Julio se despide cargadito y le cede el paso a un agosto que se presenta interesante, por utilizar un adjetivo suave.
No creo exagerar si afirmo que el preacuerdo alcanzado entre PSC y ERC es de una gran trascendencia política. Si la militancia de ERC lo ratifica, se abre la oportunidad de abrir una nueva etapa en Catalunya que permita comenzar –solo comenzar– a superar la experiencia traumática del procés y de su posterior resaca.
Pero, como sucede con este tipo de acuerdos, también abre controversias y puede ser el origen de viejos o nuevos conflictos en el conjunto de España.
Antes de hacerse público se han emitido opiniones diversas y generado muchos titulares, lo que puede entorpecer la interpretación de su alcance, en algunos casos difícil de descifrar. Por ello parece oportuno descodificar el contenido real y sus posibles consecuencias que, ya adelanto, en algunos aspectos me parecen muy abiertas a distintas interpretaciones. Nada que no sea habitual en los pactos complejos y difíciles.
Lo primero que cabría decir es que se trata de un acuerdo políticamente muy potente, que supera a un simple acuerdo de investidura para, en algunos aspectos, entrar en el terreno propio de un acuerdo de gobierno. ERC ha tenido especial interés en que aparezca explícitamente como una validación de las políticas públicas del Gobierno Aragonés. Con la peculiaridad de que los republicanos ya han anunciado que no formarán parte del futuro Gobierno que debe aplicar las políticas que han contribuido a diseñar.
El contenido es muy diverso y responde a diferentes lógicas. Me parece un poco atrevido otorgarle un calificativo global, como los que ya se han pronunciado. Lo más destacable es que mientras algunos de los compromisos alcanzados dependen solo de los firmantes, porque limitan su ámbito a Catalunya, otros dependen en su desarrollo y aplicación de acuerdos con el Gobierno del Estado. Y otros, muy especialmente el pacto fiscal, dependen de decisiones y leyes orgánicas que requieren de amplios acuerdos con muchas otras fuerzas políticas de todo el Estado.
El documento acordado comienza con un aspecto de gran simbolismo: la reivindicación del espacio común del catalanismo popular, que saltó por los aires con el procés y que los firmantes se comprometen a reconstruir. Estoy seguro de que Antoni Gutiérrez Díaz se sentiría complacido por el protagonismo de una formulación, la del catalanismo popular, que tanto le debe.
En esta dirección destacan los compromisos en relación con el catalán como lengua propia y elemento nuclear de una ciudadanía cívica compartida. La lengua como espacio de encuentro, no de disputa. No me parece leer nada muy novedoso, salvo el compromiso de crear un departamento de política lingüística. Junto a ello aparecen compromisos muy acotados con relación a la proyección exterior de Catalunya que, en algunos aspectos, dependen en su concreción de acuerdos con el estado español. No podía faltar lo relativo a las selecciones deportivas catalanas, redactado en términos prudentes y posibilistas, lo que siempre es más positivo.
Los dos bloques en los que aparecen contenidos más disruptivos son el que se califica como “resolución del conflicto político” y el “un nuevo modelo de financiación singular”
En relación con lo que se califica de conflicto político se ha optado por construir soluciones en vez de abundar en las divisiones. Su eje, la constitución de una “Convención Nacional para la resolución del conflicto político”, se sitúa en las antípodas del referéndum de autodeterminación en el que se insistía por parte del independentismo hasta hace dos días. De abrirse paso esta vía podría servir para intentar deshacer el inmenso entuerto democrático que supuso que el Constitucional dictara una sentencia después de que hubieran hablado el Parlament, el Congreso y finalmente la ciudadanía de Catalunya en referéndum. Podría ser una buena manera de devolverle la palabra a la ciudadanía, pero a partir de un acuerdo previo, no de un desacuerdo dicotómico. Pero no vayamos tan rápidos, que para llegar a ese escenario falta mucho trecho.
Un aspecto que en Catalunya preocupa y mucho se aborda con el compromiso de crear un consorcio mixto –Estado Generalitat– para gestionar las inversiones. Una opción imbuida de cierta lógica federal, tan necesaria en un país con una estructura territorial compleja y niveles importantes de descentralización política. Esperemos que si se concreta contribuya a la eficiencia en la gestión.
Con relación al pacto fiscal sugiero leer con calma, detalle y algo de prudencia sus contenidos. Sobre todo para entender qué es lo que realmente se ha pactado y qué son solo interpretaciones interesadas de su contenido. Que abundan, a babor y estribor. Sugiero eludir titulares fáciles porque su contenido es complejo, en algunos casos permite interpretaciones contrapuestas y sobre todo va a depender y mucho de su desarrollo, que depende de los firmantes, pero no solo ni principalmente.
Aunque con prudencia me atrevo a afirmar que lo acordado, siendo importante y comportando cambios significativos, no supone ni la salida de Catalunya del régimen común ni tiene por qué comportar necesariamente la ruptura de la igualdad y la solidaridad en la financiación autonómica. Puedo equivocarme, pero voy a intentar explicarme.
Como sucede en este tipo de acuerdos, la redacción contiene muchos equilibrios y alguna obra de orfebrería política. La filosofía que los firmantes afirman sostiene el acuerdo se resume en esta idea “fijar como prioridad una hacienda catalana –que ya existe– compatible con el hecho de avanzar hacia un modelo tributario federal con una mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación. liquidación e inspección”. Intuyo que las palabras han sido elegidas con gran finezza.
Para desengranar de manera inteligible lo que se ha acordado creo que es oportuno diferenciar aquello que corresponde a la gestión tributaria de los aspectos normativos y, sobre todo, de cómo quedan los flujos de recursos.
He intentado dirigir la mirada a lontananza, pero sin perder de vista que este preacuerdo es solo el primer set de un partido muy largo. Para que se haga realidad su contenido hacen falta muchas horas de juego político. De entrada, hay que superar el match ball de la consulta a la militancia de ERC.
Junts ya ha adelantado que va a hacer todo lo posible para evitar la investidura de Illa (la versión catalana de “el que pueda hacer, que haga”). Para conseguirlo, hace días que Junts y la “galaxia Ítaca” han comenzado una ofensiva para la intimidación emocional de la militancia de ERC y su condicionamiento político. No deja de ser curioso que mientras Junts trabaja para reventar el acuerdo, desde la derecha española, con sus mensajes apocalípticos sobre lo pactado, pueden contribuir a que la militancia de ERC se decante por el sí.
Puede parecer que algunos de los contenidos de este acuerdo nos van a llevar a nuevos charcos. No lo descarto, pero al menos tenemos la esperanza de que sirva para pasar página y dejar de estar empantanados.
Igual, cuando este artículo vea la luz Puigdemont ha decidido hacer explotar su particular bomba atómica, presentándose antes de la consulta del viernes
El punto decisivo de partido de la consulta de ERC no es el último. Algunos, bastantes, de los contenidos del preacuerdo requerirán de modificaciones legales que, en la medida que en algunos casos son leyes orgánicas, requieren mayoría absoluta. No se les escapa que esa mayoría requiere sumar muchos votos de muchas fuerzas políticas distintas, incluido Junts que, previsiblemente se posicionará de manera muy contundente en contra.
En resumen, con el preacuerdo se ha dado un pasito, pero para comenzar a salir del pozo hacen falta muchos más y que entre paso y paso no tropecemos. Nadie dijo que reconstruir lo destruido durante tantos años fuera fácil y estuviera carente de contradicciones. Así es la vida, así lo ha sido siempre, aunque nuestra melancolía nos impida recordarlo.