Decía Groucho Marx que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Desgraciadamente esta es la realidad en la que habita una parte de la clase política española lanzada de manera irresponsable al monte de la distracción y la polarización. Hubieran hecho bien en haber asumido el código ético que proponían los escolares de Pamplona y dejar de cavar la fosa de la desafección política.
Pero la realidad es tozuda y nos habla de sequía e incendios, de dificultades de pagar la luz y el alquiler, de los problemas de la sanidad y la educación y de las desigualdades del monopoly económico que tanto daño nos está haciendo a todas. Y entre todos ellos, el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo situaba el cambio climático y el medio ambiente como dos de los problemas principales para los españoles, incluso por encima de pensiones, hipotecas, la pandemia o el racismo.
Es de gran simbolismo el que esta vez la carrera electoral se haya iniciado justo el 12 de mayo, el mismo día en que entrábamos en deuda ecológica, habiendo agotado todos los recursos que nos corresponden como país. Son muchas las señales físicas, alertadas por la ciencia, de un planeta enfermo, cuya salud es la salud de todas las personas y de las generaciones futuras. El marco político no debe ser el aceptar o no esta realidad - ahí es donde nos quiere situar el retardismo fósil -, sino el de una competición al alza para poner en práctica de forma urgente y sin distracción las mejores soluciones posibles. Y de financiarlas…
Pedro Sánchez ha querido hacer campaña mostrando expediente frente a la carrera de obstáculos (sequía, inflación, pandemia…) aprovechando las posibilidades del mayor presupuesto de la historia de la democracia aprobado en 2022, reforzado por la recaudación y los fondos europeos, que incluso le han permitido alguna alegría más al calor electoral en áreas como la vivienda y la juventud. Otros le siguen, cada uno a su nivel, inaugurando plazas, carriles bici, cortando cintas en un carrusel de iniciativas y anuncios que las urnas juzgarán. Más allá de la polvareda de promesas electorales y sus repercusiones en el presupuesto público, no debemos olvidar que la vida sigue y los centros de salud, el sueldo del profesorado, el camión de la basura, los servicios de bomberos y la acción social necesitarán de financiación. Y por supuesto, también la respuesta a la emergencia climática.
Sin embargo, desde Bruselas llegan vientos preocupantes de austeridad. Es decir, recuperar de nuevo el viejo relato de que una vez sorteado este tiempo excepcional, de suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, aparcando de nuevo la reforma fiscal justa y verde, toca volver al rigor amargo de la consolidación fiscal. Es en este punto en el que el cruce más o menos virtuoso de promesas electorales y necesidades ciudadanas se toparán con el preocupante corsé de las reglas fiscales europeas. La propuesta legal realizada por la Comisión para una nueva gobernanza económica europea entorpecerá la capacidad de las administraciones públicas de responder a la crisis ecológica y de desigualdad en los próximos años. Recordemos cómo recientemente algunas administraciones imploraban para que los gastos de la lucha contra la sequía no computaran como déficit público a partir de 2024. Con las reglas fiscales actuales la excepción climática no tiene cabida.
El último estudio de la New Economics Foundation de Alemania señalaba que las reglas propuestas por la Comisión harían que todos los países de la UE, menos 4, incumpliesen los objetivos de clima y energía. Según la Fundación Europea de Estudios Progresistas, vinculada a los socialdemócratas europeos (FEPS, por sus siglas en inglés), existe una necesidad de inversiones para no superar el 1,5 ºC del Acuerdo de París de entre 11 y 16 billones de euros entre 2020 y 2050, es decir, entre 14 y 21 veces los Next Generation europeos.
La valoración de Greenpeace es que la propuesta legal realizada por la Comisión no es coherente ni con el Acuerdo de París, ni con el Convenio de Diversidad Biológica, ni con la Carta Social Europea y abre la puerta a una mayor desafección con el proyecto europeo, con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina. La propuesta ignora los agujeros fiscales del continente - donde se escapan los Ferroviales de turno -, hace la vista gorda del mal uso de los recursos públicos en subsidios e infraestructura fósil o en una oportunista carrera militar y no exige presupuestos verdes e inversiones y reformas prioritarias en resiliencia y bienestar que cumplan el principio de no generar daño al medio ambiente.
Entre el inmovilismo austericida alemán y la poca ambición de la propuesta actual de la Comisión, respaldada por el Gobierno español, nos jugamos la realidad del marco político de los próximos años, una vez pasado el ciclo electoral de este año. Y si la posición alemana nos retrotraería a los años de los recortes, la del Gobierno español no está a la altura de su credo social y ecologista.
Si algo hemos aprendido en este tiempo de policrisis, y especialmente durante la pandemia, es que no es el momento para que los poderes públicos se pongan de perfil y dejen que las fuerzas del mercado resuelvan por sí solas problemas profundos y de largo plazo como la sequía, los incendios, la vivienda, la movilidad en las ciudades o la sanidad pública. Pero la apuesta por un papel reforzado de las administraciones públicas tampoco puede ser un cheque en blanco al derroche, la inercia y excentricidades de un crecimiento indiscriminado -como vimos en la burbuja inmobiliaria y con algunos de los proyectos del Next Generation-. Entre la austeridad y el gasto y el crecimiento dañino - a debate estos días en el parlamento europeo - hay un espacio fértil para invertir con co-responsabilidad en nuevos modelos socio-económicos de bienestar y resiliencia.
Es un debate crucial que sobrevuela por encima del ruido electoral y así lo debe entender la comisión mixta del Congreso y Senado en su ponencia sobre las prioridades de cara a la Presidencia Española del Consejo de la UE. La sociedad civil lo tiene claro, como se muestra en la carta enviada en marzo al Presidente del gobierno pidiendo una reforma con ambición para que tengamos una gobernanza económica europea libre de combustibles fósiles, paraísos fiscales y hombres de negro.
Angela Davis dijo: “No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar”. Es el momento de la responsabilidad y no del retardismo, las frivolidades y el postureo de plantas en el balcón, carriles bici, legalizaciones de pozos, ampliaciones de estaciones de esquí o de más luces de navidad. Es el momento de ser capaces de impulsar propuestas a la altura de la urgencia de este tiempo en favor de las personas, el planeta y la democracia. Es el momento en el que nos estamos jugando el presente y el futuro. Y por ello necesitamos urgentemente más responsabilidad fiscal.