Cotización por ingresos reales, sí
La necesaria mejora de la protección social del trabajo autónomo está directamente relacionada con transformar un sistema de protección que establece una base de cotización mínima, incluso en periodos sin ingresos, a cambio de que quien los tiene sobrados pueda planificar eligiendo su contribución a la Seguridad Social, con el resultado de que casi 9 de cada 10 personas cotizan al Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) por la base mínima, pese a que una buena parte tiene ingresos superiores.
El RETA es una parte muy relevante de la Seguridad Social: hoy se integran en él 3,2 millones, de los 18,9 millones de cotizantes totales. Abordarlo de manera parcial y separada del conjunto es una decisión tan relevante como errónea. Requiere una visión global, para mejorar aportaciones y prestaciones, de forma coherente en el conjunto de la Seguridad Social. Esa es la apuesta que comparten CCOO y UATAE y que ambas organizaciones trasladamos al conjunto de la sociedad y, muy especialmente al Gobierno de España.
Actualmente el RETA es un régimen deficitario, insolidario, y con una deficiente relación de contributividad entre lo aportado y recibido, que da lugar a prestaciones más bajas y a lagunas de protección evidentes (desempleo, incapacidad...).
Una persona que ingresa más de 40.000€ al mes puede elegir voluntariamente cotizar lo mismo que otra cuyos ingresos apenas le alcanzan para pagar su cuota mensual. Mantener el actual sistema de cotización es prolongar esa situación que es perjudicial, además de injusta, para las personas con menos ingresos y para el conjunto de cotizantes y pensionistas. Es un sistema que favorece especialmente a los autónomos con más renta. Por tanto, el debate que debe plantearse es el siguiente: ¿vamos a transformar el sistema de cotización a uno por ingresos reales, sí, o no?
La unión de autónomos UATAE y CCOO decimos sí. Y no solo. Pensamos que es la mejor forma de completar y mejorar los derechos del colectivo de autónomos.
Con la actual información que nos ofrece la Agencia Tributaria, sin duda con un amplio margen de mejora para determinar los ingresos reales procedentes de actividades económicas, ya podemos concretar que hay cientos de miles de autónomos que se ven obligados a cotizar por una base mínima superior a la del conjunto del sistema, para compensar el derecho a hacer lo mismo de más de 1 millón de autónomos cuyas rentas superan los 30.000€ mensuales.
El resultado, en un sistema contributivo, es el acceso a pensiones más bajas para quien desarrolla su actividad en un trabajo autónomo, con pensiones medias muy inferiores a las de trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena. Lo que no deja de ser paradójico.
La cotización por ingresos reales contribuiría a corregir el actual déficit financiero del Régimen Especial y del conjunto de la Seguridad Social, mejorando notablemente la protección social actual y futura del colectivo, configurando una Seguridad Social del Siglo XXI para todos.
Actualmente, los autónomos que enferman deben seguir trabajando porque no tienen ninguna prestación, y las cifras indican que solo 2.000 personas que cesaron su actividad el año pasado recibieron la prestación por cese de actividad, el “paro” de los autónomos. Esta realidad, que pasa desapercibida para los que se oponen a esta reforma, debe ser también corregida y gestionada desde los servicios públicos de empleo.
El “sistema de mínimos” en que se ha convertido el Régimen Especial solo interesa, una vez más, a aquellos autónomos que puedan permitirse seguros privados o que tienen una cantidad ingente de dinero acumulado cuando finalizan o disminuyen su actividad.
La cotización por ingresos reales no solo es solvente técnicamente, sino necesaria socialmente. El régimen actual de autónomos es un sistema de mínimos que precariza, que atrae el fraude de los falsos autónomos, que puede agravarse si se concretan algunas de las medidas anunciadas recientemente, y que no se corresponde con el Estado de Bienestar que necesitamos y defendemos.
Es necesario recuperar el camino marcado en el Pacto de Toledo, con amplio consenso político y acuerdo en el marco de Diálogo Social para homologar el régimen de autónomos con el Régimen General.
Por tanto, el compromiso de la reforma sobre el sistema de cotización de los autónomos no debe quedar eclipsado bajo otros debates, secundarios y de escaso recorrido. Se trata de decidir a qué le damos prioridad; se trata de definir una hoja de ruta progresista y social en materia de empleo o dar “carpetazo” al problema como se lleva haciendo hasta ahora; de si mejoramos las condiciones del colectivo o continuamos posponiendo una reforma, tan urgente como necesaria, en el marco de actuaciones de calado que son posibles y necesita nuestro Sistema de Seguridad Social.
