad de la población del país, la desigualdad es abismal, –con un índice de Gini del 0,90– casi desigualdad absoluta. Para hacernos una idea más precisa tenemos que partir de que los predios de más de 500 hectáreas, en manos del 1% de los propietarios, suponen el 41% de la tierra, mientras más del 60% de la población campesina malvive por debajo del umbral de la pobreza. Saqué, pues, la conclusión de que éste es el problema histórico de Colombia, el probable origen de su violencia endémica y mientras no se resuelva poco se habrá avanzado.
II.- Sin duda, durante los últimos años, la situación ha mejorado, especialmente en las áreas urbanas. Un 10% ha salido de la pobreza extrema y, a partir de los acuerdos de paz, los muertos por actos violentos y los secuestros han descendido de manera considerable. Pero no han desaparecido del todo.
En una memorable sesión de la Comisión de Paz del Congreso de la República, representantes de los partidos defensores de los Acuerdos realizaron un duro alegato, con profusión de pruebas, sobre la actuación de los grupos paramilitares que siguen asesinando a líderes de las comunidades campesinas con la probable intención de que no se puedan presentar a las futuras elecciones. Acusación que el Gobierno niega aunque la realidad es tozuda. Representantes campesinos, que fueron llamados a declarar en la sesión, habían obtenido vídeos que demostraban de manera indubitable la actuación de los paramilitares.
Esta situación se mantiene por el hecho insólito de que extensas áreas del país, abandonadas por las FARC como resultados de los acuerdos de paz, no han sido ocupadas por el Estado colombiano, Ejército o Policía, sino por diversos cárteles de la droga, bandas de diferente pelaje y para militares, quedando así las comunidades campesinas más desprotegidas que antes. Prueba de la debilidad del Estado, otro mal endémico del país, si bien las FF.AA. colombianas son las segundas más numerosas de América Latina, con un coste cercano al 4% del PIB.
III.- El Gobierno Santos y la mayoría de los partidos políticos del Congreso son partidarios de que se cumplan los acuerdos de paz porque en ese envite se juegan el futuro de Colombia. Sin embargo, no hay que olvidar que en el referendo de octubre de 2016 triunfó el NO a los Acuerdos y fue gracias a la movilización, en la calle, de los colombianos lo que permitió retomar el proceso, renegociar lo pactado y alcanzar la aprobación definitiva por el Congreso en diciembre de ese mismo año. Demostración de la voluntad y flexibilidad de las partes de lograr el final del conflicto.
Por su parte, las FARC han dejado claro que, en ningún caso, van a regresar a la lucha armada. Su intención es celebrar en agosto de este año un congreso con la finalidad de transformarse en un partido político definido como marxista-leninistas bolivariano, con un programa en principio moderado: que se cumplan los acuerdos de paz. No han manifestado intención de presentar candidato a la presidencia de la República y se inclinan, en las legislativas, por intentar fórmulas de alianzas tipo el Frente Amplio uruguayo, cuestión bastante difícil a corto plazo.
IV.- El riesgo para los Acuerdos de Paz no viene por el lado del Gobierno –salvo que incumpla los Acuerdos– o de las FARC. Radica, a mi parecer, en las fuerzas que movilizó el ex presidente Uribe con el fin de ganar el referendo de octubre. Además, ha declarado que si su candidato y/ o partido gana las próximas elecciones hará trizas el acuerdo y parece evidente que el candidato “uribista” pasará a la segunda vuelta donde se juega –como en el caso de Francia– la presidencia de la República.
De otro lado, el futuro de la paz dependerá de quién sea el otro candidato que compita por la presidencia, si realmente es un defensor de los acuerdos o no. Porque si el candidato que compita con el “uribismo” –por ejemplo, el actual vicepresidente– es un tibio respecto a los acuerdos, las cosas se pueden poner difíciles para los partidarios de la paz. Y esto puede ser así porque hay muchas maneras de cumplir o no con los acuerdos de paz. Estos tienen dos partes, una que se refiere al fin del conflicto en sentido estricto, esto es al desarme de los guerrilleros, a la amnistía, a la justicia “transicional”, a la reparación de las víctimas –es complicado saber de dónde va a salir el dinero para reparar a 8 millones de víctimas– y otra parte que se refiere a reformas sociales, en una palabra a la llamada Reforma Rural Integral.
Y es en este punto donde radica, en mi opinión, la clave de la “paz duradera”, porque si el campo colombiano sigue inmerso en la abismal injusticia actual ni habrá desarrollo económico sostenido, ni paz duradera. Me temo que una de las oligarquías más duras de América Latina opondrá una resistencia feroz a que esta reforma agraria se lleve adelante.
V.- Teniendo en cuenta esta resistencia –y otras– conviene insistir en que ante los próximos y decisivos procesos electorales –presidenciales y legislativas del 2018– parece fundamental una cierta unidad de acción de las fuerzas de la paz, un gran acuerdo en pro de que se cumpla lo pactado, lo que abriría grandes oportunidades a la Colombia post-conflicto y evitaría nuevas frustraciones de consecuencias nefastas.
Por eso, en esta fase del proceso, la cuestión no es entre derechas e izquierdas sino entre los que desean que se cumplan los nuevos acuerdos de paz en sus propios términos y los detractores, es decir aquellos que los harían “trizas” o los que pretenden cambios cosméticos para que todo siga igual, pero sin tiros. Creo que como la Comunidad internacional –Naciones Unidas y una serie de países– han sido garantes de los Acuerdos no deberían permanecer pasivos ante los posibles incumplimientos. La reciente detención de antiguos guerrilleros no es un buen síntoma. Por el contrario, deberían implicarse a fondo con el fin de que lo pactado se lleve a término. En este terreno, España debería jugar un papel más activo, dejando claro, por el Gobierno y el Parlamento, que sería inaceptable para nuestro país y la Unión Europea que los acuerdos de paz no se cumpliesen.