La ciencia ha ganado visibilidad mediática. Desde hace tres meses, los gobiernos de la Unión Europea recurren al asesoramiento científico para ofrecer los análisis más sólidos sobre la pandemia y afirman desarrollar políticas basadas en la evidencia. También se han facilitado fondos para la investigación sobre COVID-19, muchas revistas científicas ofrecen temporalmente libre acceso a su contenido y una política de datos abiertos podría permitir acelerar el desarrollo de posibles tratamientos y soluciones. Parece que se está impulsando una ciencia abierta, colaborativa e interdisciplinar. Estas circunstancias excepcionales se relacionan, sin duda, con el nuevo interés por la ciencia. Sin embargo, muchas instalaciones de investigación se han cerrado temporalmente y los científicos están haciendo teletrabajo, mientras que los laboratorios clínicos en los hospitales están sobrecargados. Las declaraciones y la cantidad de recursos financieros asignados a la investigación sobre la pandemia contrastan con las políticas de investigación implementadas por muchos países de la UE en las últimas décadas. Es de esperar que el entusiasmo actual por la investigación no sea pasajero y que implique cambios estructurales en las políticas de investigación, más allá de la crisis de COVID-19.
En la Cumbre Europea de Lisboa de 2000, la Unión Europea se fijó el objetivo de convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. Para hacerlo, los jefes de Estado y gobierno, bajo presidencia española, respaldaron en 2002 el objetivo de aumentar las inversiones públicas y privadas en actividades de investigación e innovación del 1,9% al 3% del PIB para 2010. El objetivo se pospuso para 2020 y hoy sigue lejos de alcanzarse; los últimos datos de Eurostat ofrecen para la UE un nivel promedio del 2,2% del PIB gastado en I+D para 2018, lejos de los EEUU, Japón o Corea del Sur. Solo cuatro países de la UE están por encima del umbral del 3%; España dedica el 1,24% de su PIB.
En estos años, el discurso político ha promovido que la financiación para la investigación pública se desplace desde la financiación de las instituciones a una financiación basada en proyectos competitivos. En paralelo, la denominada Nueva Gestión Pública, inspirada en la gestión privada, ha promovido nuevos modelos de gobernanza de la ciencia, basados en la competencia y la dirección estratégica de la investigación, más que en la colaboración entre científicos e instituciones de investigación. Los primeros análisis de lo ocurrido estos años no han identificado efectos positivos del aumento de la competencia, ni de los intentos de aplicar la dirección estratégica en la calidad de los resultados de investigación. El estancamiento de la financiación de la I+D en muchos Estados miembros de la UE y su naturaleza cada vez más competitiva (muchos programas financian menos del 20% de las propuestas) ha debilitado nuestra capacidad para disponer del número de investigadores necesarios para responder a los desafíos globales, como la COVID-19 o el calentamiento global.
En contraste con el enfoque interdisciplinario que se necesita para solventar la crisis actual, la investigación y los entornos académicos se suelen caracterizar por una hiperespecialización y por una limitada colaboración entre disciplinas. Si bien la especialización es necesaria para el progreso científico, los retos globales y sus implicaciones transdisciplinarias demuestran que existe una necesidad de promover enfoques más colaborativos. Los diseños de investigación transversal que combinan las ciencias sociales y las humanidades con otras áreas de las cuales están tradicionalmente aisladas (medicina, biología, física, etc.) son absolutamente necesarios para abordar desafíos como la COVID-19, el cambio climático o las amenazas a la biodiversidad y para fomentar un desarrollo sostenible, tal como se define en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Abordar estos desafíos globales también implica la necesidad de involucrar a todos los actores de la sociedad, desde las instituciones públicas de investigación hasta el sector privado y los ciudadanos, en la búsqueda de posibles soluciones innovadoras. Se necesitan esfuerzos del sistema científico de abajo a arriba que permitan la combinación de talento y recursos para explorar múltiples direcciones en la búsqueda de soluciones, como la situación actual está demandando.
La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que la investigación científica en las universidades y organismos públicos de investigación es imprescindible a la hora de abordar cuestiones fundamentales, como una pandemia mundial o el cambio climático. El conocimiento científico, como la protección de la salud o la seguridad social, contribuye a salvar vidas. Como tal, la ciencia no puede ser considerada como gasto contingente, dependiente de los ciclos económicos, sino más bien como una necesidad de nuestras sociedades. Esto implica aumentar la financiación pública disponible y los recursos para la investigación mucho más allá de la media del 2,2% del PIB de la UE, lo que permitiría a más jóvenes investigadores con potencial creativo entrar en el sistema de investigación. Paralelamente, es necesario un desarrollo sostenido de proyectos interdisciplinares, incluyendo actores públicos, privados y de la sociedad civil, junto con las políticas de ciencia abierta. Se necesitan nuevas políticas de ciencia, así como el desarrollo de nuevas formas de organización de la investigación y modelos de carreras profesionales que permitan crear nuevos incentivos para los investigadores. Al mismo tiempo, también se requieren un mayor compromiso y capacidad de respuesta de la comunidad investigadora, dando más relevancia a la integridad de la investigación, las normas éticas y la responsabilidad general ante nuestras instituciones democráticas. La crisis de la COVID-19 es, sin duda, una tragedia humana. También brinda la oportunidad de construir un futuro mejor y sostenible a través de una combinación de ciencia, conocimiento y responsabilidad política.
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