El día 2 de noviembre, con la soltura ideológica que da la ex presidencia, José María Aznar alertó de nuevo de que “Sánchez es un peligro para la democracia”. Esta letanía acompaña siempre a la derecha política y mediática española cada vez que no consigue alcanzar el Gobierno, puesto que sólo considera legítimo el poder que ejercen ellos. No obstante, el expresidente añadía un significativo llamamiento a la movilización: “El que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte, el que se pueda mover que se mueva”. No se trata de un llamamiento genérico e indiferenciado a la movilización ciudadana, sino de una convocatoria a que cada cual, desde la posición que ocupe en la sociedad civil o el Estado, aporte los recursos a su disposición para evitar la investidura del Gobierno progresista.
Pocos días después de esa llamada, casualmente el juez García Castellón imputaba en la Audiencia Nacional, entre otros, a Carles Puigdemont y Marta Rovira nada menos que por “terrorismo”; otro juez de Madrid admitía una querella contra una ley de amnistía ni siquiera registrada ni, por tanto, conocible. Filtraciones de la Guardia Civil volvían a agitar el peligro del independentismo y comenzaban las concentraciones frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz en Madrid, que reunían a los asiduos a las caceroladas del confinamiento en el Barrio de Salamanca con agitadores mediáticos de la ultraderecha, neonazis y hasta la marquesa Esperanza Aguirre. Al día siguiente, Abascal hacía un llamamiento a la policía para que se rebelase contra sus órdenes si estas eran “ilegales”. Léase: si estas perjudican a aquellos para quienes no están diseñadas las porras.
No se trata, y lo digo sin la menor ironía, de ningún plan orquestado. Se trata de un bloque moviéndose, no mecánica sino orgánicamente. Con roces internos y contradicciones, con sectores más extremistas y otros más cautos, con peleas por el protagonismo, con avances y retrocesos, en una dirección compartida. Idealmente, impedir la investidura. Pero, principalmente, cercar al gobierno aún no nato, hacerlo nacer ya rehén, a la defensiva, con el margen de maniobra limitado al máximo, que gobierne pidiendo perdón. Ganar para sí poder de veto. Los aprendices de escuadristas que se concentran en la sede de Ferraz actúan gustosamente de infantería auxiliar del bloque, generando el clima para que tras un paso audaz puedan darse otros más. Que sea un bloque marcadamente conservador y jerarquizado se ve, también, en que sus pocos destacamentos plebeyos ni siquiera pretenden ninguna autonomía política. Como en otros tiempos, salen a la calle a pedir a los poderosos que actúen.
Un bloque histórico no es una coalición, ni es una suma parlamentaria, ni es un acuerdo ni es una conspiración. Un bloque histórico es una articulación de sectores sociales unidos por símbolos, instituciones y autoridades, intelectuales, expectativas y creencias compartidas que, por encima de sus diferencias, les hace comportarse orgánicamente de forma casi espontánea. El bloque reaccionario español está nucleado histórica e ideológicamente en torno a dos ideas fuerza. Por una parte, a una defensa de la jerarquía social que coincide con una defensa de los privilegios, la propiedad y la economía rentista. Esta defensa no sólo moviliza a los hijos de la oligarquía sino también a sectores medios en riesgo de precarización, articulados por el odio a la izquierda y a las ideas igualitaristas, identificadas como propias de débiles –en una proyección en la que el subordinado se siente parte de los señores por defender sus ideas–. Por otra parte, un nacionalismo español rabiosamente antipluralista, según el cual a la nación siempre le sobra medio pueblo al que hay que disciplinar cada pocas décadas, y esencialista, por el cual la nación precede y prima sobre la democracia; esto es, España no es lo que los españoles quieran si es que estos votan mal o se comportan mal. Hay un modelo económico y una “esencia nacional”, anteriores a la democracia, heredados de la guerra que ganaron y de la transición que negociaron, y se deben defender incluso, si hiciese falta, contra la soberanía popular.
Este bloque ha compartido el poder en condiciones de relativa estabilidad durante 40 años, según una geografía que le hacía ser mayoritario en el Estado, ampliamente mayoritario en el poder económico y mayoritario o minoritario en el Congreso según votaran los ciudadanos. Es cierto que el centro izquierda ha gobernado más años de este período, pero lo ha hecho mientras a su alrededor se consolidaba o se extremaba la preponderancia conservadora y ultraconservadora en el Estado y en los poderes económicos. Esto, más que a mandar, se le parece a morar como inquilino en un Estado que, bajo tus pies, se va deslizando cada vez más al terreno de tu adversario. Habitar como invitado, sin molestar demasiado a los dueños.
Los principales desafíos democratizantes al régimen nacido en 1978 fueron el 15M-Primer Podemos y el Octubre catalán. Ninguno logró sus objetivos pero ambos cambiaron el sistema político de manera sustancial. Uno de los primeros efectos de ese cambio es que el PSOE, para gobernar, tiene que salir fuera de su perímetro ideológico tradicional. El otro, que el bloque reaccionario da por amortizados buena parte de sus compromisos democráticos pasados y está cada vez menos dispuesto a tolerar mayorías parlamentarias que no coincidan con su primacía en el Estado y en la economía. Le parece que ha llegado la hora de ponerse serios para que desafíos así no vuelvan a ser posibles. La izquierda, así, tiene que elegir entre el inquilinato o el desahucio del Estado.
La investidura se acabará produciendo y el Parlamento salido de la soberanía popular alumbrará un gobierno de coalición progresista con acuerdos con las fuerzas soberanistas catalanas y vascas. Pero eso no será el final de nada. A duras penas una victoria. En las pasadas elecciones evitamos que ganasen los reaccionarios, pero la mayoría política, que no la parlamentaria, está aún por construirse. Como están demostrando estos días, el bloque reaccionario va ensayando cuánta fuerza tiene no sólo para ejercer el derecho de veto en momentos puntuales, sino para una radical transformación del terreno de juego que consolide de manera definitiva su primacía cuente o no en cada momento concreto con la mayoría de la simpatía popular.
Por eso, para la legislatura que nace hay que proponerse dos grandes objetivos. Por un lado, es imprescindible un rearme organizativo ideológico y moral de las gentes del común, de los defensores de la democracia y la igualdad. Es necesario retomar posiciones perdidas, recuparar presencia en el territorio social, restablecer lazos comunitarios y dotar de coherencia y horizonte compartido a un pueblo progresista que no puede tener sólo como leitmotiv “frenar a las derechas”, sino la transformación de la sociedad para que haya un futuro de justicia social, de buena vida ecológica y de libertad entre iguales. Hay que reimaginar este horizonte emancipador y hacerlo deseable. Esta dinámica será tanto más fuerte cuanto más autónoma sea del Gobierno. Necesitará valerse de él, pero también empujarle y llevarlo más lejos de sus propios límites. Paradójicamente, será también la manera de defenderlo de la reacción.
En segundo lugar, más vale que todas las fuerzas de gobierno asuman que con la correlación parlamentaria de fuerzas no alcanza, que vivimos un tiempo inestable de transición y que, para que esta no sea de involución, esta legislatura tiene que ser de amplia y profunda democratización económica y del Estado. Para deshacer los principales nudos oligárquicos y reaccionarios que asfixian la democracia, para equilibrar la balanza de poder social –en los empleos, en el urbanismo, en la propiedad inmobiliaria, en el modelo de desarrollo y en la matriz energética, en el acceso a las altas magistraturas, en la composición de las instituciones no elegibles, etc–. Para que el adversario tenga tantos derechos como nosotros, pero ni un privilegio. Para que la democracia, el poder de las y los sin título, sea posible.