El independentismo catalán viene de lejos. Después del paréntesis de la sangrienta dictadura, se incorpora a nuestra reciente historia marcada por la evolución política hacia una democracia En ese contexto cobra una especial relevancia, la valiente decisión del presidente Adolfo Suárez que permitió que el 23 de Octubre de 1977, Josep Tarradellas i Joan, president de la Generalitat en el exilio, ante una multitud concentrada en la Plaza Sant Jaume, pronunciase una frase que ha quedado marcada en la memoria colectiva: “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!”. Simbolizó la recuperación de la Generalitat como institución de autogobierno de Catalunya y el reconocimiento de la legitimidad democrática de la institución durante el franquismo.
Unos días antes se había promulgado la ley de amnistía, elaborada por un Parlamento elegido democráticamente, en el que estaban presentes partidos políticos catalanes que tenían en su ideario la consecución de la independencia. Los redactores de la Constitución cerraron cualquier posibilidad a la celebración de referéndums que afectasen a la “indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Como única concesión a las aspiraciones de los catalanes y vascos “se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
Han transcurrido cuarenta y cinco años desde la promulgación de la Constitución y los partidos políticos catalanes siempre han estado presentes en la política española, jugando, en ocasiones, un papel de bisagra tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular. Como es lógico en un sistema democrático, la libertad de creencias y opiniones y la expresión de estas son derechos fundamentales que deben ser respetados y amparados si no se quiere vulnerar el orden constitucional. Sus aspiraciones alcanzaron el punto de partida con la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía.
Su tramitación fue impecablemente constitucional, pasando por la aprobación del Parlament de Catalunya, la ratificación por el Parlamento de la nación y la confirmación en referéndum por el pueblo catalán. El PP lo recurrió ante el Tribunal Constitucional, cuyo sector más reaccionario saltó por encima de su legitimación constitucional y, como dijo con gran regocijo Alfonso Guerra, se cepillaron las partes esenciales del Estatuto, creando un gran malestar y desafección en la mayoría de la sociedad catalana. Los magistrados que perpetraron este atentado a la Constitución se fumaron un puro en el callejón en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla sin que conste que diesen la vuelta al ruedo.
La mayoría de los analistas políticos coinciden en destacar que a partir de este momento la cuestión catalana comienza a enconarse. Se abandona la vía estatutaria y se inicia el camino de las consultas referendarias, que terminan con la hoja de ruta que pone en marcha las leyes de Referéndum y Transitoriedad a la República. Esa hoja de ruta se concreta en una votación el 1 de octubre de 2017, cuya represión tuvo un gran impacto internacional, y termina con la declaración relámpago de la independencia, suspendida de inmediato por el president de la Generalitat. El Gobierno del PP decide optar por la vía penal y su desenlace es de todos conocido.
Todos los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos de los que España forma parte han rechazado y criticado la compatibilidad de estas condenas con los tratados internacionales que protegen los derechos humanos y las libertades cívicas (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Grupo de trabajo de detenciones arbitrarias y el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa).
Dejemos los antecedentes y situémonos en el momento presente. Las elecciones generales del 23 de julio arrojan un resultado que sitúa a los dos partidos de la derecha extrema y la extrema derecha a un millón de votos de los partidos que defienden la ampliación de los derechos democráticos, económicos y sociales. El PP y VOX necesitan cuatro votos para que Núñez Feijoo sea investido. Por su parte, el Partido Socialista y Sumar pretenden reeditar un gobierno de progreso cuyos logros están en el BOE.
Los dos partidos independentistas catalanes (ERC y Junts) tienen en estos momentos la clave para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de coalición. Exigen la amnistía como condición previa a la votación. Ambas pretensiones han sido analizadas en abundancia y a su debate nos remitimos. En el contexto político en que nos movemos el Tratado de la Unión Europea, establece como pilares fundamentales la libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.
ERC y Junts se enfrentan a un dilema y asumen una responsabilidad histórica. La democracia es un valor prioritario y necesario para conseguir una amnistía y llegar a un hipotético referéndum de independencia consensuado que deben reconocer que presenta dificultades constitucionales y problemas de permanencia e inserción en la Unión Europea. El Gobierno de coalición precedente ha aprobado leyes, algunas con los votos de los dos partidos catalanes, que han mejorado los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas que viven en Catalunya, sean independentistas, catalanistas o españolistas. Condicionar el voto a la investidura exigiendo una previa ley de amnistía alimenta la cerrazón mental y política de los que se refugian en la metáfora imposible de la ruptura de España como único argumento para mantenerse en la confrontación y demonizar el diálogo y la convivencia.
La democracia les obliga a votar la investidura de Pedro Sánchez sin condicionamientos previos. Espero, a la vista de la maquinaria reaccionaria que, en boca del expresidente Aznar, ha llegado a incitar a la rebelión transitando el terreno reservado para el derecho penal, que no surjan acontecimientos que den al traste con el propio sistema democrático. La democracia ofrece la posibilidad de avanzar en derechos y libertades. Los Gobiernos de coalición entre PP y Vox por lo menos han tenido la sinceridad de exponer sus propuestas y ejecutarlas. Recortes en sanidad y enseñanza, privatizaciones de servicios esenciales, ruptura con las políticas climáticas e incluso acabar con el estado de la Autonomías, aunque el PP se oponga a ello. Su testosterona llega a extremos esperpénticos, como fomentar las escuelas de tauromaquia infringiendo la Declaración de los Derechos del Niño.
Para terminar se me viene a la memoria un definición en cierto modo humorística de lo que es la democracia, quizá poco científica pero profundamente sintética. La pronuncia el genial Mario Moreno Cantinflas en una película titulada 'Si yo fuera Diputado': “Democracia viene de demos y no pidamos”. Amigos catalanes, primero demos y después pidamos.