¿Hay alguna relación entre un programa escolar, el voto de la gente joven y la victoria de los demócratas en Arizona en 2020 y 2022? Arizona es un campo de batalla electoral; los votos del condado de Maricopa, donde está la capital, Phoenix, y en el que vive el 62 % de la población del estado, han sido cruciales tanto en la elección del senador demócrata Mark Kelly el pasado 8 de noviembre, como en lograr la presidencia para Biden en 2020. En el caso de las presidenciales, el peregrino sistema electoral de los Estados Unidos asigna todos los llamados electores de cada estado, en Arizona 11, al candidato más votado, aunque sea con una diferencia mínima, en el caso de Biden, un 0,3%.
Es esta una historia poco conocida, de la que sé gracias a Daniel Schugurensky, profesor en la Arizona State University (ASU), quien puso en marcha el programa de Gobernanza Participativa, dirigido a alumnado de familias pobres y racializadas, sobre todo latinos de origen mexicano. Los abuelos de Daniel llegaron a Argentina huyendo de las persecuciones a los judíos en Europa: para él palabras como “migrantes” o “exclusión” son heridas con significado muy preciso. El proyecto piloto empieza en 2013 en una escuela secundaria de Phoenix, poniendo en marcha un Presupuesto Participativo Escolar (PBP, siglas en inglés de Participatory Budgeting Project), que combina a lo largo de dos semanas educación ciudadana, participación cívica y democracia escolar. Constituyó un éxito y debido a ello el Distrito Escolar de Secundaria de Phoenix lo adoptó de forma progresiva: de 5 escuelas en 2016 a 20 escuelas y 30 000 estudiantes en 2019. Otros distritos se fueron sumando y en este curso el programa PBP está en marcha en 60 escuelas y en él participan unos 60 000 estudiantes de 5 a 18 años, es decir todos los niveles educativos, conocidos como K-12. Tradicionalmente los colectivos que sufren mayor exclusión y que proceden de familias migrantes son abstencionistas, o ni siquiera se registran como votantes, pues en Estados Unidos sin este registro previo no es posible votar.
Al final del programa, que pretende empoderar al alumnado para tomar decisiones, los estudiantes proponen y votan mejoras para su escuela. Después se anima a los que podrán votar en la siguiente elección a que se registren. Gracias al PBP y a iniciativas como la red de voluntariado NextGen (Next Generation) Arizona, el voto de jóvenes de 18 a 35 años aumentó un 35% entre las presidenciales de 2016 y las de mitad de mandato de 2018. El incremento ha continuado en 2020, tanto que el porcentaje de voto en el tramo 18 a 21 años, la mayoría votantes por primera vez, fue más alto que en tramos de mayor edad. Alberto Olivas, investigador de la ASU, apunta que ese aumento tiene más significado en 2020 en el contexto de una pandemia que hizo imposible el trabajo presencial del voluntariado, visitando casas y organizando debates. También sugiere que las campañas electorales, hasta ahora dirigidas sobre todo a votantes de más edad, más ricos y cultos, deberían prestar atención a las y los votantes jóvenes, pobres y de minorías raciales. Aunque no es posible establecer una relación de causalidad, al no estar permitido cruzar los datos del alumnado con los votantes, parece que los esfuerzos para llevar a cabo una educación cívica, centrada en decisiones que afectan a su vida, y que logran que para ellos la democracia tenga un significado concreto, tienen éxito. Democracia es la participación de todas las personas, una conquista que fue lenta, desde los tiempos del sufragio censitario, en los que solo votaban los propietarios (varones) con determinadas rentas –en España hasta 1868 el número de votantes oscilaba entre 30 000 y 800 000.
A algunas personas, a algunos poderes, les interesaría que los pobres y los jóvenes no votasen, que no participen en política, y lo expresan en discursos en los que se asigna a lo “político” un significado negativo: reivindicar una sanidad o una educación pública es “hacer política”, defender que se regule el uso de armas en Estados Unidos también. En el fondo lo que están defendiendo es que solo ellos están legitimados para hacer política. A quienes creemos que la educación puede contribuir a una democracia más participativa, a que más personas se impliquen en la política en sentido amplio, nos conmueve el ejemplo de Arizona.