La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, aprobada recientemente, obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes, y a muchas de las ciudades de más de 20.000 habitantes, aquellas que hayan tenido episodios de superación de indicadores de calidad del aire, a poner en marcha sus Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023, esto es, en menos de 18 meses. Esta medida supone un gran avance para la mejora de la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático desde las ciudades, pero puede quedar en papel mojado si los mecanismos que se ponen en marcha para su implementación adolecen de falta de rigor, o generan confusión en la ciudadanía.
Aún está por ver en cada ciudad cómo se desarrollan, pero parece claro que habrá algunos criterios que determinarán qué vehículos pueden entrar y cuáles no en las ZBE. Uno de los criterios más habituales para discriminar la entrada a las ZBE suele ser el tipo de combustible que utiliza el vehículo, y, de forma más precisa, el tipo de motor.
El actual sistema de etiquetado ambiental de vehículos (B, C, ECO, CERO) resulta muy confuso, utiliza una nomenclatura y una gama de colores inversa, por ejemplo, al etiquetado de la eficiencia energética de los electrodomésticos, por lo que puede llevar a interpretaciones erróneas por parte de las personas consumidoras. Estos distintivos categorizan los vehículos en función de las mediciones realizadas por los fabricantes, en condiciones ideales, de las emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas. Se ha demostrado en varias ocasiones que las emisiones reales son mucho mayores que los valores indicados por los fabricantes, vulnerando de esta manera el derecho a la información de las personas consumidoras.
Ecologistas en Acción, Ecodes, Greenpeace y Transport&Environment hemos desarrollado una propuesta alternativa al actual sistema de etiquetado ambiental de los vehículos, para afrontar de una manera más eficaz los retos que la Ley de Cambio Climático ha puesto sobre la mesa. Es una propuesta clara, y más fácil de entender que la actual.
Los principales cambios que demandamos son: tener en cuenta las emisiones de CO2a la vez que las contaminantes a la hora de otorgar los distintivos; eliminar la etiqueta ECO, por engañosa, y una mejora para acercar más la clasificación a las emisiones reales de los vehículos y que solamente los vehículos sin emisiones reciban el distintivo CERO.
Tener en cuenta las emisiones de CO2 resulta imprescindible ya que las zonas de bajas emisiones no servirán solo para reducir emisiones contaminantes, sino que su principal objetivo será reducir, precisamente, emisiones de CO2. Es de particular relevancia en un escenario en el que la moda de los SUV ha hecho que la mayoría de los coches que se venden en la actualidad sean más contaminantes que hace 10 años.
La propuesta presentada propone suprimir el distintivo ECO que reúne a vehículos de gas e híbridos. Su eliminación ha sido demandada incluso desde organizaciones de consumidoras y usuarias, porque es una etiqueta engañosa: los vehículos a gas no son ecológicos ya que se mueven con un combustible fósil que genera CO2 y otros gases de efecto invernadero como el metano, y son tan contaminantes como los vehículos de gasolina. Respecto a los híbridos, se ha demostrado que circulan con excesiva frecuencia como vehículos a motor de gasolina o diésel, ocasionando la misma problemática ambiental que aquéllos.
Con la etiqueta CERO solo deberían catalogarse los vehículos eléctricos de batería y los de pila de combustible, cuyas emisiones en operación son nulas, y no vehículos híbridos como sucede en estos momentos.
En nuestra propuesta, las etiquetas B y C se mantendrían; este etiquetado afecta al 90% del parque de vehículos actual, aunque debería incorporarse en estas etiquetas el criterio de emisiones de CO2, no superando los 137 gramos por kilómetro en el caso de la etiqueta C.
Por último, proponemos la creación de una nueva etiqueta D, que distinguiría los vehículos de combustión interna menos contaminantes y más eficientes (vehículos Euro 6d y posteriores), cuyas emisiones de CO2 no superen los 95 gr/km.
La emergencia climática exige que los cambios que se lleven a cabo sean profundos, y las medidas operativas para ponerlos en marcha, eficaces y fáciles de entender por la población. Si no se hace así, las ZBE pueden correr el riesgo de quedar en meras propuestas con buenas intenciones pero poca efectividad, y se habrá perdido una oportunidad de oro para luchar contra el cambio climático.