El acuerdo adoptado por la Junta Electoral Central (JEC) el pasado día 3 de enero ha creado un nuevo conflicto que no hace más que agravar el cúmulo de errores producidos entorno al procés. Un conflicto que podría haberse evitado perfectamente y cuya razón de fondo difícilmente puede entenderse fuera de contexto político. Porque aunque el afectado directamente por la decisión de la JEC sea el presidente de la Generalidat, sería iluso pensar que no exista relación con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y su precaria estabilidad parlamentaria.
El desarrollo del procés por la vía unilateral puso en jaque el Estado de derecho. Sin embargo, la respuesta del Estado al procés tampoco parece que haya sido especialmente escrupulosa con el Estado de derecho. Esta respuesta, especialmente expresada en la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condenó por sedición a los líderes del procés, no parece proporcionada a la realidad de lo ocurrido en Cataluña a finales de 2017 y al peligro real que llegó a significar el envite independentista. El propio TS lo reconoce en la sentencia cuando da por sentado que el único fin perseguido era presionar para negociar y que la amenaza que podía suponer el procés se desvaneció sin mayor problema con la aplicación del articulo 155 de la Constitución.
La sentencia del TS es excesiva y uno no puede evitar leerla como un aviso a navegantes. Una sentencia que transita sobre la fina línea de la razón de derecho y de la razón de Estado. La sentencia y las vicisitudes de la causa penal no son, desde luego, una respuesta ponderada de lo que exige una democracia de calidad. La prisión incondicional, la condena por sedición o la extravagante gestión de la inmunidad parlamentaria europea de Oriol Junqueras son claros síntomas de ello. Si el independentismo despreció el Estado de derecho, la respuesta dada al mismo no parece haber superado su propia prueba de estrés. El procés ha puesto en evidencia que tenemos importantes déficits que se deberían corregir con urgencia.
Pero el problema que tenemos hoy ya no es el procés en sí mismo, sino la situación que ha generado y que nos ha llevado a lo que parece un callejón sin salida. Es una situación que se retroalimenta de excesos de ambas partes y que crea un caldo de cultivo especialmente peligroso. Cualquier persona sensata y prudente apostaría por encontrar una salida a tanto despropósito y por evitar echar más leña al fuego. Por el lado independentista se debería asumir de una vez el fracaso de la vía unilateral y reorientar la defensa del proyecto político por otros cauces más acordes con una política seria y realista; el precipitado fin de la legislatura catalana puede ser una buena oportunidad para que los ciudadanos reflexionen sobre ello en el momento de emitir su voto.
Por parte del Estado se debería asumir que en Cataluña existe un grave problema de desafección que requiere tomar decisiones políticas y evitar a toda costa que se incremente la sensación de humillación e indignación que muchos catalanes sienten. La investidura de Pedro Sánchez y el apoyo dado indirectamente por ERC a la misma tienen mucho que ver con esto y no deja de ser una extraña coincidencia que el movimiento de la JEC respecto del acta de diputado del presidente de la Generalitat haya coincidido en el tiempo con lo que puede ser el inicio de una fase de resolución del conflicto catalán.
Todos sabemos que el presidente de la Generalidat ha sido inhabilitado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Y sabemos también que esta sentencia aún no es firme porque cabe recurso ante el TS. Lo más sensato hubiera sido esperar a esta decisión que, caso de confirmar la sentencia del TSJC, resolvería por si misma el problema. ¿Qué razón había para adelantar los acontecimientos con el acuerdo de la JEC? Como he dicho antes, las coincidencias con el escenario político español no parecen casuales.
El TS tuvo la posibilidad de evitar el grave conflicto político que ha generado el acuerdo de la JEC suspendiendo su ejecución de acuerdo con la petición de medidas cautelares formulada por el propio presidente de la Generalidat. Había motivos suficientes para ello y el mismo Ministerio Fiscal se había pronunciado a favor. Sin embargo, no lo hizo como hubiera sido lo más prudente, además de ajustado a derecho.
La JEC y el TS no han hecho nada para evitar que surja un nuevo conflicto y es lícito preguntarse por qué. Quizá la respuesta esté en que algo anómalo pasa en las altas instancias donde se resuelven las cuestiones jurídicas de especial trascendencia y donde cabría esperar más sentido institucional y de Estado. Los tribunales y los órganos jurisdiccionales deben aplicar el derecho, pero también evitar crear nuevos problemas cuando el margen apreciativo de las normas lo permite. Tampoco lo ha hecho el Tribunal Constitucional (TC) cuando hace pocos días ha decidido dar traslado a la Fiscalía de una presunta desobediencia del presidente del Parlament y otros miembros de la Mesa, por haber permitido la tramitación de resoluciones en que se defiende el derecho de autodeterminación o se critica a la Monarquía. El TC está hilando demasiado fino en la interpretación del deber de cumplimiento de sus resoluciones, especialmente cuando esto puede traducirse en una nueva e innecesaria querella.
Pero el problema no termina aquí, porque la situación que dejan estas decisiones tienen un alto poder desestabilizador. Porque, de rebote, han abierto un nuevo episodio en la lucha fratricida que existe dentro del independentismo catalán. Entre su versión más radical y proclive a la desobediencia y la versión que parece haber preferido apostar por una salida negociada con el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta lucha interna ya ha pasado demasiado factura a Cataluña y ha llevado a tomar demasiadas decisiones equivocadas. Sin ir más lejos, no haber impedido en su día la deriva final del procés.
Todos deberíamos aprender de nuestros errores y no volverlos a repetir. Si la versión más radical se impone y arrastra a la más moderada, se va a lanzar por la borda la posibilidad de un acuerdo para salir del marasmo en el que estamos. La moderación puede perder otra vez la partida en beneficio de aquellos que no han dudado en usar para sus intereses políticos los poderes del Estado. También en beneficio de aquellos a los que interesa mantener en Cataluña la confrontación a toda costa, sin pensar en las consecuencias negativas que ello supone para el país al que dicen defender.