El 14 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó la ratificación del convenio contra la violencia y el acoso laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Convenio nº 190) que debe pasar por las Cortes Generales y el BOE. Hasta el momento lo han ratificado 9 países ( Uruguay, Fiji, Argentina, Namibia, Ecuador ,Somalia, Mauricio y Grecia).El Convenio 190 fue aprobado en junio de 2019 por la Conferencia Internacional del Trabajo. Es la primera norma de carácter internacional sobre violencia y acoso en el mundo laboral y se refiere a que toda persona tiene derecho a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso ( junto con la Recomendación 206).
Una vez ratificado, se debe poner en marcha la adecuación al ámbito interno la normativa necesaria para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
La violencia y el acoso relacionados con el trabajo han aumentado durante la crisis de la COVID-19 ( resaltar que se ha visto un incremento del acoso al personal sanitario y otros trabajadores esenciales durante la pandemia) y por ello es más urgente que nunca poner coto a situaciones que no estaban reguladas en toda su extensión y que afectan cada día a millones de personas en su entorno laboral.
El Convenio aborda asuntos que no estaban fijados de manera internacional como que el trabajo no siempre se realiza en un lugar físico específico y en su texto se incluye las comunicaciones profesionales mediante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Hacer seguimiento de los casos de acoso y violencia es una premisa básica junto con la prevención,
Por ejemplo, hay un colectivo profesional que con otros se ha visto a menudo sumido en un desamparo evidente. Los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional que ocupan sus puestos en diferentes Ayuntamientos a lo largo de todo el país se han enfrentado, no pocas veces, a situaciones de acoso en su lugar de trabajo, por el solo hecho de realizar un informe que no le gustaba a los políticos, o por denunciar irregularidades en expedientes. Esta es la realidad, (no tienen más que escribir en un buscador “acoso secretario/a interventor/a de Ayuntamiento) de un sistema que ha dejado sin amparo legal adecuado a miles de servidores público en este país. Al no existir ningún organismo específico para poder elevar este acoso, la soledad resulta a todas luces evidente.
De momento, no se ha hecho una regulación de esta cuestión y parece oportuno hacerlo una vez que se ratifique el Convenio 190.
El acoso al que se han visto sometidos ha sido variado: bajada de sueldo, denegación de vacaciones “por razones de servicio”, achacarles la inactividad o paralización del Ayuntamiento en cuestión, haciéndoselo saber a los vecinos, o se crea una imagen del funcionario catalogándolo de todas las maneras despectivas que se puedan imaginar y muchas más que pueden leer en cualquier medio cada cierto tiempo.
Porque ¿ alguien se imagina a cualquier otro cuerpo funcionarial tener que convivir con estas situaciones que se dan en no pocos Ayuntamientos? Yo llevo observando muchos años esta cuestión y al final he concluido que se unen factores como falta de apoyo entre compañeros, el carácter “nacional” de este Cuerpo profesional que hace verlo como “ajeno e impuesto” por parte de otra Administración y a menudo la falta de conocimiento de esta figura por la ciudadanía.
Porque no pocos casos de corrupción se han destapado por la labor de los mismos. Velan por la legalidad, dan fe pública o controlan los gastos y que el presupuesto se adecúa a la normativa vigente, entre otras cuestiones.
¿ Es tan difícil velar por que se desarrollen estas funciones con respeto a la dignidad y la profesionalidad de estos empleados públicos?
El Convenio 190 está reconociendo “el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso” y aunque parezca algo muy obvio, la situación de “luz de gas” que hay en algunos entornos laborales implica tomar medidas adecuadas para que nunca más un trabajador tenga que ser sometido a este tipo de hechos.
Recordemos el movimiento de miles de mujeres llamado “Me too”, o el trabajo realizado por organizaciones durante muchos años para erradicar la violencia y acoso en el mundo de trabajo.
Y recordemos que mientras no se respete un mundo sin violencia o acoso no estaremos respetando los derechos laborales y, por tanto, los derechos humanos.