Se aprobó la reforma laboral, por los pelos, pero se aprobó. Votación de infarto. En el último minuto. A pesar del intento de torpedear el resultado y de seguir mareando la perdiz con la votación, el circo no nos puede distraer de lo verdaderamente importante: de esta reforma salen beneficiadas las personas en situación más precaria.
Tenemos una reforma laboral pactada, construida desde el consenso y el diálogo con la patronal y los grandes sindicatos, una reforma que aborda de frente lo que ha sido, durante la última década, los grandes yugos de nuestro modelo laboral: la precariedad y la temporalidad abusiva. Además, reequilibra la negociación colectiva –recortando la influencia de los convenios de empresa en salarios–, sanciona con mayor contundencia el fraude y pone en marcha dos nuevas figuras, en sustitución de los ERTES, para salvaguardar el empleo y que aspira a poder ayudar a empresas con problemas cíclicos o sectoriales.
De la crisis económica del 2008 y de la reforma laboral del 2012 salimos con devaluación salarial, destrucción de empleo, subcontrataciones a la baja, mayores niveles de precariedad y pobreza laboral, recortes en la protección por desempleo y en el sistema de atención a la dependencia, consolidación fiscal y por ende mayores niveles de pobreza y desigualdad. Ahora tocaba aprender de los errores, y poner en el centro de la reforma a las personas más vulnerables que son, además, las que han vivido de forma desproporcionada el impacto económico de dos años de pandemia.
Durante casi una década, se nos quiso convencer que no nos quedaba otra, que para salir de la crisis era imprescindible apretarse el cinturón, renunciar a derechos, aceptar pulpo como animal de compañía para ser “competitivos”, bajo la promesa de que veríamos una recuperación que iba a beneficiar al conjunto de la población. Pero no fue así. Pese a los sacrificios, ni siquiera durante los años de recuperación económica –entre 2014 y 2019– logramos reducir significativamente los niveles de pobreza y desigualdad. Y así llegamos al 2020, con cifras de pobreza superiores a las anteriores a la crisis de 2008. La pandemia irrumpió en una España desigual, en el vagón de cola de la UE, siendo el cuarto país más desigual de Europa, el tercero en cifras de pobreza infantil y en pobreza severa.
Desde que en el 2012 el PP aprobó su reforma laboral, se han registrado más de 180 millones de contratos, de los cuales 1 de cada 4 ha tenido una duración inferior a siete días.
Jóvenes, mujeres y personas migrantes son las más impactadas por la precariedad y temporalidad. Una precariedad que tiene rostro de mujer: 7 de cada 10 salarios mínimos interprofesionales los reciben las mujeres. Ellas sufren más la parcialidad no deseada, escondiendo además muchas horas trabajadas no cotizadas en una especie de economía sumergida mixta. Los y las jóvenes también se llevan la peor parte, inmersos en una precariedad que les impide independizarse y construir un proyecto de vida. Solo entre enero y septiembre de 2021, más de 9 de cada 10 contratos firmados por personas menores de 35 años han sido temporales. Entre febrero y junio de 2020, durante los meses más duros de la pandemia, más de 7 de cada 10 puestos de trabajo destruidos correspondieron a contratos temporales, la mayoría ocupados por jóvenes.
Y detrás de cada contrato, un rostro. Los rostros de nuestros médicos y del personal sanitario, de las personas –jornaleras, reponedoras, transportistas– que durante toda la pandemia se han encargado de abastecer las estanterías de nuestros supermercados, del personal de limpieza de las residencias de nuestros mayores y hospitales. Médicos como Cristina, que durante la pandemia estuvo trabajando a destajo 240 horas al mes, entre el trabajo en un hospital y en el de campaña instalado en IFEMA, y que durante los últimos años ha ido encadenando contratos de suplencias de un centro a otro, llegando a firmar 20 o 30 contratos al año.
La reforma se aprueba en un momento clave, cuando nuestra sociedad y nuestra economía necesitan encarar profundas transformaciones –tecnológicas, medioambientales, demográficas– y deben hacerlo buscando la cohesión social, reduciendo las desigualdades, erradicando la pobreza severa de nuestro país y asegurando la igualdad de oportunidades y capacidades.
Acabar con la precariedad del mercado de trabajo español es una de las mejores vías para mejorar la calidad de vida de muchas personas que viven en situación de pobreza y exclusión social. En paralelo habrá que asegurar la senda de incremento del Salario Mínimo Interprofesional para que al final de la legislatura, se alcance el 60% del salario medio. El acuerdo de estos días con los sindicatos –sin el apoyo de la patronal– para subirlo hasta los 1.000 euros mensuales, es un paso más en la buena dirección y que beneficia de forma directa a los más jóvenes y las mujeres,
De esta crisis debemos salir invirtiendo en creación de empleo de calidad, aumentando el peso en la economía de sectores de mayor valor añadido y fortaleciendo a las pequeñas y medianas empresas para que sean más competitivas.