Los problemas en Metro Madrid los conocemos y no son nuevos: aglomeraciones, retrasos, obras de renovación sorpresivas y, en los últimos años, la crisis del amianto. También sabemos que estos problemas han sido la consecuencia de la falta de trenes, de inversión y de personal, agravada esta última por el ERE de 2013. A ello hay que añadir la bochornosa falta de previsión y planificación que ha comportado el deterioro galopante del servicio. Una gestión que ha primado el ahorro de costes frente a la garantía de un transporte colectivo básico para la movilidad de todo el área metropolitana, y que ni siquiera así ha conseguido reducir la multimillonaria deuda de la empresa.
Y ahora, en pleno verano, cuando cabría esperar una mejora del servicio al disminuir la demanda cotidiana, volvemos a encontrarnos en un momento crítico. La semana pasada conocimos que el 25% de los trenes previstos por la propia empresa no circulan durante la mitad del servicio, en comparación con el verano pasado, como consecuencia de la falta de maquinistas. Además en lo que va de año la empresa pública ha registrado decenas de incidencias técnicas en la red de Metro que han obligado a detener temporalmente el servicio. Por no hablar del cierre intermitente de la línea 7B, el Metro Sur, las interminables obras de Gran Vía o el reciente cierre de la estación de Tribunal tras haberse encontrado amianto. Nada sorprendente cuando comprobamos que el presupuesto destinado a la mejora de la red ha caído un 40% desde 2010. Si a todo ello le sumamos el desastroso estado del servicio de Cercanías Madrid el panorama para el usuario del transporte público es tremendo.
Tras 25 años de Partido Popular el Metro, uno de los históricos emblemas de Madrid, se encuentra en una situación insostenible. Se podría pensar que una administración negligente ha llegado a arruinar la empresa (siete años después de que la Comunidad asumiera el control total de la compañía las acciones valen una tercera parte, de 235 euros a 83 euros); o bien que esto forma parte de un plan dirigido para desmantelar un servicio público esencial y llevarlo hacia la privatización como han hecho en sectores igualmente sensibles, como la sanidad o la educación. De lo que estamos seguros es de que esta deriva no se va a corregir si Díaz Ayuso es investida presidenta de la Comunidad con el apoyo de Ciudadanos y Vox, que andan repartiéndose sillones sin proponer ninguna medida concreta para atajar los serios problemas de Metro. Un acuerdo entre la derecha y la extrema derecha del que no cabe esperar ninguna buena noticia para los servicios públicos regionales.
Y en el mientrastanto del baile de la investidura entre PP, Cs y Vox, hace dos semanas la Consejera de Transportes en funciones, Rosalía Gonzalo, nos sorprende anunciando la primera ampliación del Metro de Madrid en doce años. Cuatro estaciones para conectar la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Lo sorprendente no es sólo que el anuncio provenga de un gobierno en funciones, sino que hace apenas dos años el PP y Ciudadanos votaron en la Asamblea contra esta ampliación, propuesta por la oposición. Incluso rechazaron la propuesta de Manuela Carmena de cofinanciarla desde el Ayuntamiento de Madrid. Pedro Rollán, hoy presidente del gobierno en funciones y entonces Consejero de Transportes, se negó en ese momento a sentarse en una comisión conjunta que la concejala Inés Sabanés planteó para estudiar que el Ayuntamiento de Madrid volviese a colaborar financieramente en el sostenimiento de Metro y recuperar la calidad del servicio.
La pasada semana el Partido Popular nombró un nuevo Consejero Delegado de Metro, aún no se sabe si de carácter interino, al exalcalde de Majadahonda, con nula experiencia en gestión del transporte o la movilidad. Parece que este nombramiento sólo responde a la lógica de recolocar a afines, usando las instituciones para recompensar fidelidades. Entretanto, el anterior Consejero, Borja Carabante, ha sido agraciado con la responsabilidad de Medioambiente y Movilidad de la capital, quizás como premio a la gestión realizada y que ahora sufrimos cada día todas las madrileñas. El señor Carabante augura una gestión aún más inconsistente y desastrosa que la que realizó durante la crisis del amianto en Metro, enfrentándose a todos los grupos políticos y los trabajadores de la empresa que pidieron reiteradamente su dimisión. Al mes de su toma de posesión ya ha recibido tres varapalos judiciales consecutivos y una investigación de la Fiscalía como consecuencia de la decisión de suspender unilateralmente Madrid Central. Su sectarismo, que les ha impedido hasta ahora reconocer que Madrid Central es un proyecto de éxito mundialmente reconocido en la lucha contra la contaminación urbana, les ha hecho llevarnos a hacer el ridículo nacional e internacionalmente. Pero, claro, con sus antecedentes gestionando Metro de Madrid, ¿qué podría salir mal?
Parece que el Partido Popular tiene un serio problema conceptual con la movilidad en Madrid. Si en invierno faltan trenes en Metro de Madrid y si en verano faltan maquinistas, sea como sea se incumple sistemáticamente el servicio programado por el Consorcio Regional de Transportes mientras éste mira para otro lado. El Consorcio lleva años siendo utilizado por el PP para poner palos en las ruedas a las administraciones que no son de su signo político, con un uso partidista insólito al servicio de la agenda política del Partido Popular, obviando su papel de planificador de la movilidad en la Región y de autoridad regional del transporte.
Ante esta situación, urge construir un nuevo consenso que dé lugar a un pacto entre los grupos de la Asamblea para conseguir una movilidad sostenible en la Comunidad de Madrid, que deje de lado los sectarismos partidistas y piense en primer lugar en dar el mejor servicio posible, reduciendo la necesidad del vehículo privado y su impacto sobre la salud de la ciudadanía y el medio ambiente.