La lucha contra el cambio climático se ha frenado. No en Dubái en la COP28, que se ha cerrado logrando in extremis mencionar por vez primera el objetivo de poner término a los combustibles fósiles, sin fecha, sino en las capitales. Se está frenando en la Unión Europea, la campeona de esta lucha, muy activa en esta conferencia, ante el temor a sus costes sociales y su traducción en votos.
Lo malo de las tensiones finales de este tipo de reuniones es que el foco se pone sobre el último objeto de la disputa, en este caso el “dejar atrás” (transitioning away) los combustibles fósiles, sin fecha, como se ha pactado, y se tiende a calificar de “histórico” el acuerdo. Sí puede ser el principio del fin, pero será un fin muy largo. A medida que pase el tiempo, se verá que hay otras cosas importantes acordadas, como triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar la tasa media anual mundial de mejoras de la eficiencia energética para 2030. O la obligación de cada país de presentar para 2025 los nuevos planes climáticos, “ambiciosos, que abarquen toda la economía”, para seguir reduciendo sus emisiones. En ellos se plasmarán las verdaderas intenciones de cada cual. Aunque los objetivos se fijarán “teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales”. Con poca ayuda a escala internacional para esta transición. No hay que engañarse. Los plazos de esta lucha se están ampliando. El propio representante de EEUU en la COP28, John Kerry, lo reconoció: “A mucha gente le habría gustado un lenguaje claro sobre la necesidad de empezar a reducir los combustibles fósiles en esta década crítica. Pero sabemos que [el acuerdo] ha sido un compromiso entre muchas partes.”
Para esta ralentización hay cuatro tipos principales de razones. 1) El equilibrio internacional. Tras haber sido el mayor responsable de las emisiones nocivas derivadas de sus revoluciones industriales, el Norte, que las ha reducido en los últimos tiempos, le pide ahora al Sur, con mínimas ayudas, que frene su desarrollo. Un mensaje especialmente dirigido a China, a pesar de sus esfuerzos en energía eólica y solar, e India cuyo consumo de carbón sigue creciendo. 2) De resistencia de los países y empresas productores de gas, petróleo y carbón, ayudados por las dificultades de suministro que han implicado la pandemia del COVID19 y la guerra de Ucrania con las sanciones contra Rusia, y sus propios interese. 3) De competencia, como la de China en vehículos eléctricos, en paneles solares y en molinos de viento. Y 4) las sociales y políticas. Muchos gobiernos, en democracias y autocracias, no quieren pagar el precio de la impopularidad, ni subvencionar compensaciones por esos costes.
Uno de los primeros síntomas de este coste social en economías avanzadas y democráticas fue la rebelión de los chalecos amarillos en Francia en 2018, ante la subida de los impuestos al gasóleo de los automóviles diésel. Respecto a cómo veían el cambio climático, una pintada se hizo famosa: “Hablan del fin del mundo, y nosotros del fin de mes”.
Las encuestas indican que el cambio climático es una de las mayores preocupaciones en el mundo, pero también que los ciudadanos consideran que el coste social de la transición energética no es tolerable. En Europa, la derecha y la extrema derecha llevan meses en una ofensiva contra la agenda verde europea, con el arma de la desinformación y del miedo. Las elecciones al Parlamento Europeo de junio medirán estos recelos y estas fuerzas. Los partidos moderados no pueden solo ofrecer esa transición sin compensar sus costes.
La presión de los negacionistas está empezando a surtir efecto. Francia y Alemania, las dos mayores economías de la UE, han ralentizado la implantación del coche eléctrico, más caro y que necesita menos mano de obra para fabricarlo (porque tiene muchas menos piezas), y en cuyo mercado China se está poniendo en posición dominante. Francia ha logrado que su energía nuclear fuera considerada por la UE como verde (y Alemania el gas). El gobierno tricolor (“semáforo”) de Berlín ha tenido que alargar los plazos para reemplazar las calderas caseras de gas o gasóleo por otras eléctricas menos contaminantes y supuestamente de consumo más barato. Ambos países han echado un cierto freno a las pretensiones de la Comisión Europea. Su presidenta, Von der Leyen, aseguró en septiembre que la UE “seguirá apoyando a la industria europea a lo largo de esta transición”. ¿Y a los ciudadanos? Pues siempre se habla de “transición justa”.
También para el Sur. Un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) citado por The Guardian apunta que en Estados Unidos, Reino Unido, la UE y Japón, el 10% más rico de estas sociedades tiene una huella de carbono 15 veces mayor que el 10% más pobre. En China, Sudáfrica, Brasil e India, la diferencia es de entre 30 y 40 veces más emisiones. Ahora bien, según datos de la AIE el 10% más pobre de EEUU sigue teniendo una huella de carbono mayor que el 90% de los habitantes de India.
El objetivo del “cero neto” en emisiones ha encontrado resistencias en todo el planeta, aunque se sienten más en las democracias. Los más perjudicados a corto plazo exigen, como poco, compensaciones. Los populismos se han hecho eco del tema, con el negacionismo del factor humano en el cambio climático. En el Reino Unido, muy activo en Dubai, el primer ministro conservador, Rishi Sunak, parece haber tirado la toalla climática, para intentar recuperar terreno de cara a las próximas elecciones a finales de este año o principios de 2024. En EEUU, la Administración Biden, demócrata, está inyectando grandes sumas de fondos públicos, más incluso que en Europa, para esa transición, mientras Trump, que tiene serias posibilidades de volver a la Casa Blanca, considera que en la actualidad la amenaza de guerra nuclear es muy superior a la del cambio climático
Para la consultora McKinsey, aunque se ha producido un impulso significativo, el mundo no está en vías de alcanzar el objetivo consagrado en el Acuerdo de París en 2015 de limitar el calentamiento muy por debajo de 2 ºC o, idealmente, de 1,5 ºC en comparación con los niveles preindustriales. La transición energética, concluye, podría ralentizarse. McKinsey insiste en que “el cero neto también debe ser neto en cuestión de asequibilidad, fiabilidad y competitividad.”
A la vuelta de la esquina está el año 2030, en que según los expertos el planeta debería reducir a la mitad sus emisiones de gases invernadero para no producir una catástrofe climática. Los gobiernos, de nuevo en Dubái, hablan más bien de 2050, un objetivo muy lejano en política, cuando muchos de ellos no se atreven a tomar medidas que resultarían impopulares por provocar un descenso en el nivel de vida de una parte importante de sus conciudadanos.
La COP28 se ha celebrado en Dubái, una de las ciudades más importantes de los Emiratos Árabes Unido, uno de los mayores productores de petróleo y de gas, del mundo. Ha sido presidida por Sultán al Jaber, que no renunció, para llevar las riendas de la cumbre climática, a su puesto de director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi. En las arduas negociaciones finales han chocado los diversos intereses, y si los productores de petróleo han cedido al final es porque no creen que las decisiones acordadas les afecte en demasía. Ello cuando no hay casi negacionistas a la cabeza de gobiernos, ni Trump en Estados Unidos, ni Bolsonaro en Brasil, aunque ahora sí Milei en Argentina. Será uno de los grandes temas del importante año electoral de 2024.