El sistema educativo es un ente vivo que no debe parar de mejorar, de ser objeto de reflexión para ser un instrumento cada vez más útil para nuestros jóvenes y para el futuro de nuestra sociedad. La educación en España ha mejorado sin ninguna duda en las últimas décadas; se han logrado altas tasas de escolarización y de titulación que han permitido que la educación haya servido como ascensor social, gracias a los esfuerzos realizados en políticas de igualdad, logrando que en nuestra sociedad los niveles socio económicos y culturales de partida no hayan sido un impedimento para que las distintas generaciones de jóvenes hayan podido mejorar el alcance educativo de sus familias.
Más allá de estos logros que durante décadas se habían conseguido en España, nos encontramos en el momento actual ante una situación de retroceso tanto en el derecho a la educación como ante las oportunidades para desarrollar un itinerario educativo que sirva para asentar las bases de un futuro pleno, basado en la formación integral y también con una perspectiva laboral. Es necesario un esfuerzo inversor para superar la agresión que las políticas conservadoras han perpetrado contra la financiación de la educación pública y para conseguir una educación de calidad integral para el alumnado en todos los centros públicos de todos los niveles y modalidades educativas.
En este sentido, es preciso y urgente consolidar las becas como un derecho subjetivo y así evitar que se obstaculice el acceso a la Universidad de alumnos procedentes de familias en dificultad social, como también es una prioridad lograr la reducción de las tasas universitarias, para que sean asequibles al estudiantado.
Es inevitable reflexionar hoy en día sobre dos cuestiones dramáticas que deben ser resueltas de manera urgente y decidida. En primer lugar, la pobreza infantil que lastra las oportunidades educativas de miles de niños y niñas en nuestro país por las restricciones de recursos socioeducativos que debieran ser provistos en condiciones de gratuidad y compensación escolar por parte de los poderes públicos.
El desempleo juvenil es la siguiente prioridad, un problema multicausal originado en parte por la falta de formación, por el absentismo, el abandono escolar, en otros casos por una insuficiente orientación académica y profesional que no alcanza al conjunto de las individualidades de nuestros jóvenes y por la nefasta reforma laboral. Sin ninguna duda, en este contexto de desempleo general es fundamental también garantizar la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida; lograr el derecho a la cualificación como derecho de la ciudadanía.
En estos sentidos, la Educación es un instrumento fundamental de política social para redistribuir equitativamente la renta, el conocimiento y las oportunidades sociales y profesionales a todos los ciudadanos/as.
El sistema educativo debe hacer frente a la formación de todos nuestros jóvenes, en un entorno inclusivo, ofreciendo una respuesta a las necesidades y a la diversidad de todos los alumnos, aceptando las diferencias y promoviendo el trato equitativo de cada estudiante. Por ello es preciso propiciar la búsqueda de estrategias, metodologías, espacios incluyentes y eliminar todo tipo de segregación en los centros educativos.
Los centros educativos a su vez deben preparar a nuestros jóvenes para la mejor transición posible hacia el mundo laboral, en el que se demandan nuevas competencias no suficientemente trabajadas en el entorno educativo. En este sentido es fundamental desde los centros educativos potenciar entre el alumnado la creatividad, la inteligencia emocional, la resolución de problemas, el reconocimiento de pautas complejas, el desarrollo de habilidades sociales y desarrollar la capacidad de comunicación efectiva de forma transversal desde la educación primaria.
En la sociedad actual, la escuela debe asumir como uno de sus fines fundamentales la educación intercultural, incorporando la interculturalidad en el currículo y generalizando las prácticas educativas inclusivas en el proyecto educativo de centro y en la convivencia de la comunidad escolar; en definitiva, los proyectos educativos deben centrarse en el desarrollo de todo el alumnado como ciudadanos/as iguales, cultivando el respeto a la diversidad y valorando la riqueza que esta aporta y significa. Se trata también de educar en valores con un modelo ético cívico y de Educación para la Ciudadanía Democrática propugnado por el Consejo de Europa y de garantizar la laicidad constitucional de los centros educativos.
La educación debe ser entendida como factor imprescindible para el fortalecimiento de la Democracia en sus diversas expresiones, entre ellas la necesaria autonomía de los centros educativos como gobernanza democrática de los mismos, protagonizada por la comunidad escolar de profesores, familias y alumnos, por medio de los Consejos Escolares, en el ejercicio de su derecho constitucional de intervenir en el control y la gestión de los centros públicamente financiados, conforme establece el artículo 27 de la vigente Constitución.
Esta es la base más sólida de la autonomía escolar, que nada tiene que ver con la creación de un sistema artificial de competitividad entre los centros, ni con la recreación de la dirección escolar profesionalizada siguiendo el modelo de la empresa privada.
En definitiva, existen problemas importantes que afectan a nuestra educación y que desde una perspectiva socialdemócrata deben ser abordados con un incremento de la financiación pública. Es preciso fortalecer el servicio público escolar constituido por escuelas públicas inclusivas, como existe en los países europeos con democracias más sólidas y avanzadas y garantizar la gratuidad en los centros públicamente financiados, implantando una política social de igualdad de todos ante la educación.
Se deben abrir expectativas reales de formación para el trabajo a los jóvenes parados, facilitar a las familias la escolarización temprana y gratuita de la primera infancia, acordar el modelo organizativo y de gestión eficaz de los centros garantizando el derecho constitucional a la participación de las comunidades escolares, modernizar el currículo y la evaluación, y fortalecer estatutariamente el desarrollo de la carrera docente y la formación de los profesores para protagonizar una educación integral de calidad.
La Educación es un reto para aquellos que nos sentimos socialdemócratas. Sólo abordando estos objetivos de manera consensuada lograremos homologar nuestro sistema educativo con los estados europeos más avanzados, todo un desafío educativo que merece la pena. Cada vez somos más los que ahora estamos comprometidos con este proyecto de futuro.
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Mª Luz Martínez Seijo. Diputada del PSOE por Palencia. Coordinadora del área de Educación del documento “Somos Socialistas”.Mª Luz Martínez Seijo
Victorino Mayoral. Ha sido portavoz de Educación del PSOE como Diputado Nacional.Victorino Mayoral