Uno de los tres objetivos con los que el hoy Presidente Pedro Sánchez se presentó como candidato en la moción de censura contra el entonces Presidente Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018 fue la recuperación de las políticas públicas de corte social que habían sufrido durísimos recortes durante los gobiernos del Partido Popular. La cooperación internacional para el desarrollo era una de esas políticas que debían ser recuperadas o rescatadas.
El reto era ingente puesto que como venían denunciando el Grupo Parlamentario Socialista y el conjunto del sector la cooperación para el desarrollo fue literalmente desmantelada durante los gobiernos del Partido Popular no solo en términos presupuestarios sino también en capacidades, relevancia institucional y contenido político.
Si bien durante los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero España alcanzó la cifra récord de Ayuda Oficial al Desarrollo, el 0,46% de la Renta Nacional Bruta, España ha estado siempre lejos del objetivo del 0,7%.
Aun así ha sido con los gobiernos del Partido Popular cuando se han alcanzado mínimos históricos en la cooperación para el desarrollo, un recorte del 72% en los recursos para el conjunto de la ayuda que en el caso de la acción humanitaria llegó a ser del 90% situando la Ayuda Oficial al Desarrollo de nuestro país en niveles de los años 80 del siglo XX.
Del mismo modo, se rebajó la relevancia institucional recuperando la fórmula del último gobierno de José María Aznar situando la cooperación para el desarrollo bajo la responsabilidad de una Dirección general dependiente de la macro Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe.
Igualmente la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), brazo ejecutor de la política pública, redujo su presupuesto y capacidades a lo que podemos calificar de metabolismo basal sosteniéndose presupuestariamente gracias a la cooperación delegada de la Unión Europea y desapareciendo de foros internacionales como la UNESCO por citar uno de los más relevantes.
En cuanto al contenido de la política, el V Plan Director 2018-2021 en un hecho inaudito fue aprobado solo por los gobiernos, nacional y autonómicos, del Partido Popular y la CEOE.
A estas cuestiones hay que añadir debilidades históricas de nuestro sistema de cooperación en materia de recursos humanos, normativa de gestión de subvenciones, coordinación y arquitectura institucional que situaban a la Cooperación Española en una posición ciertamente difícil para afrontar los retos de una cooperación para el desarrollo con el horizonte 2030.
Por tanto, con la llegada del gobierno socialista no se trataba solo de recuperar el presupuesto, que sí, sino que restablecer la arquitectura y el funcionamiento de la política pública de cooperación para el desarrollo y empezar a hacerlo con un presupuesto heredado que aprobaron el Partido Popular y Ciudadanos lejos del acuerdo de la cámara de alcanzar el 0,4% de la RNB al finalizar la legislatura en 2020.
El Presidente Pedro Sánchez se comprometió a fortalecer y recuperar la política de cooperación al desarrollo como elemento definitorio de la política exterior de España.
En estos escasos 9 meses el Gobierno socialista ha demostrado que con el mismo presupuesto se podía hacer más cooperación y hacerla de otra manera.
España ha regresado a foros multilaterales de los que ha estado ausente estos años, se han desbloqueado proyectos y contribuciones, se ha retomado el diálogo dentro y fuera de AECID, con otras instituciones del sistema, con los sindicatos, con otros ministerios, se ha firmado el convenio en acción humanitaria con gran parte de las comunidades autónomas, se ha reforzado la acción humanitaria asignando a este instrumento los remanentes de otros departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, por citar algunas de las cuestiones que se han realizado estos meses.
Sin embargo no se ha podido comenzar el proceso de reforma, de construcción del relato y la arquitectura institucional de la Cooperación Española que planteó el Ministro Borrell y que desde luego requieren de mayor tiempo y mayor sosiego en el debate político.
El marco normativo e institucional de la Cooperación Española es a todas luces inadecuado para responder a lo que se espera de un país como España. Debemos abrir un proceso de reflexión como país sobre el papel de España como actor global de la política internacional de cooperación para el desarrollo en el ámbito europeo y multilateral en un momento político que exige liderazgos sólidos
Sería un craso error abordar cualquier reforma, por ejemplo la obligada en el caso de AECID por la Ley 40/2015 que suprime la ley de agencias, sin responder previamente a reflexiones de fondo sobre la Cooperación Española.
Son muchas las preguntas a las que deben dar respuesta el gobierno y las Cortes que salgan de las urnas el 28 de abril sobre el qué, el cómo, el dónde, con quién y con qué recursos quiere España hacer su política de cooperación para el desarrollo
¿Qué arquitectura institucional es necesaria para mejorar la eficacia de la Cooperación Española?
¿Está condenada la Cooperación Española a una política precaria de recursos humanos?
¿Abordará en profundidad la Cooperación Española el eterno debate sobre la concentración sectorial y geográfica? ¿Cómo elaboramos estrategias diferenciadas?
¿Qué modelo de cooperación financiera vamos a desarrollar? ¿Puede o debe disponer España de un Banco de Desarrollo?
¿Qué papel debe tener España como actor humanitario? ¿Qué papel debe tener España en el ámbito multilateral?
¿Cómo abordar una política de Estado con el conjunto de las administraciones públicas?
Éstas son algunas de las preguntas a las que habría que incorporar un debate sobre las alianzas para el desarrollo sostenible. Todos los sectores de la sociedad están llamados a desempeñar un papel en el desarrollo y en diferente medida en la cooperación para el desarrollo pero si hay un actor a destacar éste es la sociedad civil.
Tras tres décadas de cooperación con países de diferentes niveles de desarrollo ha quedado en evidencia la debilidad de las democracias y de los avances en derechos y libertades en gran parte de los países socios de la Cooperación Española. Es urgente abordar el papel de la sociedad civil -incluidas las ONGD, organizaciones sindicales o partidos políticos- como agente de cambio, como facilitador de procesos y superar un debate centrado en la gestión de subvenciones y que en buena medida ha descuidado el papel esencial de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de desarrollo.
Cambio de tendencia
Tras una buena parte de la legislatura perdida, estos 9 meses de gobierno socialista han supuesto el inicio de un cambio de tendencia, un punto de inflexión, ciertamente más cualitativo que cuantitativo, en la recuperación de la cooperación como una política de Estado, en la construcción de un nuevo relato de la Cooperación Española. Este proceso se ha visto interrumpido por la convocatoria electoral del 28 de abril y deberá retomarse sin dilación la legislatura siguiente.
La cooperación internacional para el desarrollo es mucho más que la ternura de los pueblos, mucho más que la solidaridad entre naciones. Decía John Stuart Mill que “No hay mejor prueba del progreso de la civilización que el progreso del poder de cooperación”.
El progreso de la política española de cooperación para el desarrollo será sin duda uno de los mejores indicadores que tendremos del progreso del liderazgo de España en la defensa de un orden mundial basado en los derechos humanos, la paz, la libertad y la igualdad entre personas y naciones.