Uno de los principales escollos de la negociación política para formar Gobierno en Catalunya es el papel que tiene que desarrollar el Consell per la República en la nueva etapa política que ahora se abre. No deja de ser curioso que el problema se centre en algo que no responde a ninguna realidad institucional, sin que quede tampoco clara su forma jurídica privada. De la escasa información que figura en su web corporativa, lo más concreto que existe es un reglamento fundacional que define el Consell como una “institució” que tiene por objeto impulsar actividades políticas y sociales para implementar y materializar un Estado independiente en Catalunya en forma de República. Su composición es bastante indefinida y abierta, aunque sí destaca de manera preeminente la figura del ex president de la Generalitat Carles Puigdemont.
No deja de ser curioso cómo un ente de esta naturaleza puede ser un protagonista principal de una investidura y de la formación de un Gobierno en Catalunya. Pero todo tiene una respuesta y no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que el Consell de la República parece concebirse, más allá de sus actividades generales de promoción de la independencia, como una plataforma de proyección y presencia del ex president de la Generalitat en la futura gobernabilidad de Catalunya. Hay que recordar que, para un sector del independentismo, especialmente el que se aglutina entorno a Junts per Catalunya, Carles Puigdemont es aún el presidente “legítimo”, desposeído indebidamente de su cargo por la aplicación en octubre de 2017 del artículo 155 de la Constitución. Y esta manera de ver las cosas puede propiciar ahora una solución tan peculiar como la de intentar establecer una especie de gobernanza bicéfala: la convivencia de una presidencia “legitimista” con una de “efectiva” encarnada por el candidato investido como president de la Generalitat por el Parlament.
Es difícil que un escenario como el descrito pueda ser comprendido por cualquier persona que conozca cómo funciona una democracia liberal. Supongo que lo primero que podrá pensar es que solo se trata de conseguir un efecto simbólico, sin mayor trascendencia. Sin embargo, no creo que esta sea la intención y hay motivos para pensar que detrás del Consell de la República hay algo de más calado, como puede ser la creación de un instrumento pensado para intervenir en la misma actividad gubernamental.
Desde luego, la actuación de cualquier Gobierno nunca queda sustraída a influencias externas. Estas se dan con mucha frecuencia y tienen diversos orígenes. Sin ir más lejos, la influencia de los mismos partidos políticos que han conseguido configurar la mayoría de gobierno. Sin embargo, lo que puede ocurrir con el Consell de la República tiene el riesgo de convertirse en una puesta en escena de un poder aparentemente “institucionalizado”, que se añadiría a las instituciones de autogobierno propiamente dichas. Esta situación puede complicarse aún más si en esta plataforma se pretende también integrar a las entidades independentistas, trascendiendo su espacio natural de actuación como entidades cívicas.
No es bueno que en una democracia se produzcan confusiones o incertidumbres sobre quien ejerce realmente el poder. Las instituciones públicas son las que conocemos y cada una de ellas tiene su espacio natural de juego relacionado con las funciones que constitucional y estatutariamente les corresponden y de cuyo ejercicio deben dar cuenta según las reglas establecidas. En esto consiste la democracia que se basa en última instancia en el control parlamentario sobre el Gobierno. El Parlamento representa a los ciudadanos y ciudadanas y, en un régimen parlamentario como el nuestro, es esencial que la relación de confianza política entre el Parlamento y el Gobierno responda siempre a la interacción entre ambos sujetos. En este esquema no debería tener cabida ningún otro sujeto con pretensión o apariencia institucional que pueda dar a entender cara al público que también actúa como Gobierno. No sólo sería un fraude a las reglas básicas del sistema político y social, sino también al mismo modelo democrático tal y como lo entendemos en un contexto occidental.
En democracia no puede haber dobles gobiernos, ni dobles legitimidades. El Parlament representa al pueblo de Catalunya y es él quien configura el Gobierno con el acto de investidura. A partir de ese momento se establece una relación fiduciaria entre ambos en la que no caben invitados que no van a poder dar la cara ante el Parlament y al que los ciudadanos tampoco podrán exigir responsabilidades. Las instituciones son las que son y los políticos no deberían ignorar esa realidad porque convenga a sus intereses. No sólo es una exigencia democrática, sino también de trasparencia en el ejercicio del poder.
Las reglas básicas de funcionamiento de las democracias hace tiempo que existen y se debería andar con mucho cuidado con experimentar en algo que es más delicado de lo que muchos creen. Mejorar estas reglas es posible y puede ser necesario, pero reinventarlas no es tan sencillo porque se corre el riesgo de desfigurar el modelo. En este ámbito las apariencias también son muy importantes, porque los ciudadanos y ciudadanas no deberían verse sometidos a confusión o incertidumbre respecto de quién decide por ellos.