Superada la votación para la prórroga del estado de alarma y evaluadas el viernes las propuestas de las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas para iniciar la fase 1 de transición hacia una nueva normalidad, la mitad de la población española transitará este lunes a la fase 1 y la otra mitad permanecerá en la fase 0.
En términos generales, la decisión adoptada ha sido razonable. De gran importancia ha sido actuar con prudencia ante las propuestas presentadas por las Comunidades Autónomas para no ser arrastrados únicamente por la necesidad de reactivar la economía y para no caer en un agravio comparativo entre unos territorios y otros. No haberlo hecho habría sido desatender a lo fundamental, que es abatir la epidemia y exponerse a un rebrote que resultaría contraproducente
La desescalada es probablemente una de las etapas más complejas en la lucha frente a la COVID-19 ya que todos los esfuerzos y actuaciones van destinados a evitar dar pasos en falso; el coste de tener que retroceder sería enorme.
Las decisiones han ido en la dirección correcta, ponderando criterios que dan la importancia primordial en este momento al grado de transmisión del virus y al incremento de casos nuevos así como a la capacidad de los territorios (sean provincias o áreas sanitarias) para el diagnóstico precoz por parte de los dispositivos de atención primaria y de vigilancia epidemiológica reforzadas y con capacidad de rastrear y efectuar las pruebas diagnósticas que permitan aislar positivos entre los contactos de los casos identificados. Y todo esto en un marco de cogobernanza que ha implicado una negociación pormenorizada entre el Gobierno y cada una de las Comunidades Autónomas en el que han de inscribirse también las evaluaciones siguientes.
Toca ahora comprobar si dentro de una semana los territorios que siguen en fase 0 podrán o no avanzar a la fase 1. Y corresponde también definir los criterios específicos que serán tomados en cuenta para autorizar la transición a la fase 2. Esta segunda decisión deberá ser adoptada antes del próximo día 25 de mayo y resultará más rotunda e incontrovertible cuanto más objetivable y transparente sea.
Somos conscientes de la multitud de factores implicados en las decisiones que se han tomado y se habrán de seguir tomando en los próximos días y de la gran complejidad que entrañan. Tal como el Gobierno ha venido insistiendo, el criterio que deberá primar sobre todos los demás es el de la seguridad sanitaria. La fase que ahora se inicia debería traducirse en definir, con la mayor especificidad posible, aquellos indicadores que mejor anticipen y más puntualmente informen del riesgo de que se produzca un repunte de casos.
Estamos seguros de que merece la pena seguir avanzando en una mayor concreción de esos indicadores, así como en definir umbrales y criterios explícitos de aplicación. Esto puede y debe hacerse de manera conjunta con las Comunidades Autónomas para ayudar a dotar las mayores garantías de seguridad y de equidad al desarrollo de todo el proceso.
Durante las próximas semanas estos indicadores deberían tener primacía sobre los referidos a la capacidad de atención hospitalaria y la disponibilidad de camas de UCI. Tal como se ha señalado, lo característico de este periodo consiste sobre todo en anticiparse lo más posible para romper la cadena de transmisión a pesar del incremento paulatino de la interacción entre personas y la movilidad producida por el inicio del desconfinamiento, y disminuir el número de casos que requieren atención hospitalaria.
Para lograrlo el Gobierno tendrá que ser particularmente exigente en lo relacionado con dos dimensiones clave de los planes de transición presentados por las Comunidades y Ciudades Autónomas:
a) el número de nuevos casos notificados
b) la capacidad de identificar y tratar estos nuevos casos, así como de rastrear, testar y, en su caso, aislar a los contactos.
Ambas dimensiones son decisivas a la hora de anticipar, intervenir pronto y frenar cualquier rebrote puntual que pudiera producirse.
Al igual que han hecho otros países que están afrontando este reto, sugerimos que deberían adoptarse los siguientes criterios:
- Un criterio cuantitativo de casos nuevos en cada territorio de referencia durante los próximos 14 días con base en el cual se pueda aceptar o no pasar a la fase 2. Proponemos una cifra de incidencia acumulada durante los últimos 14 días no superior a los 20 por cada 100 mil habitantes, así como que se mantenga el descenso del incremento diario del número de casos. Estos criterios deberían ser de obligado cumplimiento e independientes del grado de desarrollo de otras capacidades o dimensiones.
- Un criterio cuantitativo de referencia sobre la capacidad de cada territorio para rastrear, testar y en su caso aislar los contactos de los nuevos casos que inicialmente podría situarse en 1 persona dedicada a ello por cada 5.000 habitantes, así como capacidad de hacer pruebas de PCR a todos los casos sospechosos y los contactos, lo cual podría lograrse tanto con nueva contratación de personal como con reasignación de personal ya disponible.
- Una demostración fehaciente de que se ha rastreado, testado y aislado (en caso de positividad) a todos los contactos identificados que han estado en situación de proximidad con todos los casos nuevos identificados en las dos semanas previas a la fecha propuesta para pasar a la fase 2.
- Un criterio objetivable con base en el cual se pueda determinar si se ha producido un repunte de casos. Esto es muy necesario para poder definir si hay que frenar o incluso revertir la transición hecha a la fase 1 en algún territorio, anticipándonos de ese modo a un repunte mayor que pueda reintroducir una transmisión comunitaria que nos obligue a tener que volver a un confinamiento draconiano. En este sentido, sugerimos que se fijen los umbrales en un incremento diario sostenido a lo largo de dos semanas mayor que el incremento observado al 11 de mayo y una incidencia acumulada durante 14 días superior a los 20 casos por 100.000 habitantes.
Además de garantizar la seguridad sanitaria, la adopción de indicadores de esta naturaleza, aumentaría la transparencia del proceso y generaría una mayor confianza tanto entre los actores involucrados (administraciones, profesionales, agentes sociales) como en la opinión pública.
No hay que olvidar que las eventuales diferencias con respecto a la fase de desescalada entre territorios tiene importantes implicaciones políticas, sociales y económicas. Algunas de las polémicas generadas por las decisiones de este pasado viernes tal vez se podrían haber evitado si se hubieran explicado con mayor objetividad, claridad y transparencia la fundamentación epidemiológica y sanitaria de las decisiones tomadas.