En estos meses nos han impresionado el aumento de las colas en nuestro país para la recogida de alimentos y hemos tenido la ocasión de constatar la saturación tanto de los servicios sociales como de las organizaciones que colaboran en asegurar esta primera necesidad. En España la crisis sanitaria y económica ha agravado la situación de familias que ya vivían en la precariedad. 
La pandemia ha puesto en evidencia las lagunas de la garantía del derecho a la alimentación para los niños y niñas. A nivel estatal existe la regulación que garantiza a todo el alumnado de educación primaria y secundaria las ayudas individuales de comedor cuando forman parte de familias de riesgo o exclusión social. Pero ya sabemos que hay niños y niñas que se quedaban fuera del sistema incluso antes de la COVID-19. A veces por la edad, porque se pide la renta que corresponde al año anterior y no a la situación actual, porque son unos plazos determinados, porque no tener papeles en regla, por los criterios específicos de una Comunidad Autónoma… La realidad es que hay niños, niñas y adolescentes que por criterios administrativos no tiene acceso a estas ayudas individuales. Antes de la pandemia, el 4,5% de la población menor de 16 años no podía disfrutar de una comida que incluyera proteínas cada dos días.
Durante el tiempo que ha durado el cierre de las escuelas, el hecho de no poder ir al comedor escolar supuso una dificultad suplementaria para las familias con dificultades económicas. Privó de una comida completa a niños y niñas de familias vulnerables, con mínimas o nulas posibilidades de ocuparse de los hijos durante el confinamiento.
Hay que reconocer que una de las primeras decisiones gubernamentales de respuesta a la crisis fue la constitución de una dotación adicional de 25 M€ dirigida a resolver el derecho básico a la alimentación de niños y niñas de familias vulnerables afectadas por la situación. La decisión fue rápida pero no lo fue tanto la implementación y estas ayudas tardaron en llegar a parte de las familias.
La llegada de la COVID-19 ha visibilizado la importancia del comedor escolar como un espacio en el que se garantiza la alimentación saludable. El derecho a una alimentación saludable es esencial para un buen desarrollo físico de los niños, niñas y adolescentes y el comedor permite esta educación nutricional.
Pero va más allá, influye claramente en su estado emocional y en su rendimiento académico.
La formación y la educación que recibe el alumnado en los centros escolares no se circunscribe únicamente a las aulas, sino que incluye todas las actividades que se desarrollan mientras permanecen en este espacio, como las actividades extraescolares, el transporte y, por supuesto, el tiempo que están en el comedor. El espacio de mediodía es una oportunidad educativa de referencia para el alumnado más vulnerable, en el que aprenden, se desarrollan, se integran y socializan sea cual sea su condición económica con lo que el comedor se convierte en un aliado para fomentar la equidad.
El comedor escolar también permite la conciliación en aquellas familias que no pueden dejar de trabajar para hacerse cargo de sus hijos durante el tiempo de mediodía. Algo especialmente clave en las familias monoparentales. En este sentido es, además, una medida de protección que permite que niños y niñas no tengan que estar solos en casa durante este tiempo. Comiendo en la escuela se asegura su asistencia a clase por las tardes, reduciendo el absentismo escolar y, por tanto, la desvinculación con el sistema educativo. 
Pero la educación no se reduce a la escolaridad, y por tanto no solo se da durante el periodo lectivo. Por ello, hay que tener en cuenta la situación que han vivido muchas familias durante las vacaciones de verano, cuando se pierde la cobertura del comedor escolar y se acentúa la vulnerabilidad de niños y niñas tanto en la dimensión educativa como nutricional.
No ha sido un año fácil para la gestión de estas ayudas a la alimentación. Ni para la administración, pero tampoco para las organizaciones que, como Educo, buscan cubrir la necesidad de los niños y niñas excluidos del sistema. En primera línea hay que destacar una vez más el compromiso de la dirección y el profesorado de los claustros, pero también de las entidades sociales que trabajan en los espacios educativos no formales. Todos ellos son colectivos realmente de primera necesidad. Conjuntamente hemos buscado alternativas al cierre de los comedores: transferencias bancarias, reparto de lotes de comida, entrega de tiques de la compra y tarjetas monedero con los importes de las becas…
Como muchas organizaciones, Educo está llamado a buscar cambios estructurales en nuestro sistema que garanticen los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, pero, una vez más, EL COVID, como otras crisis anteriores, ha generado la necesidad de respuesta rápida a una situación de carácter asistencial para asegurar esa comida diaria.
Con el apoyo de una base social comprometida, seguiremos cubriendo esta necesidad básica de alimentación cuando la administración no llegue… pero no pararemos de pedir las mejoras en este sistema. Nos toca evidenciar y visibilizar las situaciones de vulnerabilidad sobre los derechos y el bienestar de la infancia en el mundo y también en España, señalando los fallos y aciertos en las políticas y en las prácticas.
Ya sabemos que la situación económica no va a ser mejor en los próximos meses y el riesgo del incremento de que la pobreza crezca en la población infantil es alto. En este curso 2020-2021 las becas comedor ya han tenido especial relevancia con muchas familias de escolares afectadas por ERTEs o cierres de empresas. Si en este ejercicio, algo que aplaudimos, ya ha habido un incremento de la ayuda de comedor es fácil de pensar que será un incremento que mantener.
Pero, además, el sistema de concesión de becas comedor no puede excluir a ningún niño, niña o adolescente basado en los límites al nivel de ingresos, por calendarios, por papeles que no están en regla, por plazos limitantes, o por pertenencia a una u otra comunidad. Estamos hablando de uno de los derechos fundamentales y esto debería bastar para encontrar soluciones.
La mejora de este sistema pasaría también por la oportunidad de establecer criterios compartidos en las comunidades autónomas fruto de un consenso sobre los indicadores y de la apuesta política por este tema.
El comedor escolar tiene que estar incorporado en el proyecto educativo del centro, no puede ser una actividad ajena, y como tal tiene que ser impulsado desde su gratuidad y universalidad como parte del derecho a la educación.